Lazcoz atribuye su imputaci¨®n judicial a una "persecuci¨®n pol¨ªtica" del PP

El alcalde de Vitoria, el socialista Patxi Lazcoz, va a ser el primero de la historia democr¨¢tica de la capital alavesa que tenga que declarar ante un juez como imputado. Lazcoz se mostr¨® ayer "absolutamente tranquilo" despu¨¦s de que la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la capital alavesa admitiese a tr¨¢mite la querella interpuesta por el portavoz popular en el Ayuntamiento, Javier Maroto, por el fallido contrato del mobiliario urbano. El primer edil insisti¨® en que esta imputaci¨®n obedece a la "persecuci¨®n pol¨ªtica" que sufre por parte del principal partido de la oposici¨®n. Con este panorama, todos los puentes con el PP est¨¢n rotos.

Los hechos se remontan a 2001, cuando el PP y UA gobernaban en minor¨ªa el Ayuntamiento. Hab¨ªan alcanzado un principio de acuerdo con el PSE para convocar un concurso de adquisici¨®n de mobiliario urbano (marquesinas, papeleras, postes, etc¨¦tera). Cuando estaba a punto de concederse a la empresa Elmusa, los socialistas cambiaron de parecer y el pleno, en el que sumaron sus votos junto a los de PNV-EA, EH y EB, ech¨® atr¨¢s el concurso y promovi¨® una nueva convocatoria que gan¨® otra firma, Cemusa. La denuncia presentada por Maroto estima que esa decisi¨®n se tom¨® a sabiendas de que era ilegal el procedimiento. Elmusa recurri¨® a la Justicia y el Supremo ha respaldado al final su reclamaci¨®n. El auto del alto tribunal obliga ahora al consistorio a indemnizar a la empresa con una cantidad que se presume millonaria.

Confianza "absoluta"

La juez Susana Junquera ha aceptado investigar la denuncia del PP. Lazcoz, quien ayer a¨²n no hab¨ªa recibido la notificaci¨®n judicial, reiter¨® su "absoluta" confianza en la Justicia. Fuentes cercanas al equipo de gobierno ven la "voluntad manifiesta" del PP de acosar a Lazcoz en que s¨®lo ha emprendido acciones judiciales contra el alcalde y no contra el resto de ediles que en el pleno pidieron un nuevo concurso para la adquisici¨®n de mobiliario urbano. Y recuerdan que el equipo de gobierno que dirig¨ªa el popular Alfonso Alonso admiti¨® el mandato del pleno, cuando no estaba obligado a ello. "Si la decisi¨®n era ilegal, el equipo de gobierno de entonces tambi¨¦n tiene sus responsabilidades", se?alan.

La actual situaci¨®n es fruto de las malas relaciones que PSE y PP mantuvieron al final del anterior mandato, cuando los socialistas apoyaron denuncias judiciales contra el entonces concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo. El PP le responde ahora con una medida similar.