Los reportajes grabados con c¨¢mara oculta violan la intimidad

El Tribunal Supremo ha condenado a El Mundo Televisi¨®n por la grabaci¨®n de un reportaje con c¨¢mara oculta y a la televisi¨®n auton¨®mica valenciana Canal 9 por su difusi¨®n, en la primera ocasi¨®n en que el alto tribunal se pronuncia sobre reportajes grabados con aparatos escondidos y sin consentimiento del interesado.

Seg¨²n la sentencia, cuyos argumentos se conocer¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas, el reportaje constituy¨® una intromisi¨®n ileg¨ªtima en la esfera de la intimidad de las personas que no est¨¢ amparada por el derecho a comunicar libremente informaci¨®n, seg¨²n una nota del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Fuentes de la Sala Civil precisaron que la doctrina acordada ayer no tiene un alcance general, sino que se aplica a este caso concreto y que en lo sucesivo habr¨¢ que examinar cada supuesto. No obstante, se trata de un importante precedente dado que, seg¨²n las mismas fuentes, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ni el Tribunal Constitucional espa?ol cuentan con ning¨²n antecedente sobre la materia.

Una natur¨®pata gana una indemnizaci¨®n de 30.000 euros

El juez de primera instancia hab¨ªa fallado a favor de los periodistas

La sentencia ha estimado el recurso de Rosa Mar¨ªa F. T. por la captaci¨®n de su imagen y voz con una c¨¢mara oculta en su consulta privada, en la que ejerc¨ªa como natur¨®pata, por un equipo de El Mundo Televisi¨®n. La grabaci¨®n fue difundida el 5 de noviembre de 2000 por la televisi¨®n auton¨®mica valenciana Canal 9, en el programa de televisi¨®n PVP.

La demandante reclam¨® a Canal Mundo, Producciones Audiovisuales S. A. y Canal 9, as¨ª como a los tres periodistas autores del reportaje la cantidad de 75 millones de pesetas (450.759 euros) por los perjuicios causados por la intromisi¨®n ileg¨ªtima en su intimidad.

El juez de primera instancia y la Audiencia de Valencia fallaron a favor de los periodistas, se?alando que la filmaci¨®n con c¨¢mara oculta de una entrevista con la natur¨®pata y la grabaci¨®n de sus manifestaciones se enmarcaba dentro del denominado "periodismo de investigaci¨®n", lo que "no es de suyo reprochable, salvo que se intercepten o graben conversaciones privadas de terceras personas que no son parte en la conversaci¨®n".

Los tribunales valencianos consideraron adem¨¢s "consustancial" al reportaje ocultar la c¨¢mara de grabaci¨®n, "pues de otro modo el grado de espontaneidad del interlocutor pudiera entenderse razonablemente mediatizado, con p¨¦rdida del evidente valor de la informaci¨®n que se trata de obtener".

En definitiva, los jueces valencianos concluyeron que el reportaje grabado con c¨¢mara oculta se incardinaba en el denominado "reportaje neutral", y su legitimidad constitucional quedaba amparada por la libertad de informaci¨®n.

Adem¨¢s, el trabajo grabado con c¨¢mara oculta gozaba de protecci¨®n constitucional porque, seg¨²n la Audiencia de Valencia, reun¨ªa los requisitos de "veracidad, objetividad, inter¨¦s general y prop¨®sito esencialmente informativo", condiciones todas ellas exigidas por la jurisprudencia para poder ser calificado de "leg¨ªtimo".

Respecto a la queja de la natur¨®pata de que a ra¨ªz de la difusi¨®n de la grabaci¨®n hab¨ªa perdido clientes, con el consiguiente perjuicio econ¨®mico, porque en el reportaje se la acusaba del delito de intrusismo, el juez de instancia replic¨® que eso no se deb¨ªa "a la difusi¨®n de una informaci¨®n cierta, sino a la realizaci¨®n de las conductas de que se trata".

Frente a todos estos argumentos, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casaci¨®n de Rosa Mar¨ªa F. T. y ha sentado la doctrina de que el comportamiento de los periodistas demandados, grabando con c¨¢mara oculta en la consulta de la natur¨®pata, produjo una intromisi¨®n ileg¨ªtima en la esfera de la intimidad de la demandante, que afecta tambi¨¦n a los dem¨¢s derechos fundamentales mencionados en la demanda (derecho al honor, intimidad y propia imagen).

Seg¨²n el Supremo, dicha intromisi¨®n, en aplicaci¨®n del principio de proporcionalidad y de acuerdo con las circunstancias concurrentes, no est¨¢ justificada por el ejercicio del derecho a comunicar libremente informaci¨®n.

La nota de al Sala Civil informa de que los demandados han sido condenados al pago de una indemnizaci¨®n, que, seg¨²n fuentes de la Sala es de cinco millones de pesetas (30.000 euros), cantidad muy alejada de los 75 demandados.