La Justicia se ahoga en islotes

Un mosso d'esquadra de Cambrils redacta el atestado en su ordenador. Cuando termina, lo imprime en papel, lo mete en un sobre y se lo da a un compa?ero para que lo lleve en coche al juzgado de Reus. All¨ª, el funcionario abre el sobre, coge el atestado y lo vuelve a escribir en su ordenador. Los sistemas inform¨¢ticos de comunidades aut¨®nomas o de distintos ¨®rganos judiciales en la misma ciudad siguen mayoritariamente sin estar interconectados. S¨®lo el delincuente sale ganando. Y el caos.

Si quiere ser un delincuente eficiente, ponga su domicilio en Andaluc¨ªa, robe en el Pa¨ªs Vasco, Navarra y Catalu?a; en Valencia entr¨¦guese, y contrate su abogado en Canarias. O tampoco se complique. Haga lo mismo por ciudades y pueblos de su provincia. Y conf¨ªe en la diversidad de programas inform¨¢ticos incompatibles que pululan por los juzgados.

El Pacto de Estado de 2003 se rompi¨® y no se ha recompuesto

El ministerio s¨®lo mantiene las competencias en seis comunidades

La digitalizaci¨®n de las oficinas se est¨¢ gestando desde los a?os ochenta

Julio P¨¦rez: "La maldici¨®n del pergamino se puede conjurar"

El sistema de notificaci¨®n digital Lexnet todav¨ªa no se usa en toda Espa?a, pese a sus cinco a?os de vida. Esta estafeta de correo electr¨®nico es la soluci¨®n ministerial para que juzgados y profesionales (abogados, procuradores) compartan la informaci¨®n con eficacia. Empez¨® a desplegarse en 2003, pero va lento.

"Est¨¢ casi en toda la Audiencia Nacional. En el 61% de Castilla y Le¨®n y en el 38% de Extremadura. Se hacen 14.000 al d¨ªa", dice Julio Mart¨ªnez Mero?o, secretario general de Modernizaci¨®n y Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia. Dado que al d¨ªa se presentan 23.000 asuntos, la cifra de notificaciones es rid¨ªcula. Adem¨¢s, Canarias y el Pa¨ªs Vasco no lo usan porque quieren incorporar las notificaciones directamente en sus aplicaciones de gesti¨®n procesal. Lexnet s¨ª funciona en zonas de Catalu?a, est¨¢ en pruebas en la Comunidad Valenciana y planean incorporarlo en Andaluc¨ªa, Cantabria y Galicia.

El problema no es s¨®lo que Lexnet no se extienda. Ojal¨¢. Tampoco que Fortuny, la aplicaci¨®n para los fiscales, siga sin implantarse en todo el pa¨ªs. Cada autonom¨ªa ha tirado por su lado, como si denuncias, querellas, homicidios o atracos tuvieran fronteras. El Pa¨ªs Vasco implanta Justizia Bat. En Valencia se llama Cicerone. En Canarias, Atlante; en Andaluc¨ªa, Adriano, y en Navarra, Avantius. En Catalu?a la aplicaci¨®n en desarrollo se llama Justicia.cat, que sustituir¨¢ a Temis en 2010. Y la ciudad de Murcia, capital de una de las seis autonom¨ªas sin competencias transferidas, es la ¨²nica que prueba la versi¨®n m¨¢s moderna de la aplicaci¨®n ministerial Minerva.

El problema no es que haya versiones distintas. El l¨ªo es que ni se comunican ni se entienden. Son incompatibles. Algunas est¨¢n preparadas para el expediente electr¨®nico. Otras no. "Una urgencia es unificar versiones, sustituyendo el producto m¨¢s antiguo por el m¨¢s moderno. De Libra [la m¨¢s vieja] hay 217 instalaciones. De Minerva, 86", dice el secretario general del ministerio.

"Hay un grave problema en el dise?o de la red judicial, que debe interconectar sus datos", dice Pere Huguet, del Consejo General de la Abogac¨ªa. "Si cada Administraci¨®n desarrolla sus herramientas, luego se tienen que entender entre s¨ª. El modelo es el expediente electr¨®nico. El resto son parches".

"Se trata de poner el m¨ªnimo com¨²n denominador para trabajar juntos. No hay que hablar de uniformidad de aplicaciones, sino de datos y formatos comunes", opina Inmaculada de Miguel, directora para la modernizaci¨®n de la justicia vasca.

El ministerio prepara ahora SIRAJ, un sistema unificado para acceder a los registros de informaci¨®n procesal. Luego, el objetivo es que las autonom¨ªas lo integren, convirtiendo al ministerio en un prestador de servicios de informaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas. En enero empezar¨¢n a implantarlo. Antes, deber¨¢n garantizar la privacidad de unos datos muy sensibles, estableciendo mecanismos para determinar qui¨¦n accede al sistema judicial espa?ol y qui¨¦n lo autoriza.

