La falta de plazas de trabajo social deja impunes a los maltratadores

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que se imponen como condena por delitos leves, no pueden cumplirse en su totalidad porque no hay plazas suficientes para ello, como est¨¢n denunciando jueces y abogados. El a?o pasado, a 30 de noviembre, hab¨ªan llegado a Instituciones Penitenciarias cerca de 35.400 condenas de esta clase contando s¨®lo los delitos de seguridad vial y los de violencia de g¨¦nero, y s¨®lo hay 12.000 plazas para todos los casos. Es cierto que estas plazas pueden ser ocupadas por m¨¢s de un condenado, incluso simult¨¢neamente, por turnos, pero eso no impide que en buena medida no se est¨¦n cumpliendo estas penas.

Sirven de ejemplo los casos de violencia de g¨¦nero. El a?o pasado (con datos hasta noviembre) Instituciones Penitenciarias hab¨ªa recibido 9.086 penas por este delito de las que, hasta esa fecha, se hab¨ªan cumplido 3.000. Otras 3.000, dicen, se estaban ejecutando entonces y se gestionaban unas 1.100 m¨¢s. Restaba un 30% que quedaba, como estas ¨²ltimas, a la espera.

El a?o pasado hab¨ªa 12.000 empleos y m¨¢s de 35.000 condenados

Y por violencia de g¨¦nero se dicta una ¨ªnfima parte de estas condenas. El grueso se lo llevan los delitos de seguridad vial, que sumaron 26.300 el a?o pasado. En Catalu?a, con las competencias penitenciarias transferidas, y con un ¨¦xito mayor que en el resto de Espa?a para poner en marcha estas condenas, a decir de los expertos, reconocen que s¨®lo se cumplen la mitad de ellas, por esa falta de plazas.

El C¨®digo Penal introdujo en 1995 las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y en su reforma de 2003 se ped¨ªa potenciar y mejorar la eficacia de este sistema. Est¨¢ pensado para delitos menores que se cometen por primera vez y en ausencia de antecedentes penales. Suelen ser penas aleccionadoras encaminadas a modificar la conducta del enjuiciado. Si se trata de velocidad al conducir, se les adjudican trabajos en un centro de tetrapl¨¦jicos; si de pintadas en la pared, pueden acabar limpiando con las patrullas municipales; si es un delito de tenencia de drogas, en un centro de desintoxicaci¨®n, por poner unos ejemplos. Pero en la pr¨¢ctica esto no se cumple. Es imposible por ahora, reconocen en Instituciones Penitenciarias.

Los condenados han de desempe?ar uno de estos trabajos entre 30 y 80 d¨ªas. Y hay para ello y plazo de un a?o. Si en un a?o no se ha proporcionado una plaza, el condenado se ir¨¢ de rositas. Se procura compatibilizar estas tareas con el empleo del infractor, buscando los d¨ªas, las tardes, los fines de semana m¨¢s adecuados. De ello se encargan los servicios sociales de Instituciones Penitenciarias, a veces, con demasiada benevolencia, teniendo en cuenta que estas penas no son voluntarias, hay que cumplirlas. Se han dado casos de tener plazas y no ocuparlas porque no le viene bien al penado llegar hasta un pueblo determinado o en un horario concreto. En 2005, Instituciones Penitenciarias firm¨® un acuerdo con la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) para ir incorporando ayuntamientos con el fin de procurarse plazas donde ejecutar estas condenas. En la actualidad, la FEMP ha proporcionado casi 4.300 plazas gracias a este convenio con 603 ciudades de todas las comunidades, menos Catalu?a.

Pero entre los juristas que se dedican a los casos de violencia de g¨¦nero, como ocurre en la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Malos Tratos a Mujeres, hay una especial preocupaci¨®n por "la impunidad" en que quedan muchos de estos casos. "Algunos, adem¨¢s se niegan a hacer algo y el patr¨®n no ve la forma de obligarles", afirman.

Los hombres que son enjuiciados por maltrato leve a su pareja y se avienen a la pena solicitada por el fiscal pueden acabar condenados a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Estas condenas est¨¢n pensadas para los delitos leves y sin reincidencia. Los maltratadores que no se manifiestan conformes con la pena van a juicio y si la condena es de s¨®lo unos meses, como el habitual, puede suspenderse por un programa de rehabilitaci¨®n, algo que tampoco existe en la mayor¨ªa de las comunidades, donde apenas hay cursos sin homologar y sin las caracter¨ªsticas suficientes para cumplir con lo previsto.

En Catalu?a aseguran que estas penas s¨®lo se cumplen en un 50%. Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez, magistrado del penal 21 de Ejecutorias de Barcelona, explica: "En 2008 se cumplieron unas 1.500 del total de los delitos, y el resto, qued¨® a la espera". Rodr¨ªguez asegura que no hay plazas para todos en instituciones de car¨¢cter social, como la Cruz Roja, "ni en un centro de tetrapl¨¦jicos", por poner un ejemplo.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero de los jueces (CGPJ), Inmaculada Montalb¨¢n, reconoce que siempre ha habido problemas para aplicar estas penas en beneficio de la comunidad, aunque en algunos sitios, como en Catalu?a, dice, la experiencia fue m¨¢s exitosa. Conoce los problemas de plazas que suelen darse, pero insiste en que es una pena "id¨®nea para estos hechos delictivos primarios y sin antecedentes". "Creo que deber¨ªa hacerse un esfuerzo", dice. "Si no se pueden cumplir se queda la sensaci¨®n de impunidad y eso no es bueno", a?ade Montalb¨¢n.