27.000 empresas gallegas solicitan a Hacienda aplazar su deuda fiscal

La crisis tambi¨¦n se nota en el bolsillo de Hacienda. Ante las demoras en los per¨ªodos de cobro y el estrangulamiento de las l¨ªneas de cr¨¦dito para hacer frente a los pagos, m¨¢s de 27.000 empresas gallegas han solicitado este a?o a la Agencia Tributaria el aplazamiento de sus deudas fiscales. Es decir, 15 de cada 100 empresas han recurrido en Galicia a esta v¨ªa para aliviar sus cuentas. Los atrasos en el pago de impuestos se concentran, sobre todo, en las liquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el Valor A?adido (IVA) y las retenciones a cuenta del IRPF.

Del total nacional de la deuda aplazada por empresas y contribuyentes, que la Agencia Tributaria sit¨²a en unos 5.300 millones de euros, con un alza del 32% sobre el a?o pasado, algo m¨¢s de 314 millones corresponden a firmas con domicilio social en Galicia. Fuentes de Hacienda se?alan que, del total de casi medio mill¨®n de empresas y contribuyentes que han pedido pr¨®rrogas en el abono de sus compromisos fiscales en Espa?a a lo largo del a?o, la gran mayor¨ªa corresponde a sociedades mercantiles, frente a personas f¨ªsicas. En el caso gallego, construcci¨®n, comercio y servicios son los principales sectores que se apuntan a los aplazamientos.

Quince de cada 100 compa?¨ªas han pedido la demora a la Agencia Tributaria

Esta misma semana, el m¨¢ximo responsable de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, advert¨ªa de la avalancha de aplazamientos y se?alaba que Hacienda no ser¨¢ ajena a las nuevas condiciones del cr¨¦dito y a los problemas derivados de las estrecheces de tesorer¨ªa de las empresas. "El aplazamiento es un sistema que contempla nuestra legislaci¨®n y la Agencia Tributaria ser¨¢ sensible a las dificultades que puedan sufrir", asegur¨® en una entrevista en Cinco D¨ªas. La financiaci¨®n del circulante (es decir, los recursos con los que se hace frente a los pagos a proveedores) es una de las grandes preocupaciones de las Administraciones en estos momentos de crisis. En el caso de Galicia, el Igape ha activado de forma concertada con la banca un plan de avales para aliviar la tesorer¨ªa de las empresas.

Los plazos de pago, que oscilan desde los 30 a los 120 y 180 d¨ªas, cuando no superiores, han sido uno de los motivos que han llevado a un total de 33 empresas gallegas a presentar concurso de acreedores s¨®lo en el tercer trimestre de este a?o. Seg¨²n datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, supone triplicar la tasa interanual, frente al mismo per¨ªodo de 2007, pero un sensible descenso sobre las 70 suspensiones de pagos que se produjeron en Galicia entre abril y junio (concentradas en Pontevedra, con 44, y A Coru?a, con 19 casos) del presente ejercicio. La incapacidad para hacer frente a sus acreedores afect¨® especialmente a empresas del sector inmobiliario y comercio, con solicitudes en casi todos los casos presentadas ante el juzgado de forma voluntaria.

De acuerdo con el Reglamento General de Recaudaci¨®n, son aplazables todas las deudas fiscales a excepci¨®n de las derivadas de aquellas cantidades que deb¨ªan ser retenidas a terceros a cuenta del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, tambi¨¦n ser¨¢n aplazables este tipo de deudas, en el caso de que la exigencia del pago pueda comprometer la capacidad productiva, el nivel de empleo de la empresa o acarrease quebrantos para los intereses del fisco.

Pero Hacienda no es una ONG. Para aceptar cualquier aplazamiento o fraccionamiento, la legislaci¨®n marca que es obligatoria la aportaci¨®n de una garant¨ªa que cubra el principal de la deuda, los intereses de demora, m¨¢s un 25% de la suma de ambas partidas. Estos requisitos pueden resolverse a trav¨¦s de un aval de una entidad de cr¨¦dito o sociedad de garant¨ªa rec¨ªproca. En el caso de Galicia, a trav¨¦s de Afigal o Sogarpo, en las que participan casi todas las entidades financieras y la propia Xunta. No es obligatorio, por el contrario, la aportaci¨®n de garant¨ªas sobre aquellas deudas tributarias que en su conjunto no excedan de 6.000 euros, con independencia de si su pago se encuentra en periodo ejecutivo o voluntario.

Tampoco resulta obligatoria la aportaci¨®n de garant¨ªa en aquellos supuestos en que el deudor carezca de bienes suficientes para cubrir la deuda y la ejecuci¨®n de su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de su capacidad productiva y del nivel de empleo, si bien Hacienda cuenta con discrecionalidad para resolver estos casos.