No es una pesadilla, es el urbanismo salvaje

?Quiere usted descubrir por s¨ª mismo el sentido de la expresi¨®n "impacto visual"? V¨¦ngase a la playa almeriense del Algarrobico, en pleno coraz¨®n del parque natural del Cabo de Gata, col¨®quese de espaldas al mar y recibir¨¢ la descomunal bofetada del monstruo de 75.000 metros c¨²bicos de hormig¨®n que ha tomado posesi¨®n de las entra?as mismas de la monta?a. Darse la vuelta y posar la vista en el horizonte marino tampoco es soluci¨®n, porque le resultar¨¢ imposible sustraerse a la abrumadora presi¨®n del intruso: un gigante de cemento de 20 alturas que cae a pico sobre el mar, horadado por cientos de agujeros negros destinados a albergar los ventanales del complejo hotelero.

El engendro habr¨ªa pasado m¨¢s desapercibido camuflado en cualquiera de los museos de los horrores urban¨ªsticos que pueblan el litoral espa?ol, pero clama al cielo que haya recibido todos los permisos, parabienes e incluso subvenciones de las administraciones p¨²blicas que hicieron posible su construcci¨®n.

"El derribo de la obra ilegal no debe ser la excepci¨®n, sino la regla", dice el juez

El desaguisado del Algarrobico costar¨¢ al erario p¨²blico 200 millones

La justicia sigue quej¨¢ndose de la escasa colaboraci¨®n de las autoridades

Hay 150 alcaldes procesados. Son la la punta del iceberg del mal urbanismo

Los observadores europeos vuelven espantados tras sus visitas a la costa

"En estos casos la justicia siempre llega tarde", admite el fiscal jefe de M¨¢laga

El 70% de los ediles vinculados con la corrupci¨®n resultan reelegidos

"No veo el impacto. A m¨ª el hotel me gusta", dice el regidor de Carboneras

A estas alturas, buen n¨²mero de jueces y fiscales han llegado ya a la conclusi¨®n de que s¨®lo la demolici¨®n de las obras ilegales pondr¨¢ coto a los desmanes y al expolio del patrimonio natural p¨²blico. "La demolici¨®n de la obra contraria al ordenamiento jur¨ªdico no debe ser la excepci¨®n, sino la regla", subraya la Audiencia de C¨¢diz en sinton¨ªa con otros tribunales y fiscal¨ªas. "Lo que est¨¢ en juego es la propia vigencia del orden jur¨ªdico y, en definitiva, la restauraci¨®n del orden legal (...) De lo contrario, habr¨ªa que resignarse a que el infractor se salga con la suya, bendici¨¦ndose absurdamente el agotamiento del delito", advierte el fiscal jefe de C¨®rdoba en un testimonio incluido en la memoria anual de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente.

Porque el juego en estas ¨²ltimas d¨¦cadas ha sido burlar las leyes e ignorar las prohibiciones, hacer o¨ªdos sordos a las sentencias y culminar las obras para presentarlas como hechos consumados. "En la mayor¨ªa de los supuestos de delito urban¨ªstico, el autor contin¨²a construyendo de manera deliberada pensando que una vez finalizada la obra, y precisamente por el hecho de serlo, no ser¨¢ derribada", se explica en otro de los informes de la Fiscal¨ªa.

La situaci¨®n ha llegado al punto de que los propios empresarios de la industria tur¨ªstica han manifestado su inquietud por la p¨¦rdida de la calidad medioambiental y el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro que conlleva el enladrillado insostenible de la costa. En eso coinciden con los investigadores del Parlamento Europeo que, a?o tras a?o, regresan horrorizados de sus visitas al litoral espa?ol.

Espa?a ha ido escalando puestos en el ranking internacional de corrupci¨®n pol¨ªtica a medida que la justicia ha hecho aflorar los atropellos urban¨ªsticos perpetrados a lo largo de las ¨²ltimas d¨¦cadas en un clima de impunidad que ahora toca a su fin. Ya hay un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urban¨ªsticos, pero por abultada que parezca esa cifra apenas representa la punta del iceberg de un fen¨®meno, el de la corrupci¨®n municipal, y de una industria, la de la especulaci¨®n inmobiliaria y el urbanismo salvaje, engrasada con la pasividad o complicidad de las administraciones locales y auton¨®micas y de los partidos que las dirigen. Todav¨ªa hoy, los fiscales siguen quej¨¢ndose amargamente del silencio y de la escasa colaboraci¨®n que les prestan las autoridades en la mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas.

