El PSOE y el PP aparcan sin fecha la renovaci¨®n del Constitucional

"?sta es mi ¨²ltima intervenci¨®n como presidenta del Tribunal Constitucional en una reuni¨®n de este tipo", asegur¨® el jueves Mar¨ªa Emilia Casas en Bilbao, en la reuni¨®n anual de letrados de tribunales constitucionales. La frase fue recibida con sorna. Porque ya empieza a ser una evidencia que la renovaci¨®n del Constitucional, incluida la de su presidenta, puede demorarse meses, como poco hasta el pr¨®ximo periodo de sesiones tras el par¨®n navide?o. La anterior renovaci¨®n, en 1998, se retras¨® nueve meses y fue un esc¨¢ndalo.

Cuatro de sus 12 magistrados acabaron su mandato de nueve a?os en diciembre y queda pendiente que el Congreso nombre al sustituto de Roberto Garc¨ªa-Calvo, fallecido en mayo. En unos d¨ªas se cumplir¨¢ un a?o de la fecha en la que Casas y otros tres magistrados ten¨ªan que haber sido sustituidos por el Senado (otros cuatro los nombra el Congreso, dos el Gobierno y dos el Poder Judicial), que ha movilizado a todos los Parlamentos auton¨®micos para que propusieran candidatos, en un novedoso y complicado procedimiento.

El retraso de nueve meses en 1998 fue un esc¨¢ndalo; ahora ya es de un a?o

Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy han hablado al menos dos veces del asunto, sin que se vislumbre la soluci¨®n. Y pese al Pacto de la Justicia que firmaron en julio, PSOE y PP no muestran inter¨¦s en buscar salidas y han decidido guardar en un caj¨®n la renovaci¨®n del Constitucional, que agoniza en la carpeta de "asuntos pendientes" de la Mesa del Senado. Javier Rojo, presidente de la C¨¢mara, ha dejado claro que sin acuerdo previo ni garant¨ªas de consenso, frenar¨¢ la renovaci¨®n. Y quienes tienen que pactar admiten que ni hablan ni tienen pensado hacerlo.

En esta situaci¨®n PSOE y PP no descartan ya que la renovaci¨®n se posponga como m¨ªnimo hasta febrero de 2009. Para esa fecha esperan que el tribunal haya fallado sobre el Estatuto de Catalu?a y los matrimonios homosexuales. En una reciente comparecencia del ministro Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, el portavoz popular de Justicia en el Senado, Agust¨ªn Conde, explic¨® la postura de su partido: "Cuando los se?ores magistrados del Constitucional hayan dictado la sentencia en el Estatuto de Catalu?a podemos iniciar las conversaciones para renovar a los cuatro magistrados que le toca a esta C¨¢mara". Bermejo lo pas¨® por alto.

Hasta este momento, los Parlamentos auton¨®micos han enviado sus propuestas al Senado. Es la primera vez que participan en el proceso. Mientras el PSOE se ha cre¨ªdo su propia ley y ha propuesto candidatos diferentes en todas las comunidades, el PP ha hecho que sus dos ¨²nicos candidatos sean Francisco Hernando y Enrique L¨®pez, presidente y portavoz del anterior Consejo General del Poder Judicial. El PSOE los rechaza. De ah¨ª no se mueve ninguno de los dos.

Formalmente, el Senado "contin¨²a tramitando el expediente" de los candidatos. Es decir, que activar¨¢ el proceso de nombramiento a discreci¨®n, que ser¨¢ cuando haya acuerdo previo entre PSOE y PP. Un portavoz de la C¨¢mara le ha advertido, sin embargo, que un retraso excesivo empezar¨¢ a da?ar al propio Senado. Y ya se le han acabado las excusas formales para seguir retrasando su obligaci¨®n constitucional de realizar los nombramientos. La C¨¢mara lleva m¨¢s de un mes para examinar 23 curr¨ªculos y decidir si cumplen o no el requisito legal de tener 15 a?os de ejercicio profesional. A cuatro candidatos les ha pedido m¨¢s datos. Juan Carlos Campo, Enrique L¨®pez y Jos¨¦ Luis Aurtenetxe no cumplir¨ªan el requisito de los 15 a?os si se tienen en cuenta ciertos precedentes sobre qu¨¦ significa servicio activo en la carrera.

Por tanto, quedan pendientes dos decisiones. Del PSOE y el PP, que se pongan de acuerdo en cuatro nombres. Y del Senado, que decida el criterio que va a utilizar para evaluar si tienen o no los 15 a?os de ejercicio profesional. La primera decisi¨®n condiciona completamente la segunda. Mientras, los 23 nombres est¨¢n en un limbo burocr¨¢tico.