El movimiento de papeles y de coches descrito en Reus, de personal duplicando tareas, se reproduce diariamente en todos los juzgados y comisar¨ªas de Espa?a. "El papeleo nos devora. Si esto fuera una empresa habr¨ªa quebrado hace a?os, pero como todos cobramos a final de mes...", asegura un funcionario. El despilfarro de medios econ¨®micos y humanos caracteriza a la Administraci¨®n de justicia, que, sin embargo, se ahoga bajo monta?as de papel.

La nueva oficina judicial, que se empez¨® a gestar en los ochenta, a¨²n no se ha implantado. Jueces y secretarios desconocen cu¨¢l ser¨¢ su nueva funci¨®n; tampoco saben si una persona tiene causas pendientes en otros juzgados, salvo que haya sido condenada. Cada juzgado permanece ajeno a las actuaciones de otros tribunales. El expediente electr¨®nico, el sue?o de la oficina sin papeles, es ciencia-ficci¨®n.

El Gobierno dice que quiere resolver la saturaci¨®n de un servicio p¨²blico con cerca de 50.000 empleados. Como en 2001. El Gobierno de Aznar y los socialistas firmaron un pacto de Estado que desemboc¨® en la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial en 2003. La norma aspiraba a que el juez fuera responsable de dictar sentencia, pero no de la burocracia. Se marcaron m¨²ltiples tareas en ocho a?os: legislativas, organizativas y de infraestructura.

El Pacto de Estado se rompi¨®. Y ocho a?os despu¨¦s este id¨ªlico escenario no existe. La reforma legal, paralizada durante a?os en el Congreso, se est¨¢ discutiendo actualmente, y no entrar¨¢ en vigor hasta 2010. Cierto es que han llegado los juicios r¨¢pidos o implantado las videoconferencias, aunque no la tengan todav¨ªa todos los ¨®rganos. O que acaban de estrenar las subastas judiciales por la red. Sin embargo, juzgados, tribunales y fiscal¨ªas siguen sin estar interconectados. Lexnet, el sistema de notificaciones seguras entre las partes no es de uso generalizado. Tampoco lo es Fortuny, la aplicaci¨®n de la fiscal¨ªa. Con este panorama, el expediente judicial electr¨®nico queda lejos. Tan lejano como que un ciudadano acceda por Internet a su sentencia. Si ha sido absuelto, ni siquiera le borrar¨¢n de la lista de personas con antecedentes policiales. En 2010 las gestiones administrativas digitales ser¨¢n un derecho, aunque la ley no se refiere a la justicia, un servicio tan p¨²blico como Hacienda o la Seguridad Social.

"La ley de 2003 sent¨® las bases, pero se ha incumplido. No ha habido reforma estructural ni procesal y la tecnolog¨ªa es deficiente. Un juzgado sabe lo suyo, pero desconoce lo que se trata en el contiguo. ?Qu¨¦ va a saber de lo que ocurre en el resto!", dice Rafael Lara, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.

"Acumulamos un retraso organizativo y de modelo", reconoce Julio P¨¦rez, secretario de Estado de Justicia. "Tenemos que acelerar para invertir la tendencia y evitar que las malas inercias se conviertan en una r¨¦mora. No es cuesti¨®n de hacer propaganda, pero me niego a retratar un panorama dantesco. Somos cr¨ªticos, pero no fatalistas. Esto tiene arreglo". El secretario de Estado insiste en que hay ejemplos que demuestran "que la maldici¨®n del pergamino se puede conjurar". Como el juicio del 11-M, "que incorpor¨® todos los elementos de modernidad"; los de tr¨¢fico, "hasta ahora m¨¢s r¨¢pidos que el procedimiento administrativo para poner una multa", o "el sistema de cuentas de consignaci¨®n". "Mueve 3.000 millones de euros al a?o y ha sacado el dinero del juzgado".

Despu¨¦s de cuatro a?os de par¨¢lisis, el 27 de noviembre se reuni¨® la comisi¨®n encargada de coordinar a todos los responsables de la justicia que convoca el Consejo General del Poder Judicial. Porque la situaci¨®n es de por s¨ª compleja. De la gesti¨®n de la justicia se encargan cuatro partes: el juez, el propio Consejo del Poder Judicial, el ministerio y 11 autonom¨ªas con competencias transferidas.

S¨®lo en Madrid hay tantos litigios como en el territorio que gestiona el ministerio. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha destinado 74 millones de euros a modernizaci¨®n desde 2003, y el pr¨®ximo a?o prev¨¦ 340 millones m¨¢s. El ministerio, de 2005 a 2009, gastar¨¢ 545 millones.

El gobierno de los jueces acaba de aprobar un "plan de choque de tecnolog¨ªa y de reforma procesal", dice Fernando de Rosa Torner, vicepresidente a propuesta del PP desde septiembre. El primero consiste en dotar de certificado y firma electr¨®nica a jueces y magistrados, como emplean desde hace a?os notarios, registradores y abogados.

Tampoco es la primera vez que el Poder Judicial se propone modernizar la justicia. En 2003 activ¨® el Punto Neutro Judicial. A trav¨¦s de este nodo de comunicaciones los jueces acceden a los datos de Hacienda, Seguridad Social, Registro Mercantil Central, as¨ª como a los registros de informaci¨®n procesal. El problema, explica Lara, "es que la consulta no es autom¨¢tica porque no est¨¢ integrada en los sistemas de gesti¨®n procesal. Es decir, que tenemos que buscar esos datos entre los diferentes registros, entrando y saliendo de una aplicaci¨®n a la otra, lo que requiere cada vez una contrase?a diferente, en vez de recibir autom¨¢ticamente la informaci¨®n en el expediente mediante alertas".

Julio Mart¨ªnez Mero?o, secretario general de Modernizaci¨®n y Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia, asegura que todos aceptan el cambio, "pero siempre que sea neutral, que no afecte a sus funciones. La modernizaci¨®n no es un problema de inform¨¢tica sino de mentalidad". Una nueva forma de organizarse (donde el juez dicta sentencia, pero los asuntos no estrictamente jur¨ªdicos los suministran servicios comunes) y la generalizaci¨®n de la tecnolog¨ªa son el man¨¢ para conjurar la maldici¨®n del pergamino.

El primer eje requiere modificar la legislaci¨®n procesal. Paralizada durante a?os, ha sido reactivada en esta legislatura. El anteproyecto var¨ªa m¨¢s de 1.000 art¨ªculos. Deber¨ªa entrar en vigor en 2010, si no se frena de nuevo en el Congreso.

Algunas modificaciones de la ley generan pol¨¦mica entre jueces y secretarios por los l¨ªmites que delimitan sus funciones. Tampoco hay consenso sobre el uso de la tecnolog¨ªa. Desde 2003, las vistas orales de los juicios civiles y algunos penales se graban en v¨ªdeo por ley. En el resto de juicios, el secretario toma notas para dar fe. El ministerio proyecta extender esta obligaci¨®n a todos los juicios, lo que permitir¨ªa al secretario ocuparse de otras cuestiones. Lara comparte la idea de conseguir una documentaci¨®n electr¨®nica, "pero sin eliminar garant¨ªas de los ciudadanos y del tribunal". El portavoz no considera necesario sacar "al secretario para agilizar la justicia". Lo importante, dice, es "el nuevo reparto de tareas, implantar la oficina judicial con servicios comunes y que nos otorguen responsabilidad en ejecuci¨®n de sentencias, ordenaci¨®n del proceso...". Servicios comunes para optimizar recursos y evitar que, cuando se comunica a la c¨¢rcel que un preso debe declarar, cada juzgado env¨ªe a su propio funcionario a prisi¨®n a entregar el papel.

S¨®lo cuando se implante el expediente judicial electr¨®nico en todos los ¨®rganos, incluida la fiscal¨ªa, ser¨¢ posible la tramitaci¨®n del procedimiento, desde su inicio hasta su archivo, en formato digital. Pero la realidad es tozuda y los expedientes "no son electr¨®nicos en origen". "Tendr¨ªamos que escanear y digitalizar todos los papeles que entrasen y ser¨ªa materialmente imposible", explica Mart¨ªnez.

Adem¨¢s, como la validez legal a¨²n la da el papel, cuando un juez toma posesi¨®n, sobre todo los de instrucci¨®n, pasan de tres a seis meses hasta que sabe el trabajo que hay pendiente. "Es dif¨ªcil saber cu¨¢ntos asuntos tienes guardados en el armario. En muchas ocasiones no hay ni ¨ªndice. Lo mejor es empezar de cero porque ni los registros de entrada son fiables", dice la magistrada Mar¨ªa Sanahuja. Con el agravante de que el 80% del papeleo no sirve de prueba en el juicio. Es burocracia, como la comunicaci¨®n entre jueces para tomar declaraci¨®n a testigos o las notificaciones a procuradores.

Miguel ?ngel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que el problema es la ausencia de modelo. "La nueva oficina es b¨¢sica, pero tambi¨¦n saber c¨®mo queremos organizarnos. Si me llenan de programas, pero no s¨¦ para qu¨¦ los quiero, de poco me sirven. La inform¨¢tica debe ser una herramienta de auxilio al tr¨¢mite judicial para que el juzgado obtenga la informaci¨®n a trav¨¦s de una red distribuida de informaci¨®n judicial, a la vez que se comunica electr¨®nicamente con las partes".

Gimeno incide en las dos patas tecnol¨®gicas de la modernizaci¨®n de la justicia que eliminar¨¢n el papeleo, sin duda, pero sobre todo har¨¢n m¨¢s eficaz el servicio. Se trata de que los ¨®rganos judiciales se relacionen electr¨®nicamente con abogados y procuradores, pero tambi¨¦n con peritos, registradores, m¨¦dicos, polic¨ªas o funcionarios de prisiones, que colaboran con la justicia a diario. Adem¨¢s, se deben interconectar a los tribunales para que sepan si la persona juzgada tiene causas pendientes y por qu¨¦ hechos en otros ¨®rganos. Se evitar¨ªan situaciones kafkianas como cuando un magistrado informa a los testigos de que retrasa el juicio porque el acusado, al que ha puesto en busca y captura, no se ha presentando. Uno de los testigos, polic¨ªa, le apunta: "Pues lo acaban de traer de la c¨¢rcel, lo juzgan aqu¨ª al lado".