En Canarias, por ejemplo, donde no faltan las construcciones ilegales a la vista, la administraci¨®n auton¨®mica present¨® durante el pasado ejercicio una ¨²nica denuncia por este delito, seg¨²n la Fiscal¨ªa de Tenerife. Y, de acuerdo con otro de los testimonios recogidos en la memoria de la Fiscal¨ªa, las propias autoridades del Gobierno de Murcia se han visto implicadas en "maniobras normativas" dirigidas a "desproteger parte de su espacio natural". ?No es inquietante para la salud democr¨¢tica de un pa¨ªs que los pol¨ªticos procesados por corrupci¨®n obtengan con tanta frecuencia el amparo y el respaldo p¨²blico de sus dirigentes? ?Cabe luego extra?arse del escaso reproche social a los mun¨ªcipes corruptos -el 70% de los alcaldes procesados vuelve a gozar del benepl¨¢cito de las urnas-, del clientelismo y de los votos cautivos, de la consideraci¨®n, en suma, de que la corrupci¨®n est¨¢ firmemente enraizada en los partidos?

"El Estado ha sido sustituido por la partitocracia y, en ¨²ltima instancia, por una oligarqu¨ªa econ¨®mico-pol¨ªtica. Y la pol¨ªtica se ha convertido en un negocio. Los partidos compiten en un mercado inspirado por el lucro personal y apoyado en la corrupci¨®n m¨¢s descarnada". Quien se expresa as¨ª no es un radical alternativo del movimiento antiglobalizaci¨®n, sino Alejandro Nieto, ex director del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC), catedr¨¢tico em¨¦rito de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos en la materia.

"La justicia llega muy tarde, cuando los da?os causados al paisaje son irreversibles y est¨¢n asentadas las urbanizaciones ilegales", admite Antonio Morales, fiscal jefe de M¨¢laga. "Tenemos un sistema de garant¨ªas procesales que permite recurrir sistem¨¢ticamente las sentencias y ganar tiempo, de forma que, al final, la demolici¨®n del inmueble ilegal resulta una decisi¨®n comprometida y costosa porque ya hay terceros de buena fe". El fiscal malague?o reprocha a las direcciones del PP y del PSOE: "Una cosa es que haya pol¨ªticos de los llamados independientes que se enriquecen con la democracia mientras simulan que trabajan por el inter¨¦s general y otra que lo hagan los representantes de los grandes partidos nacionales".

Contra lo que pueda pensarse, el litoral del sur y el Levante puede cementarse a¨²n m¨¢s. Los promotores inmobiliarios expertos en burlar la ley y comprar voluntades no creen que se haya llegado a un punto de saturaci¨®n. "El asunto se ha aquietado a causa de la crisis, pero los proyectos se reactivar¨¢n en cuanto la situaci¨®n lo permita. Los especuladores suelen ser gente echada para adelante y aqu¨ª hay mucho en juego", comenta el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.

A pesar de este panorama sombr¨ªo, la creaci¨®n de las fiscal¨ªas de Medio Ambiente y de Anticorrupci¨®n y del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil est¨¢ acabando con la sensaci¨®n de impunidad. "El miedo empieza a guardar la vi?a", apunta el general Jos¨¦ Antonio Ramos, m¨¢ximo responsable del Seprona. A los ¨¦xitos de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, hay que sumar casi 800 condenas logradas por las fiscal¨ªas de Medio Ambiente en los ¨²ltimos dos a?os.

Despu¨¦s de la intervenci¨®n de Greenpeace -en julio del a?o pasado irrumpieron en la obra y pintaron con caracteres gigantescos la palabra ilegal-, el complejo del Algarrobico se ha convertido en piedra de toque del pulso democr¨¢tico contra las tropel¨ªas medioambientales. La sentencia del pasado septiembre del juzgado de Almer¨ªa constituye una dur¨ªsima descalificaci¨®n del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andaluc¨ªa. Tras escandalizarse por que una construcci¨®n a 50 metros del mar en el espacio protegido no urbanizable del parque natural del Cabo de Gata-N¨ªjar haya podido obtener permisos y ayudas p¨²blicas, el magistrado Jes¨²s Rivera afirma que el comportamiento de las dos administraciones se ha caracterizado por la "abulia" y la "desidia" en la defensa del inter¨¦s general. Y es que considera probado que el Ayuntamiento de Carboneras, municipio en el que se asienta el hotel, "conoc¨ªa hace ya 20 a?os" la prohibici¨®n de edificar a menos de cien metros de la zona mar¨ªtimo-terrestre y que la Junta adopt¨® una actitud "pasiva y condescendiente con las infracciones". A¨²n m¨¢s: el fallo establece que la Junta modific¨® la planimetr¨ªa del Plan de Ordenaci¨®n de los Recursos Naturales del parque, en "una burda maniobra" para legalizar el hotel. El magistrado observa delitos de prevaricaci¨®n y contra la administraci¨®n del territorio, por lo que pide al ministerio fiscal que act¨²e.

