Quejas para un paro judicial

Jueces y magistrados deciden hoy en juntas y asambleas si van a la huelga. Sobre la mesa, dos propuestas: parar el pr¨®ximo 18 de febrero sin dejar pr¨¢cticamente margen al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para atender sus reivindicaciones -como reclaman los jueces de Extremadura, Murcia, Zamora y otros 255 de todo el pa¨ªs- u organizar un acto revindicativo para ese d¨ªa y dejar la huelga para junio -como pactaron las asociaciones de jueces- si no se dan pasos en la direcci¨®n que ellos piden. Esto es lo que reclaman.

- Instauraci¨®n de la nueva oficina judicial. Superar la estructura arcaica de los juzgados y tribunales es una de las reivindicaciones hist¨®ricas de los jueces. El primer paso se dio en diciembre de 2003 cuando se aprob¨® la reforma legal que sirvi¨® de marco a la nueva oficina judicial. La nueva ley, en vigor desde enero de 2004, pretende desligar al juez de todo el trabajo administrativo (dejando la direcci¨®n burocr¨¢tica al secretario judicial) para que se dedique s¨®lo a su principal labor: resolver asuntos. Cinco a?os despu¨¦s, el desarrollo de esa norma -que implica reformar otras 15 leyes para determinar las competencias de los jueces y los secretarios judiciales en la nueva oficina-, sigue sin aprobarse. Y el proyecto de ley del Gobierno elaborado en diciembre no gusta a la judicatura porque la priva de la facultad de se?alar juicios y vistas dej¨¢ndosela al secretario. El Gobierno asegura que la nueva oficina estar¨¢ lista a principios de 2010 como piden los jueces, pero rechaza -con el apoyo del CGPJ- que sigan controlando su agenda como hasta ahora. Los magistrados piden, adem¨¢s, que se equipare el ratio de jueces por habitante a la media europea con la creaci¨®n de 1.200 nuevas plazas. "Aqu¨ª tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, mientras que en Europa tienen 20", asegur¨® la pasada semana el decano de Madrid, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol.

- Incorporaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas. Fue uno de los esc¨¢ndalos colaterales del caso Mari Luz. El pederasta que supuestamente mat¨® a la ni?a cuando ten¨ªa que estar en prisi¨®n acud¨ªa con normalidad a otros juzgados cuyos titulares, debido a los deficientes sistemas inform¨¢ticos, no pudieron conocer que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija. Cada autonom¨ªa competente en Justicia -que debe aportar los medios materiales a los juzgados de su territorio- ha creado su propio sistema inform¨¢tico y el Ministerio de Justicia aporta el suyo al resto. Justizia Bat, Cicerone, Atlante, Adriano, Minerva... Son aplicaciones mejores o peores, pero que en ning¨²n caso son compatibles entre s¨ª. La firma digital es v¨¢lida en otras Administraciones, como la tributaria o los ayuntamientos, pero un expediente judicial electr¨®nico es ciencia-ficci¨®n. Los juzgados son islas que almacenan toneladas de papeles. El ministerio acaba de dar un paso adelante en la direcci¨®n que reclaman los jueces con la instalaci¨®n de la nueva aplicaci¨®n del Registro de Penados y Rebeldes que, a partir de fin de mes, no s¨®lo incluir¨¢ sentencias firmes sino tambi¨¦n las que no lo son. En los pr¨®ximos meses esa base de datos se completar¨¢ con las medidas cautelares (prisi¨®n, fianza, ordenes de alejamiento...) y las ¨®rdenes de busca y captura que hayan dictado los ¨®rganos judiciales.

- Formaci¨®n adecuada de los funcionarios. Las Administraciones encargadas de surtir de personal a los juzgados -las comunidades competentes en Justicia y el ministerio- no cuentan con funcionarios titulares para cubrir bajas. Por esa raz¨®n, las suplencias las realizan en muchos casos personas reclutadas por los servicios de empleo (el antiguo Inem) sin ning¨²n tipo de formaci¨®n jur¨ªdica. El CGPJ aprob¨® el pasado octubre una bater¨ªa de medidas encaminadas a reducir este personal provisional y a programar cursos de formaci¨®n para los que carezcan de experiencia. El a?o pasado estaba previsto que se incorporaran 4.403 nuevos funcionarios titulares, seg¨²n dijo el ministro en mayo. En cuanto a los interinos, "se valora su experiencia, el haber aprobado alg¨²n ejercicio de la oposici¨®n o el ser licenciado en derecho", asegur¨®. Pero el ministerio s¨®lo es responsable de seleccionarlos en los territorios en los que el Estado mantiene las competencias.

- Carga m¨¢xima de trabajo razonable. El anterior Consejo aprob¨® un reglamento para calcular el n¨²mero de asuntos que deb¨ªa resolver cada ¨®rgano judicial. El sistema buscaba mejorar la productividad ya que a los jueces que superaban en m¨¢s del 20% ese n¨²mero de asuntos (denominado m¨®dulo) se les abonaba una paga adicional semestral de un 5% anual del salario bruto (unos 1.800 euros de media). Alrededor de 1.500 de los 4.500 jueces que hay en Espa?a superaban el m¨®dulo, hasta que el Supremo, en una sentencia de febrero de 2006 de la que fue ponente Margarita Robles -ahora vocal del Poder Judicial-, anul¨® el sistema. A la espera de que se apruebe uno nuevo -que las asociaciones quieren desligar de la productividad- los m¨®dulos se siguen usando para medir la carga de trabajo a la hora de evaluar retrasos o responsabilidades disciplinarias o para pedir nuevos ¨®rganos.

- Sustituciones por jueces titulares. Uno de cada 10 jueces es sustituto, juristas procedentes de la abogac¨ªa o la Universidad con menos formaci¨®n que los titulares -ni oposici¨®n ni Escuela Judicial- seleccionados por los Tribunales Superiores. La ley dice que su funci¨®n debe ser "excepcional" pero en Catalu?a (que aporta pocos jueces), Euskadi (por ETA) y Canarias (por su lejan¨ªa) se han convertido en la regla. "Muchos ¨®rganos est¨¢n permanentemente cubiertos por sustitutos", seg¨²n Mercedes Izquierdo, vicepresidenta de la asociaci¨®n que los une. Una de las razones de la alta interinidad es la feminizaci¨®n de la carrera y el aumento de maternidades y excedencias para cuidar a los hijos.

- Conciliaci¨®n entre la vida laboral y la familiar.

La supresi¨®n del traslado forzoso es una de las medidas que, en este campo, el Consejo ha arrancado al Ministerio. En toda la vida laboral de los jueces s¨®lo existe un traslado de este tipo. Se produce cuando ascienden a magistrado, a los tres a?os de ejercicio.