La Audiencia entierra la causa contra la dictadura y se remite a la ley de memoria
La resoluci¨®n avala la investigaci¨®n de Garz¨®n para crear un censo de v¨ªctimas
La Audiencia Nacional hizo p¨²blica ayer una resoluci¨®n por la que da cerrojazo a la causa abierta por el juez Baltasar Garz¨®n contra el general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos a los que acusaba de "delitos contra Altos Organismos de la Naci¨®n y la forma de Gobierno", as¨ª como de "detenci¨®n ilegal con desaparici¨®n forzada de personas", en un marco de "cr¨ªmenes contra la humanidad".
Los magistrados declararon la falta de competencia objetiva de Garz¨®n y de la Audiencia Nacional para investigar los cr¨ªmenes del franquismo por entender que el levantamiento militar del 17 y 18 de julio de 1936, que desencaden¨® la Guerra Civil, no constituy¨® un delito contra Altos Organismos de la Naci¨®n y forma de Gobierno, sino un delito de rebeli¨®n. Y el delito de rebeli¨®n nunca ha sido competencia de la Audiencia Nacional.
Por ello, 13 de los 17 magistrados que integran el pleno de la Sala, declararon "dejar sin efecto todos los actos y resoluciones del juzgado posteriores al 16 de octubre de 2008", en el que el juez se declar¨® competente para investigar los hechos.
En una resoluci¨®n eminentemente t¨¦cnica, la Audiencia valida lo actuado por el juez con anterioridad a esa fecha, como la petici¨®n de datos al Gobierno y la Iglesia cat¨®lica para elaborar un censo de v¨ªctimas, por considerar que se trata de diligencias a prevenci¨®n. Sin embargo, anula todas las posteriores, incluido el auto de 18 de noviembre en el que el juez declaraba extinguida la responsabilidad penal del dictador y sus ministros por existir constancia de su fallecimiento y por el que se inhib¨ªa en favor de los juzgados territoriales para que investigaran los hechos.
El pleno de la Sala Penal advierte de que su resoluci¨®n "no afecta al leg¨ªtimo derecho de las v¨ªctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarlos y honrar su memoria, reconocidos en la legislaci¨®n vigente, entre otras en la llamada Ley para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica".
El tribunal entra de lleno en el incidente de competencia planteado por el fiscal Javier Zaragoza, pero excluye pronunciarse sobre las materias relativas a la prescripci¨®n de los delitos, sobre la posible aplicaci¨®n o no de la Ley de Amnist¨ªa o sobre si los hechos que se pretend¨ªan investigar estaban indiciariamente acreditados y en caso de estarlo si eran constitutivos de delitos y si hab¨ªa personas responsables de los mismos.
El magistrado Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro ha formulado un voto concurrente en el que se muestra de acuerdo en que los cr¨ªmenes del franquismo tienen la "apariencia" de cr¨ªmenes contra la Humanidad, pero el fallecimiento de sus autores determina la incompetencia de la Audiencia. Mart¨ªnez L¨¢zaro considera que el proceso penal no puede ser un medio para construir la verdad hist¨®rica sobre grav¨ªsimos cr¨ªmenes nunca sometidos a investigaci¨®n judicial, pero sin embargo, ello no implica la ausencia de toda tutela judicial a las v¨ªctimas y reconoce el derecho de los perjudicados a abrir las fosas.
Los discrepantes creen que otro pa¨ªs puede perseguir ahora los cr¨ªmenes
Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que han discrepado de la mayor¨ªa aseguran que el juez Baltasar Garz¨®n era competente para investigar los cr¨ªmenes del franquismo y que la "actitud claudicante" de la jurisdicci¨®n espa?ola deja abierta la puerta a que ahora pueda perseguir esos cr¨ªmenes cualquier otro pa¨ªs, lo mismo que ha hecho Espa?a con las dictaduras de diversos Estados latinoamericanos.
Los magistrados Jos¨¦ Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel subrayan la "importancia hist¨®rica" del caso por tratarse de los "hechos con relevancia penal m¨¢s graves" presentados ante la jurisdicci¨®n espa?ola. Y justifican la competencia de Garz¨®n en que adem¨¢s de los asesinatos y enterramientos de la guerra se sigue ignorando la suerte de miles de fusilados y d¨®nde fueron ocultados sus cuerpos, as¨ª como el paradero de 30.000 ni?os secuestrados a sus madres en establecimientos carcelarios y el de los ni?os perdidos de la Rep¨²blica.
Los disidentes cargan contra el fiscal por "abuso del proceso" al no decir qu¨¦ juez ser¨ªa el competente de no serlo Garz¨®n y porque lo actuado por ¨¦ste era, a su entender, v¨¢lido o convalidable. El v¨ªnculo de competencia lo ven en el delito contra los altos organismos de la naci¨®n de la actual Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y no comparten que se tratase de un delito de rebeli¨®n militar. Concluyen asegurando que si se hubiera producido una denegaci¨®n de justicia, se podr¨ªa determinar la "responsabilidad internacional del Estado espa?ol".
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