Marbella garantiza inmunidad por escrito a los due?os de casas ilegales
La alcaldesa da por hecho en una carta que todos compraron de buena fe
El ¨²ltimo gesto de la alcaldesa de Marbella (M¨¢laga), ?ngeles Mu?oz, para ganarse la confianza de los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales ha sido garantizarles por escrito que no ser¨¢n ellos quienes paguen para legalizarlas. Esta inmunidad no aparece expresamente recogida en el art¨ªculo que el equipo de gobierno del PP ha incluido en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) y que tampoco garantiza la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa, la ley del Suelo.
La alcaldesa ha firmado una carta, que se entrega en la exposici¨®n p¨²blica del PGOU y puede leerse en la p¨¢gina de internet del Ayuntamiento. En ella informa a los vecinos de lo siguiente: "Entre las modificaciones que hemos incorporado al documento en esta nueva fase de tramitaci¨®n, destaca la inclusi¨®n de nuevas garant¨ªas jur¨ªdicas necesarias para eximir a los compradores que, como usted, adquirieron su inmueble de buena fe, de hacer frente a cualquier tipo de compensaci¨®n para regularizar la situaci¨®n urban¨ªstica de su vivienda y/o negocio, toda vez que los deberes y cargas se impondr¨¢n al titular de la finca y/o promotor de la actuaci¨®n urban¨ªstica".
Entre las modificaciones que el Ayuntamiento ha hecho al PGOU, redactado por la Junta de Andaluc¨ªa, hay un art¨ªculo que incide en que el "promotor originario" de las viviendas ilegales "no queda sustra¨ªdo de las obligaciones y deberes establecidos por la legislaci¨®n urban¨ªstica". La f¨®rmula jur¨ªdica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ning¨²n momento recoge que los due?os de las viviendas no tendr¨¢n que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
El edil socialista Javier de Luis asegura que el escrito de Mu?oz es una "medida populista" que no garantiza la protecci¨®n de los due?os de las viviendas ilegales. "Una cosa es lo que el alcalde prometa y otra muy distinta lo que recoge la ley o el contenido del Plan General", explica De Luis. "En el a?adido hecho al PGOU no se hace menci¨®n de los compradores de buena fe. Adem¨¢s, la Administraci¨®n de Justicia no entiende de buena o mala fe, sino de leyes, y no se puede garantizar algo que la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa no contempla."
En charlas con colectivos vecinales, el redactor del plan, Manuel Gonz¨¢lez Fustegueras, se ha esforzado en dejar claro que la responsabilidad ¨²ltima de una vivienda ilegal siempre se encuentra en la propiedad.
Los socialistas inciden en que el a?adido con el que la alcaldesa publicita la inmunidad de los propietarios de las casas ilegales tiene una "redacci¨®n farragosa" y "cae por su propio peso" tras una consulta con un abogado. "Cualquier vecino que se informe comprobar¨¢ que siempre quedar¨¢ como garant¨ªa, que nadie le ha liberado", a?aden.
?sta es la segunda vez que el plan urban¨ªstico, redactado cuando Marbella ten¨ªa retiradas las competencias urban¨ªsticas, sale a exposici¨®n p¨²blica. La primera vez recibi¨® 8.532 alegaciones. De ellas, unas 5.000 hac¨ªan referencia al proceso de regularizaci¨®n viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. En su carta, la alcaldesa agradece a los vecinos su participaci¨®n en el debate social creado en torno al PGOU y "propiciado para alcanzar las soluciones que mejor garanticen tanto el inter¨¦s p¨²blico como los leg¨ªtimos derechos de los particulares". El documento permanecer¨¢ en exposici¨®n p¨²blica hasta el 5 de enero.
Viviendas en orden
- El PGOU de Marbella tiene previsto regularizar m¨¢s de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema por el que se deben aportar a la ciudad los equipamientos y zonas verdes esquilmados.
- Unas 500 viviendas, aut¨¦nticos pecados mortales urban¨ªsticos, quedan fuera de ordenaci¨®n, aunque Mu?oz se ha comprometido a luchar para que sean finalmente legalizadas.
- La plataforma de vecinos 29-M, creada para defender la legalidad, impugnar¨¢ el documento porque cree que los pagos para regularizar las viviendas no son proporcionales al da?o causado.
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