Fundido en negro

Espa?a tiene el dudoso honor de ser uno de los campeones europeos del oscurantismo y el secretismo oficial. Los otros que le acompa?an en el caj¨®n m¨¢s elevado del podio son Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo. La falta de transparencia, el cerrojazo informativo por parte de las administraciones p¨²blicas a datos que en la mayor¨ªa de las sociedades avanzadas est¨¢n al alcance de los ciudadanos son unas constantes en el comportamiento de la clase pol¨ªtica espa?ola sin distinci¨®n de siglas ni de ideolog¨ªa. No hay cargo p¨²blico, por escasa que sea su relevancia, que no sostenga como un axioma que la informaci¨®n es poder. M¨¢s a¨²n, la inmensa mayor¨ªa de nuestros pol¨ªticos est¨¢n absolutamente convencidos de ser los due?os de la informaci¨®n. El presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, con ese desparpajo que da la prepotencia mamada desde la cuna ha resumido como nadie esa concepci¨®n absolutista del poder: "Qui paga, mana". No est¨¢ solo. Son muchos los que piensan as¨ª. Entre otros, numerosos funcionarios que creen que la informaci¨®n es suya y de quien le mantiene en el cargo. Como regla general, en Espa?a toda informaci¨®n se considera reservada por si acaso, olvidando una de las reglas de oro de la democracia: Las instituciones p¨²blicas est¨¢n para servir a los ciudadanos, que son quienes las financian con sus impuestos. Dicho en palabras de Sol Gallego: "La informaci¨®n no es propiedad del que la tiene, sino un derecho del individuo". Puesto en un titular: La democracia est¨¢ basada en la informaci¨®n.

El pasado mes de octubre el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, se compromet¨ªa a promover en esta legislatura una ley que garantizara "el mayor acceso posible a la informaci¨®n p¨²blica". Zapatero no dio m¨¢s detalles del contenido de la ley. En 2004, el programa electoral del PSOE ya promet¨ªa la elaboraci¨®n de esta norma de transparencia p¨²blica. Y hasta la fecha. Vale la pena recordar que el primer pa¨ªs que permiti¨® el libre acceso a los documentos oficiales fue Suecia en 1766; Estados Unidos cuenta desde los a?os 60 del pasado siglo con una legislaci¨®n que vela por la transparencia informativa y en Europa, con las excepciones citadas, cualquier ciudadano puede solicitar con una llamada telef¨®nica que se le remita, por ejemplo, un listado de todos los contratos realizados por un organismo p¨²blico durante un periodo determinado de tiempo. En algunos pa¨ªses la Administraci¨®n viene obligada a responder de inmediato en un plazo no superior a los 14 d¨ªas de media. En Espa?a conseguir ese tipo de informaciones es casi una misi¨®n imposible para los periodistas. Para los ciudadanos es, sencillamente, impensable. En nuestro pa¨ªs hay que justificar las solicitudes de la informaci¨®n, pueden pasar meses antes de obtener una respuesta y se cuestiona sistem¨¢ticamente qu¨¦ temas se pueden abordar p¨²blicamente y cu¨¢les no.

La Comunidad Valenciana, en este sentido, no es diferente del resto de Espa?a. S¨®lo que en nuestra tierra al fundido en negro, el secretismo y las restricciones se superpone un tono de menosprecio en las respuestas, cuando se consiguen, que hacen de las administraciones, auton¨®micas o locales, tanto da, unos organismos irritantes. Si es duro de soportar figurar en el furg¨®n de cola en cuanto a la transparencia informativa se refiere, que, adem¨¢s, pretendan tomarle el pelo al ciudadano que pide la informaci¨®n es insultante.

La doctrina Fabra se ha extendido como una met¨¢stasis en todos los organismos p¨²blicos valencianos. As¨ª no hay manera de saber ni cu¨¢nto ha costado el viaje del Papa, ni las listas de espera de la sanidad p¨²blica, ni que los ayuntamientos faciliten los contratos urban¨ªsticos. Oscurantismo casi siempre es sin¨®nimo de corrupci¨®n. Deber¨ªan tenerlo en cuenta los pol¨ªticos. Y los ciudadanos deber¨ªamos record¨¢rselo m¨¢s a menudo.