El esc¨¢ndalo Balenciaga

Nadie pensar¨ªa que tras la puerta cubierta de polvo que se abre en un chafl¨¢n de tres metros de anchura, protegida por una reja igualmente sucia, se cobije un tesoro de enorme valor. Pero ah¨ª, en una lonja de unos 150 metros, en los bajos de un corriente bloque de viviendas de Getaria (Guip¨²zcoa), duermen desde hace a?os unas mil prendas del maestro de la moda: Crist¨®bal Balenciaga. Su destino era, es, un museo con el nombre del modisto, que debi¨® inaugurarse en 2003 y del que, pasados cinco a?os y tras cuadruplicar el presupuesto inicial -¨ªntegramente dinero p¨²blico-, s¨®lo existe una obra parada desde hace 14 meses y un esqueleto de hierro y hormig¨®n. Tambi¨¦n hay una causa penal que se instruye en los juzgados y un duro dictamen de una comisi¨®n de investigaci¨®n abierta en el Parlamento vasco, que se debate ma?ana, con el agravante pol¨ªtico de haber fracturado al Gobierno tripartito de Ibarretxe en v¨ªsperas de las elecciones de marzo.

El coste del proyecto inicial se ha multiplicado por cuatro, y la obra est¨¢ parada desde hace m¨¢s de 14 meses

El esc¨¢ndalo, salpicado de contratos irregulares, presupuestos e informes t¨¦cnicos ocultados, facturas falsificadas, subvenciones desviadas, firmas escaneadas, dobles pagos o regalos de prendas del modisto a cargos p¨²blicos del PNV, se encuentra en los tribunales. Hay tres personas imputadas; entre ellas, el audaz iniciador del proyecto y su principal gestor, el ex alcalde peneuvista de la localidad Mariano Camio, un hombre de m¨¢xima confianza en el partido nacionalista.

El proyecto fue lanzado en 1999 bajo la forma de una fundaci¨®n privada, con el patronazgo de honor de los Reyes, la presidencia de Hubert de Givenchy -disc¨ªpulo de Balenciaga-, la presencia entre sus patronos de personas como la reina Fabiola de B¨¦lgica, Paco Rabanne, Ungaro u ?scar de la Renta y el aval de Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura.

Tras 10 a?os, y cuando se han gastado casi 20 millones de euros -el presupuesto inicial era de 4,8 millones-, seg¨²n ha descubierto la comisi¨®n de investigaci¨®n, aparecen factores presuntamente delictivos y otros de incontestable responsabilidad pol¨ªtica. Estos ¨²ltimos cuestionan un modelo de gesti¨®n profusamente usado por la administraci¨®n vasca, el de las llamadas empresas participadas, en las que ninguna administraci¨®n p¨²blica tiene m¨¢s del 50%, lo que las deja fuera de los presupuestos y les exime de control externo -parlamentario o del Tribunal de Cuen-tas-, adem¨¢s de permitirles libertad plena para nombrar a sus gestores, contratar las plantillas y fijar las remuneraciones.

Todo comenz¨® en 1988 con una donaci¨®n del secretario del modisto, Ram¨®n Esparza, que luego compr¨® por 40 millones de pesetas el Gobierno vasco. En 1999 se implic¨® en el proyecto el Ministerio de Cultura. Todo lo que tuvo de visionario el lanzamiento de la idea a cargo del ex alcalde Mariano Camio lo tuvo luego de opaco e irregular su gesti¨®n del proyecto. Camio lleg¨® hasta Esperanza Aguirre a trav¨¦s del diputado del PP Jos¨¦ Luis Cort¨¦s y del tambi¨¦n diputado del PNV Joxe Joan Gonz¨¢lez de Txabarri, amigo de Camio desde la infancia. Eran los tiempos del buen entendimiento y de los acuerdos en el Congreso entre PP y PNV, al haber apoyado este partido la primera investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como jefe del Gobierno. La Fundaci¨®n Balenciaga se constituy¨® con el compromiso del Gobierno de aportar cuatro millones de euros. Y as¨ª lo hizo, en cuatro entregas, entre los a?os 2000 y 2003, pese a que, al menos desde 2002, el representante del Ministerio en la entidad, Manuel Font¨¢n, hizo expl¨ªcitas sus reservas sobre los contratos firmados por Camio. Con ese dinero fue andando el proyecto: se aument¨® la colecci¨®n y se rehabilit¨® el palacete Berroeta Aldamar -algo m¨¢s de mil metros de superficie- de la madre de la reina Fabiola de B¨¦lgica, que descubri¨® las posibilidades del joven Balenciaga durante sus veraneos en Getaria.

Entretanto, Camio, desde la vicepresidencia ejecutiva de la fundaci¨®n, contrat¨® el proyecto de museo al arquitecto cubano Juli¨¢n Argilagos, amigo suyo y sin titulaci¨®n homologada en Espa?a. Se presupuest¨® en 6 millones de euros y lo elev¨® a 15 en 2005, cuando el Ministerio hab¨ªa pasado a manos de la socialista Carmen Calvo, que hab¨ªa suspendido desde el a?o anterior las subvenciones. El Gobierno vasco hab¨ªa acudido al rescate de un proyecto que zozobraba, junto a la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa, a cuyo frente estaba el mismo Gonz¨¢lez de Txabarri que en 1999 era diputado en el Congreso. Constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar, con la presencia testimonial del Ayuntamiento de Getaria, tambi¨¦n patrono de la fundaci¨®n. Inexplicablemente, nombraron como gerente de la misma al propio Camio. Tambi¨¦n para entonces, el Ministerio hizo un informe en el que desautorizaba el proyecto como inservible para una instituci¨®n muse¨ªstica. Camio ocult¨® ambos documentos a la fundaci¨®n y a la sociedad Berroeta Aldamar, seg¨²n ha concluido ahora la comisi¨®n investigadora, y firm¨®, adem¨¢s, un tercer contrato a Argilagos eximiendo a ¨¦ste de sus compromisos; salvo el de supervisi¨®n, aunque le autorizaba a realizarla desde Estados Unidos, sin por ello reducir sus honorarios. Ha cobrado 1,3 millones de euros y vive en Florida.

"Mirar en positivo y no revolver mierda porque tocan elecciones": ¨¦sta es la receta que la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, dio el martes pasado tras conocerse el veredicto del Parlamento. Pero el esc¨¢ndalo era imparable. Comenz¨® a salir a la luz hace ya dos a?os de la mano de Aralar, un grupo que s¨®lo tiene una parlamentaria en la C¨¢mara vasca. Mientras, el Ministerio de Cultura y el Gobierno vasco tratan de reencauzar el controvertido proyecto.

En tanto se sustancia la responsabilidad penal, el Gobierno vasco afronta ma?ana, en la persona de su consejera de Cultura y portavoz, Miren Azkarate, y de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, un pleno parlamentario que debatir¨¢ y votar¨¢ el duro veredicto que les achaca "dejaci¨®n en la gesti¨®n adecuada de los recursos p¨²blicos", "falta de celo en la funci¨®n de control de sus gestores" y "avalar actuaciones del gestor m¨¢ximo con resultados contrarios al inter¨¦s de la sociedad", as¨ª como negligencia en la "supervisi¨®n e inventario de sus bienes patrimoniales".