El Gobierno pide que se anule la elecci¨®n de la alcaldesa tr¨¢nsfuga de La Pobla
El Gobierno perseguir¨¢ a los tr¨¢nsfugas con todos los medios legales a su alcance. El Ejecutivo, a trav¨¦s de la Delegaci¨®n del Gobierno, se ha acogido a un art¨ªculo de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local para reclamar a la alcaldesa de La Pobla de Farnals y a su primer teniente de alcalde que abandonen sus cargos en el plazo de un mes.
El art¨ªculo 73 de la Ley establece que "los derechos econ¨®micos y pol¨ªticos de los miembros no adscritos no podr¨¢n ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en su grupo de procedencia". Natividad Garc¨ªa ostentaba el cargo de primer teniente de alcalde e Ignacio Lluch el de concejal de Educaci¨®n, Cultura Deportes y Comunicaci¨®n.
Tras la moci¨®n de censura del pasado 18 de octubre, aprobada en medio de una trifulca descomunal, ambos, con el apoyo de seis concejales socialistas, pasaron a ser alcaldesa y primer teniente de alcalde, respectivamente. Sus derechos pol¨ªticos eran superiores a los que les corresponder¨ªan de haber permanecido en su grupo de procedencia, el PP del que, obviamente, fueron expulsados.
Adem¨¢s, Natividad Garc¨ªa e Ignacio Lluch se incrementaron sus sueldos. La alcaldesa pas¨® de cobrar 35.584,36 euros a 41.220 y el primer teniente de alcalde registr¨® una subida salarial de m¨¢s de 3.000 euros, pasando de 13.300 a 16.800 euros. Los derechos econ¨®micos tambi¨¦n eran superiores a los que percib¨ªan en su grupo de procedencia.
Sobre esta base legal, el Ministerio de Administraciones P¨²blicas (MAP) ha reaccionado exigiendo la anulaci¨®n de los acuerdos de las sesiones en que se vot¨® primero la moci¨®n de censura y despu¨¦s la mejora de sueldos para ambos tr¨¢nsfugas.
Natividad Garc¨ªa y su compa?ero Ignacio Lluch, con el apoyo de seis concejales del PSPV, que han sido expulsados de este partido, desalojaron de la alcald¨ªa de La Pobla de Farnals al popular Jos¨¦ Manuel Peralta el pasado 18 de octubre. La alcaldesa ahora es tambi¨¦n representante en empresas municipales y preside todas las comisiones informativas. Si Garc¨ªa no responde, el Gobierno anular¨¢ ambos nombramientos.
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