El s¨ªndrome del Rey Mago

Esta semana han continuado las entrevistas de Rodr¨ªguez Zapatero con los presidentes de las comunidades aut¨®nomas iniciadas antes de la pausa navide?a con el prop¨®sito de discutir el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica. El vicepresidente Solbes hab¨ªa dado ya a conocer el pen¨²ltimo d¨ªa del a?o las grandes l¨ªneas -aunque sin cuantificar- del proyecto. El aumento del dinero transferido desde la Administraci¨®n central y la creaci¨®n de nuevos fondos destinados a satisfacer a las comunidades descontentas constituyen los grandes atractivos de la propuesta.

El azaroso proceso, siempre improvisado y a veces algo irresponsable, del tr¨¢nsito desde el Estado r¨ªgidamente centralizado heredado del franquismo hacia una variante abigarrada de Estado compuesto -en busca todav¨ªa de una estructura territorial estable y de una denominaci¨®n universalmente admitida- explica en buena medida los problemas de funcionamiento y de financiaci¨®n del puzle auton¨®mico. S¨®lo la ambig¨¹edad conceptual, la imprecisi¨®n terminol¨®gica y el principio dispositivo para la creaci¨®n de comunidades aut¨®nomas permiti¨® a las Constituyentes superar ret¨®ricamente las contradicciones existentes entre el nacionalismo soberanista vasco o catal¨¢n y el unitarismo tradicional del Grupo Parlamentario Popular (la mitad de cuyos diputados no vot¨® la carta de 1978 por ese motivo).

La Administraci¨®n central est¨¢ siendo percibida como el antip¨¢tico cobrador del frac

Bautizado folcl¨®ricamente como "la C¨¢mara de representaci¨®n territorial" de las Cortes Generales, el Senado qued¨® degradado al subordinado papel de ¨®rgano de segunda lectura de las leyes aprobadas por el Congreso, en vez de ser el espacio de negociaci¨®n entre unas comunidades cuyo nombre y n¨²mero exactos se desconoc¨ªan en 1978. En el ¨¢mbito de la financiaci¨®n, la senda abierta a Euskadi y Navarra por la Disposici¨®n Adicional Primera concedi¨® a esos territorios un r¨¦gimen fiscal cuasi soberano. Las 15 comunidades restantes recibir¨ªan de la Administraci¨®n central las transferencias de tesorer¨ªa necesarias para ejercer las competencias de sus respectivos Estatutos. Pero a medida que las autonom¨ªas fueron ampliando su esfera de actuaci¨®n, el sistema inicial result¨® insuficiente. A falta de una n¨ªtida contraposici¨®n entre los impuestos estatales y los impuestos auton¨®micos, la cesi¨®n a las comunidades de un porcentaje siempre creciente o incluso de la totalidad de algunos instrumentos recaudatorios tradicionales de alcance general confirm¨® en la opini¨®n p¨²blica la primitiva idea de que la Administraci¨®n central es el antip¨¢tico cobrador del frac y el presidente auton¨®mico un Rey Mago.

La reforma de los Estatutos de Catalu?a, Comunidad Valenciana y Andaluc¨ªa durante la anterior legislatura ha convertido en un compromiso ineludible del Gobierno la oferta de un nuevo modelo de financiaci¨®n. La propuesta deber¨¢ dar satisfacci¨®n a las comunidades ricas y a las pobres, abstracci¨®n hecha de que se hallen controladas por socialistas, populares, nacionalistas o regionalistas. Los criterios para establecer la cuant¨ªa de la financiaci¨®n no estar¨¢n dictados por las ideolog¨ªas de los partidos sino por las necesidades de cada territorio, que defender¨¢, a su conveniencia, variables tan distintas como la cifra de habitantes, la superficie geogr¨¢fica, la dispersi¨®n rural, el envejecimiento de la poblaci¨®n, la emigraci¨®n, el crecimiento demogr¨¢fico, la insularidad o el hecho diferencial de la lengua. La complejidad t¨¦cnica de las negociaciones con los gobiernos auton¨®micos -tomados uno a uno o en su conjunto- suele envenenarse con la diab¨®lica espiral emulativa de los agravios comparativos (una modalidad tribal de las envidias personales) entre territorios atizada por los partidos. La habitual sobreactuaci¨®n verbal de las distancias existentes entre las aspiraciones maximalistas auton¨®micas y las parsimoniosas contraofertas gubernamentales ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil de negociar dada la profundidad de la crisis econ¨®mica.

La abstenci¨®n parlamentaria del PP frente a la propuesta socialista de canalizar a trav¨¦s de los ayuntamientos -cualquiera que sea su color ideol¨®gico- inversiones por importe de 8.000 millones de euros para combatir la crisis ilustra los problemas que aguardan a los presidentes auton¨®micos -en su doble condici¨®n de gobernantes de sus territorios y de l¨ªderes regionales de sus formaciones pol¨ªticas- cuando el inter¨¦s de la comunidad y el inter¨¦s del partido se contradigan. As¨ª ocurri¨® con la reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica patrocinada en 2001 por el PP, de la que se desengancharon inicialmente las comunidades de los tres tenores socialistas. Y as¨ª est¨¢ sucediendo ahora con las desabridas cr¨ªticas de Rajoy y Montoro a la buena acogida dispensada a la propuesta gubernamental por los presidentes populares de Valencia y de Madrid. Constituyen una novedad, en cambio, los enfrentamientos -sordos o a la luz del d¨ªa- entre el presidente socialista de la Generalitat y el Gobierno de Zapatero, del que Montilla fue ministro durante la anterior legislatura.