Gobierno y Poder Judicial aparcan el 'caso Tirado' para frenar la huelga de togas

El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial se re¨²nen hoy por primera vez desde la confirmaci¨®n de la pol¨¦mica sanci¨®n al juez Rafael Tirado, que ha devastado las relaciones entre el Ejecutivo y el ¨®rgano de gobierno de la magistratura. Aunque el ministro Mariano Fern¨¢ndez Bermejo no estar¨¢ presente, se trata de una reuni¨®n de alto voltaje en la que se intentar¨¢ frenar la protesta de los jueces de base e impedir que el pr¨®ximo 18 de febrero se ratifique la convocatoria de huelga por las asociaciones judiciales.

Sobre la reuni¨®n de hoy planea la escalada de agravios entre ambas instituciones desde que el Poder Judicial confirm¨® la sanci¨®n a Tirado por no ejecutar la sentencia de c¨¢rcel que hubiera permitido que el presunto asesino de la ni?a Mari Luz Cort¨¦s estuviese ya en prisi¨®n. Justicia replic¨® fulminantemente con la promesa de endurecer las sanciones a los jueces. Un proyecto que ni siquiera se menciona en la agenda de la reuni¨®n de hoy, que se centrar¨¢ en el documento reivindicativo de las asociaciones judiciales para no ir a la huelga.

Los vocales pedir¨¢n que se suprima el traslado forzoso por el ascenso

El cuadro lo completan el precipitado intento del Grupo Socialista por hacer comparecer al presidente del Poder Judicial, Carlos D¨ªvar, en el Congreso, ignorando que en su condici¨®n de presidente del Tribunal Supremo tendr¨ªa que declarar sobre un asunto que acabar¨¢ en el alto tribunal. Tambi¨¦n el llamamiento de Bermejo a que el Consejo emitiese un "criterio jur¨ªdico" sobre la legalidad de una huelga de jueces, a lo que el organismo replic¨® que los criterios jur¨ªdicos los sientan los tribunales.

Pese a este clima de desentendimiento y a los sucesivos encontronazos, el Poder Judicial abriga la esperanza de que el Ministerio se comprometa hoy a estudiar algunas de las reivindicaciones de las asociaciones, singularmente el traslado forzoso de los jueces cuando ascienden a magistrados, motivo de descontento generalizado entre los escalones inferiores de la judicatura.

Fuentes judiciales explicaron que ese traslado forzoso se produce cuando el juez asciende a magistrado y lleva dos o tres a?os en una localidad en la que suele haberse acomodado. Puede renunciar al ascenso, pero eso implica el estancamiento econ¨®mico y profesional. El traslado forzoso implica casi siempre ir destinado a esas plazas "a las que no quiere ir nadie" por su peligrosidad (Pa¨ªs Vasco), desconocimiento de la lengua auton¨®mica o problemas de escolarizaci¨®n de los hijos en ese idioma (Pa¨ªs Vasco y Catalu?a), o por su lejan¨ªa (Canarias). El juez suele tener que irse solo, a veces, a la otra punta de Espa?a, pero lo pasa mal y s¨®lo piensa en cambiar de destino a la primera oportunidad.

Desde el ministerio se ha mantenido el traslado forzoso precisamente para evitar la desertizaci¨®n judicial en algunos territorios, pero las asociaciones reclaman que se incentiven esas plazas, quiz¨¢ dando alg¨²n tipo de preferencia a la hora de elegir los siguientes destinos. Adem¨¢s, las vacantes asignadas forzosamente provocan un buen n¨²mero de juzgados hundidos, de esos que cambian de juez cada a?o.

Este primer contacto se produce dos d¨ªas antes de que las juntas de jueces convocadas para el mi¨¦rcoles decidan si apoyan la huelga prevista para el 18 de febrero por los territorios de Extremadura, Murcia y Zamora. El d¨ªa 26, el ministerio se reunir¨¢ con las asociaciones.