Galicia vulner¨® la ley al difundir datos de drogadictos

El departamento de Vicepresidencia del Gobierno gallego vulner¨® "el deber de secreto" que garantiza la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos cuando public¨® en el Diario Oficial de Galicia los nombres y apellidos de una treintena de personas drogodependientes. Entonces, en febrero de 2006, la conseller¨ªa que dirige el nacionalista Anxo Quintana firm¨® una orden de ayudas para el tratamiento de pacientes con problemas de drogodependencia y alcoholismo en la que figuraban junto al importe de la subvenci¨®n los nombres, apellidos y DNI de los 30 beneficiarios. El decreto se public¨® en el Diario Oficial de Galicia en su versi¨®n impresa y digital, de donde finalmente fue retirada cuando los medios de comunicaci¨®n se hicieron eco de la noticia.

Un a?o y nueve meses despu¨¦s de que comenzase la instrucci¨®n, la Agencia de Protecci¨®n de Datos concluye que la Xunta incurri¨® en una "infracci¨®n muy grave" al difundir informaci¨®n "especialmente protegida" sobre la salud que afectan a "la esfera ¨ªntima de la persona". Pese a la calificaci¨®n de la falta, el expediente no conlleva multa ya que, seg¨²n la ley, en el caso de las Administraciones, la Agencia de Protecci¨®n de Datos debe dictar una "resoluci¨®n estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infraci¨®n".

El dictamen concluye que exist¨ªan otras f¨®rmulas para garantizar el requisito de "publicidad, objetividad y concurrencia" a las ayudas p¨²blicas y cita la "anonimizaci¨®n o disociaci¨®n para no identificar a los afectados".

La resoluci¨®n extiende la exigencia al Gobierno gallego y al resto de Administraciones para que "limiten la publicaci¨®n de informaci¨®n sensible en los diarios oficiales".

En noviembre, Protecci¨®n de Datos firm¨® un dictamen similar que califica tambi¨¦n como muy grave la publicaci¨®n de datos relativos a la salud de un menor y su unidad familiar. Entonces, la informaci¨®n se exhibi¨® en el tabl¨®n de anuncios de un colegio sevillano y el dictamen reprendi¨® a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa.

Desde el mes de octubre y ante el creciente n¨²mero de conflictos relacionados con derechos fundamentales como la vulneraci¨®n del honor, la intimidad o la propia imagen, un "grupo de autoridades" trabaja para establecer un sistema de garant¨ªas para el tratamiento de los historiales m¨¦dicos electr¨®nicos. En respuesta a una consulta del Sistema Nacional de Salud, el grupo de expertos reclama "el consentimiento previo del paciente".

El director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, Artemi Rallo, admite su preocupaci¨®n por la "expansi¨®n geom¨¦trica" de este tipo de informaciones una vez que son difundidas a trav¨¦s de las nuevas tecnolog¨ªas, informa Mar¨ªa R. Sahuquillo. Recuerda que a partir de enero el Bolet¨ªn Oficial del Estado se editar¨¢ s¨®lo en su versi¨®n digital, por eso reclaman de las instituciones p¨²blicas que "minimicen" la informaci¨®n personal de forma que se permita conciliar las aplicaciones t¨¦cnicas con la ley de protecci¨®n de datos". El debate interno en la agencia se centra en c¨®mo reparar las consecuencias de errores como los de los Gobiernos gallego y andaluz.