Sobreseimiento

Uno no puede dejar de asombrarse, una vez m¨¢s, ante las reacciones que ha suscitado la petici¨®n de sobreseimiento de la causa penal contra el ex director general de la Marina Mercante que acaba de efectuar la Abogac¨ªa del Estado en el caso Prestige. El PP de Galicia y los medios de comunicaci¨®n afines a este partido han llegado hasta el extremo de "exigir una rectificaci¨®n al PSdG y al BNG por las cr¨ªticas que estos partidos realizaron a la gesti¨®n del accidente". Semejante exigencia s¨®lo puede explicarse partiendo de una ignorancia jur¨ªdica supina o de una evidente mala fe, dirigida a confundir a la opini¨®n p¨²blica acerca de la misi¨®n de la Abogac¨ªa del Estado en el proceso penal.

La Abogac¨ªa del Estado act¨²a exclusivamente como defensora del funcionario L¨®pez-Sors

La Abogac¨ªa del Estado act¨²a aqu¨ª exclusivamente como simple defensora del funcionario L¨®pez-Sors, por lo que su petici¨®n resultaba obligada: ?Se imagina el lector a un abogado defensor dudando de la inocencia de su cliente? Ciertamente, en este caso concurre la peculiaridad de que la Abogac¨ªa del Estado depende en la actualidad de un Gobierno sustentado por un partido (el PSOE) que critic¨® la gesti¨®n del accidente por parte de quien (el PP) gobernaba entonces en Espa?a. Pero para personas de buena fe ser¨ªa inaudito pensar que el Gobierno del PSOE iba a ejercer con ambig¨¹edad el derecho constitucional de defensa que le asiste a L¨®pez-Sors. Es m¨¢s, me consta que, precisamente por concurrir la citada peculiaridad (y porque adem¨¢s el Estado ser¨ªa responsable civil subsidiario del delito cometido), el actual Gobierno de Espa?a ha puesto especial empe?o en la defensa de L¨®pez-Sors en su m¨¢s amplio sentido, yendo incluso m¨¢s all¨¢ de lo que una acendrada lealtad institucional le exigir¨ªa. Yo mismo, si formase parte del actual Gobierno espa?ol, no dudar¨ªa en mantener esa misma actitud, aun a sabiendas de que iba a quedar en rid¨ªculo delante de todos mis colegas por respaldar algo jur¨ªdico-penalmente insostenible. En suma, el escrito de alegaciones de la Abogac¨ªa del Estado no contiene un an¨¢lisis imparcial de los hechos y de su calificaci¨®n jur¨ªdica, sino todo lo contrario: es un estudio de todo punto parcial y al servicio de su defendido, lo cual permite explicar su desmedida alabanza de la actuaci¨®n de L¨®pez-Sors. Si esa alabanza figurase en un dictamen de una instituci¨®n imparcial, constituir¨ªa un aut¨¦ntico esc¨¢ndalo.

Pero no es eso todo, porque aquellos que exigen la citada rectificaci¨®n al PSdeG y al BNG est¨¢n tambi¨¦n transmitiendo a los ciudadanos (en algunos casos de forma velada, en otros de forma abierta) el mensaje de que la opini¨®n de la Abogac¨ªa del Estado est¨¢ revestida de una singular auctoritas, como si se tratase de una instituci¨®n de especial prestigio en el ¨¢mbito del Derecho penal. No obstante, frente a ello hay que aclarar que te¨®ricamente los conocimientos jur¨ªdico-penales de los abogados del Estado no son superiores a los que pueda poseer cualquier otro licenciado en Derecho, dado que, si bien han tenido que superar una dif¨ªcil oposici¨®n, el Derecho penal ocupa en su programa una parte puramente testimonial (con un contenido muy inferior al de la licenciatura). De ah¨ª que la adquisici¨®n de conocimientos jur¨ªdico-penales cualificados deba provenir entonces forzosamente del ejercicio de la profesi¨®n. Sin embargo, acontece que los abogados del Estado s¨®lo se ocupan de materias penales de forma marginal. Por supuesto, siempre hay que reconocer la posibilidad de que un abogado del Estado tenga entre sus aficiones la del estudio del Derecho penal. Pero para que su opini¨®n fuese merecedora de la especial auctoritas que los defensores de la gesti¨®n del PP pretenden atribuirle, habr¨ªa que recurrir a sistemas objetivos de evaluaci¨®n, que en este caso no nos constan, ni siquiera con relaci¨®n al Abogado General del Estado espa?ol.

Por ¨²ltimo, hay que recordar de nuevo que, sea cual sea el resultado final del proceso penal, PSdeG y BNG nunca tendr¨¢n nada que rectificar por sus cr¨ªticas sobre el alejamiento del Prestige. Quienes han mantenido imputado a L¨®pez-Sors hasta el momento presente no son obviamente estos partidos, sino el juez de Corcubi¨®n y (con el benepl¨¢cito del entonces Fiscal Jefe del TSXG, Garc¨ªa-Malvar) todos los magistrados de la Secci¨®n primera de la Audiencia Provincial de A Coru?a, quienes, reunidos en pleno, desestimaron con argumentos contundentes (auto n.? 95/2003) la petici¨®n de sobreseimiento de la acusaci¨®n contra L¨®pez-Sors, petici¨®n efectuada ya en aquel a?o por la propia Abogac¨ªa del Estado.