El Ministerio de Deportes

El anuncio de que podr¨ªa constituirse en Espa?a un ministerio para la regulaci¨®n del deporte es una medida que puede ser analizada desde diversos puntos de vista. Desde una perspectiva de la legitimidad de la medida basta con se?alar que el art¨ªculo 2 de la Ley del Gobierno atribuye al Presidente del Gobierno la competencia para "crear, modificar y suprimir... los Departamentos Ministeriales...". De esta forma hay que entender que la decisi¨®n de la creaci¨®n de unos u otros departamentos ministeriales es fruto de la propia concepci¨®n pol¨ªtica del Presidente de Gobierno y de su deseo de resaltar o apoyar unas pol¨ªticas p¨²blicas frente a otras.

A partir de lo anterior la pregunta subsiguiente es la relativa a la conformaci¨®n en nuestro Estado de la pol¨ªtica p¨²blica deportiva. Con car¨¢cter general podr¨ªamos se?alar que el deporte no fue tratado en la Constituci¨®n de una forma sencilla, atribuyendo esencialmente su competencia a las Comunidades Aut¨®nomas y pretiriendo el propio papel del Estado. Esto genera una permanente pol¨¦mica sobre el t¨ªtulo competencial estatal.

Esta circunstancia ha transformado el papel del Estado en el deporte hasta el punto de quedar reducido a la representaci¨®n internacional y al deporte de alto nivel. Se trata de un papel muy vistoso en t¨¦rminos de opini¨®n p¨²blica que no se corresponde con su importancia cuantitativa.

Llegados a este punto y, admitiendo la legalidad de la medida sin prejuzgar, adem¨¢s, su oportunidad cabe interrogarse por su utilidad. Adelantemos que para que realmente sea t¨¦cnicamente comprensible la medida deber¨ªa ir acompa?ada de una reformulaci¨®n del papel del Estado y de la propia gesti¨®n del deporte.

En este punto es necesario encontrar elementos de vertebraci¨®n del deporte hechos sobre la base y el fundamento de la cooperaci¨®n interterrritorial y el acuerdo y el consenso entre los distintos agentes que lo gestionan. La desvertebraci¨®n y la falta de objetivos comunes y concertados impide el crecimiento en t¨¦rminos deportivos y aleja la visibilidad del deporte como responsabilidad p¨²blica frente al conjunto de la poblaci¨®n. Frente a esto una pol¨ªtica integrada y concertada puede contribuir a establecer un mejor marco de colaboraci¨®n con los agentes deportivos y a optimizar los recursos p¨²blicos para el deporte de forma que pueda llegar a m¨¢s gente y en mejores condiciones.

Esta vertebraci¨®n no es s¨®lo territorial es, tambi¨¦n, sectorial. La relevancia personal y colectiva de la pr¨¢ctica deportiva y de los valores que proyecta sobre la sociedad exigen su proyecci¨®n transversal sobre otras pol¨ªticas p¨²blicas como la de salud, la de integraci¨®n, las de lucha contra la violencia, las infraestructurales, etc... Esta integraci¨®n de pol¨ªticas sectoriales constituir¨ªa un avance sustantivo sobre la situaci¨®n previa.

A partir de esto podr¨ªamos indicar que la creaci¨®n no surtir¨¢ efectos pr¨¢cticos en la gesti¨®n de la pol¨ªtica p¨²blica del deporte si no van acompa?adas de una reformulaci¨®n de los esquemas de funcionamiento y de gesti¨®n del deporte y de la actividad f¨ªsica. Un Ministerio para la cooperaci¨®n, para la colaboraci¨®n, para la concertaci¨®n de objetivos, para la extensi¨®n de la actividad deportiva y para la optimizaci¨®n y la eficiencia en la gesti¨®n de lo p¨²blico. Estas caracter¨ªsticas dotar¨ªan la decisi¨®n pol¨ªtica de una coherencia y una l¨®gica que, de lo contrario, podr¨ªa ser discutible en el plano de la ordenaci¨®n y la gesti¨®n de la pol¨ªtica deportiva espa?ola. Es evidente que esta medida se entender¨¢ mejor si, como se anuncia, va acompa?ada de un cambio normativo que haga gr¨¢fica esta transformaci¨®n

Alberto Palomar Olmeda es profesor de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid.