Un alcalde de C¨¢diz boicotea el derribo de un hotel ilegal

La casa rural de Tavizna, en Benaocaz (C¨¢diz), seguir¨¢ en pie. Los vecinos de esta pedan¨ªa, en plena sierra de Grazalema, consiguieron ayer su prop¨®sito de evitar que las m¨¢quinas contratadas por la Consejer¨ªa de Medio Ambiente derribaran este edificio. Lo lograron con el apoyo del alcalde, Juan Mar¨ªa Mangana, del PP, quien encabez¨® la protesta ciudadana que reuni¨® a 200 personas y protegi¨® el pol¨¦mico edificio con veh¨ªculos particulares que impidieron que las piquetas pudieran trabajar.

La Junta llevar¨¢ esta movilizaci¨®n a la Fiscal¨ªa por entender que se ha opuesto al cumplimiento de una sentencia judicial firme.

La primera denuncia contra esta casa rural se present¨® en septiembre de 2001. El peque?o hotel hab¨ªa comenzado ya a construirse. La vivienda con fines tur¨ªsticos se levant¨® en un espacio protegido del Parque Natural de Grazalema. Adem¨¢s, ocupaba una v¨ªa pecuaria, la Ca?ada Real de Sevilla a Gibraltar.

La denuncia interpuesta por agentes de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente inici¨® un procedimiento administrativo que fue paralizado en 2002 con la apertura de diligencias penales contra el propietario por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio.

Sin embargo, el juzgado que abord¨® este caso, absolvi¨® al due?o. El proceso administrativo continu¨® despu¨¦s y un juzgado de Jerez dict¨® resoluci¨®n definitiva en 2006, con una sentencia que obligaba a la demolici¨®n de todo lo construido.

Ni los propietarios de la casa rural, ni muchos vecinos entienden la insistencia de la Junta en derribar este inmueble y lo defienden como una fuente de riqueza para la pedan¨ªa. El alcalde, Juan Mar¨ªa Mangana, acusa al Gobierno andaluz de saltarse la normativa, al tratar de demoler este edificio sin contar con una licencia municipal de obra previa.

Transcurrido un tiempo prudencial, y tras consultar a sus asesores jur¨ªdicos, la Junta entiende que no necesitaba este permiso del Ayuntamiento y que esa solicitud no era m¨¢s que un intento de demorar el derribo. "Es lamentable que una autoridad p¨²blica asista a una protesta contra un acto que s¨®lo pretende restituir la legalidad", se quej¨® ayer la delegada de Medio Ambiente, Gemma Araujo, quien informar¨¢ a la Fiscal¨ªa de la actuaci¨®n del alcalde, por si es constitutiva de delito.