El Gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de fosas

El Gobierno ha elaborado ya un protocolo para regular las exhumaciones de v¨ªctimas de la Guerra Civil, tal y como promet¨ªa el art¨ªculo 12.1 de la ley de Memoria Hist¨®rica de diciembre de 2007. De momento es s¨®lo un borrador. Moncloa ha enviado el texto, de 11 p¨¢ginas, a la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica, para que le d¨¦ su opini¨®n. No les ha gustado.

El documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, describe paso a paso qu¨¦ hay que hacer para abrir una fosa de la Guerra Civil y qui¨¦n debe hacerlo. En el aspecto t¨¦cnico, el protocolo es muy similar a otros ya existentes, incluido el que ha utilizado la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica para exhumar m¨¢s de 4.000 cuerpos en los ¨²ltimos a?os.

Si hay conflicto, como en el caso de Garc¨ªa Lorca, la decisi¨®n ser¨¢ pol¨ªtica

"Esto es urgente. Los hijos se est¨¢n muriendo", dicen allegados de v¨ªctimas

Aquel protocolo lo elabor¨® Francisco Etxeberria, m¨¦dico forense, perito en la comisi¨®n que investiga los cr¨ªmenes de la dictadura de Pinochet y uno de los expertos que iba a asesorar al juez Garz¨®n en su causa contra el franquismo. Ambos documentos coinciden, por ejemplo, en la importancia de contar con un equipo multidisciplinar de expertos (forenses, antrop¨®logos, historiadores...) a lo largo de todo el proceso.

Pero tambi¨¦n tiene una dimensi¨®n pol¨ªtica. Seg¨²n el borrador, la intenci¨®n del Gobierno es seguir prestando "colaboraci¨®n" a los familiares de las v¨ªctimas y a las asociaciones que los representan, que llevar¨¢n a cabo las exhumaciones "con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripci¨®n de los correspondientes convenios o contratos". El documento establece que los trabajos de recuperaci¨®n de cad¨¢veres se realizar¨¢n previa solicitud de los descendientes directos de las v¨ªctimas o de entidades interesadas y que "ser¨¢ necesaria la autorizaci¨®n por la Comunidad Aut¨®noma correspondiente y por los ¨®rganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos". Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil depender¨¢, no ya del criterio de uno u otro juez, si no de una u otra administraci¨®n auton¨®mica.

La apertura de una fosa necesitar¨¢, adem¨¢s, un permiso por escrito de los familiares o representantes legales de los fallecidos. Si fuera necesario, a?ade el texto, la entidad local o la comunidad aut¨®noma donde se ubiquen los restos "deber¨¢n realizar publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o auton¨®micos o diarios de mayor difusi¨®n" para encontrar a las familias.

En caso de conflicto entre familiares o asociaciones, "la exhumaci¨®n deber¨¢ ser ponderada por la comunidad aut¨®noma", que, "tras dar audiencia a los interesados, decidir¨¢ la realizaci¨®n total, parcial o la no realizaci¨®n de los trabajos". Es decir, si este protocolo estuviera ya en vigor, ser¨ªa el Gobierno de Andaluc¨ªa, presidido por Manuel Chaves (PSOE), quien decidiera si se abre o no la fosa donde se cree est¨¢n enterrados el maestro granadino Di¨®scoro Galindo y el banderillero Francisco Galad¨ª (cuyos familiares quieren recuperar los restos), junto al poeta Federico Garc¨ªa Lorca (cuyos herederos desean que se queden donde est¨¢n).

A la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica no le gusta el texto. Su presidente, Emilio Silva, lamenta que el Gobierno vuelva a dejar "en manos de voluntarios las exhumaciones, es decir, las consecuencias de un asesinato", que no haya aprovechado la oportunidad del protocolo "para crear una oficina estatal de atenci¨®n a las v¨ªctimas que centralice las peticiones y lleve a cabo los tr¨¢mites necesarios". La asociaci¨®n lamenta que se "convierta en una decisi¨®n pol¨ªtica de una comunidad aut¨®noma u otra el derecho de los familiares a desenterrar a sus muertos y darles una sepultura digna". A la asociaci¨®n le preocupa que "esta mara?a burocr¨¢tica" acabe alargando un proceso para el que no hay apenas tiempo. "Esto es urgente. Porque sus familiares se est¨¢n muriendo. Los hijos de las v¨ªctimas son muy mayores. ?Por qu¨¦ una mujer de 80 a?os ha de esperar a que una comunidad aut¨®noma decida si tiene derecho o no a sacar a su padre de una cuneta?", denuncia Silva. "El derecho es positivo. No se lo puede quitar alguien que no quiera ejercerlo. Si yo no voy a votar, ?significa que se suspenden las elecciones?".

Hasta ahora, para iniciar los trabajos de exhumaci¨®n, las asociaciones ped¨ªan autorizaci¨®n al propietario del terreno donde se hallase la fosa, solicitaban un permiso sanitario al ayuntamiento correspondiente y enviaban un escrito al juez de instrucci¨®n de la zona, que generalmente, no sol¨ªa responder.

El borrador del protocolo prev¨¦ que, en caso de no obtener la autorizaci¨®n del due?o de los terrenos donde se encuentre la fosa, la administraci¨®n competente iniciar¨¢ "los tr¨¢mites para la ocupaci¨®n temporal de los terrenos", de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre expropiaci¨®n forzosa.

Localizados los restos, se dar¨¢ parte al juzgado de instrucci¨®n competente, a la polic¨ªa y a la Guardia Civil y se llevar¨¢n a un laboratorio forense que tratar¨¢ de identificar a las v¨ªctimas y averiguar las causas y circunstancias de su muerte. Si son identificados, ser¨¢n entregados a las familias; en caso contrario, se inhumar¨¢n en el cementerio de la poblaci¨®n donde se haya encontrado la fosa.