Podr¨ªa pensarse que cualquier responsable pol¨ªtico desautorizado de manera tan contundente por la justicia optar¨ªa por replantearse su postura, pero no es el caso de Crist¨®bal Fern¨¢ndez, el alcalde de Carboneras (Almer¨ªa). "Hemos recurrido la sentencia porque es un proyecto de la Junta de Andaluc¨ªa destinado a crear puestos de trabajo". A su juicio, el problema se reduce a una cuesti¨®n est¨¦tica: "Yo no veo ese impacto, a m¨ª el hotel me gusta". El alcalde a?ade: "Somos un modelo, no hemos firmado un convenio urban¨ªstico en 20 a?os y eso que tenemos 17 kil¨®metros de costa", aunque no niega el desastre. "Nos hemos cargado el pa¨ªs entre todos. Ha sido entre todos, ?eh?", se?ala, con ese ¨¦nfasis especial que ponen los pol¨ªticos a la hora de lanzarse al "y t¨² m¨¢s".

Como se apunta en la memoria de la Fiscal¨ªa, la discusi¨®n p¨²blica sobre la corrupci¨®n pol¨ªtica est¨¢ resultando est¨¦ril "debido al empleo de las t¨¢cticas del ventilador o de la tinta de calamar que anulan todo debate fruct¨ªfero y acrecienta el cinismo pol¨ªtico de los ciudadanos ante su clase pol¨ªtica". Solo que es el erario p¨²blico quien paga la factura. Y la del Algarrobico no es peque?a. La tasaci¨®n del complejo hotelero y de los terrenos, adquiridos a precio de saldo a una sociedad participada por la Junta, realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo ¨²ltimo con vistas a una hipot¨¦tica expropiaci¨®n, arroja la cifra de casi 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas).

"Pretender recuperar aquel terreno es una entelequia. Hay muros de hasta tres metros encastrados en la roca, de forma que derribar el hotel ser¨ªa tirar la monta?a", asegura Antonio Baena, representante de la promotora Azata del Sol. "Nos dieron todos los permisos, las subvenciones (el 20% de la inversi¨®n) y la exenci¨®n del pago de las licencias porque el hotel fue considerado obra de inter¨¦s general para el desarrollo econ¨®mico de la zona", indica. Pese a que la sentencia cuestiona el derecho de la empresa a ser indemnizada en un caso como este, el directivo de Azata del Sol se muestra seguro de que en el peor de los supuestos ser¨¢n compensados con esos 200 millones de euros. El secretario provincial del PSOE de Almer¨ªa, Diego Asensio, piensa que hay que buscar un arreglo con la promotora. Fiado, dice, a su experiencia, se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa no respaldar¨¢ la sentencia del juzgado almeriense.

Si como establece el experto en corrupci¨®n Robert Klitgaard, ¨¦sta es la resultante de sumar el monopolio de la decisi¨®n, la discrecionalidad y la ausencia de rendici¨®n de cuentas, nuestro pa¨ªs parece particularmente agraciado. De entrada, porque la rendici¨®n de cuentas judicial solo se produce, si llega, al cabo de largos a?os de proceso.

A?ade Klitgaard: "Hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honrados que resisten la mayor¨ªa de ellas. Pero cuando el tama?o del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado es peque?o, muchos funcionarios sucumbir¨¢n. El combate contra la corrupci¨®n empieza con la mejora de los sistemas". Precisamente, son las peculiaridades del modelo espa?ol -y no la mayor o menor predisposici¨®n moral de nuestros pol¨ªticos y funcionarios-, las quemultiplican las probabilidades de corrupci¨®n. De acuerdo con los expertos, la configuraci¨®n del plan de urbanismo como un ilimitado instrumento de reparto de poder econ¨®mico y la gran discrecionalidad de que gozan los ayuntamientos componen una mezcla de elevada potencialidad corruptora.

A su vez, la autonom¨ªa municipal ha eliminado en la pr¨¢ctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma que el ¨²nico control sobre los ayuntamientos es la aplicaci¨®n de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la v¨ªa judicial, extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los 8.000 ayuntamientos espa?oles. En este contexto de presiones empresariales, alta discrecionalidad y difusa rendici¨®n de cuentas, la tentaci¨®n es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificaci¨®n, la omisi¨®n de un tr¨¢mite, una modificaci¨®n m¨ªnima en el planeamiento para que surja petr¨®leo en terreno bald¨ªo y para que el mun¨ªcipe corrupto no tenga que preocuparse m¨¢s por su futuro econ¨®mico.

"No pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que en la mayor¨ªa de las actuaciones irregulares no hay soborno de por medio sino, simplemente, la convicci¨®n de que todo vale con tal de atraer inversiones y turismo", indica Cristina Carbona. La ex ministra de Medio Ambiente, hoy embajadora de Espa?a en la OCDE, no se inmuta cuando se le recuerda el aviso que lanz¨® el alcalde de Carboneras cuando supo de su decidida oposici¨®n al proyecto del Algarrobico: "Esto le va a costar a Narbona el sill¨®n".