Esp¨ªas: ni auton¨®micos ni aut¨®nomos

En m¨¢s de una ocasi¨®n alg¨²n pol¨ªtico auton¨®mico, en el curso de una conversaci¨®n informal, me ha preguntado si ser¨ªa posible dise?ar y crear un "peque?o" servicio de inteligencia en su comunidad aut¨®noma para "conocer un poco qu¨¦ sucede". La respuesta siempre ha sido la misma: no. Porque la existencia de servicios de inteligencia auton¨®micos -el propio nombre ya chirr¨ªa- es un aut¨¦ntico dislate, por muchos y variados fundamentos.

Constitucionalmente, las comunidades aut¨®nomas (CC AA) no tienen competencias para crear servicios de inteligencia, ni tampoco las tienen en las grandes ¨¢reas objeto de atenci¨®n de los esp¨ªas como son las relaciones internacionales, la Defensa y las Fuerzas Armadas, que son asuntos exclusivos del Estado. De hecho, la propia competencia en materia de seguridad p¨²blica tambi¨¦n es del Estado, sin perjuicio de la creaci¨®n de polic¨ªas auton¨®micas. Pero a estas polic¨ªas, tras algunas -no siempre claras- sentencias del Tribunal Constitucional, no es posible atribuirles las labores de inteligencia.

Este tipo de tramas paralelas busca algo tan perverso como la muerte civil y pol¨ªtica del espiado

El CNI est¨¢ sujeto al triple control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial

Conceptualmente, es absurda la creaci¨®n de servicios secretos auton¨®micos, ya que si hablamos de una amenaza tan grave que requiere de inteligencia es que ¨¦sta desborda el ¨¢mbito auton¨®mico y, por tanto, pasa a ser un problema de toda la naci¨®n y objetivo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aqu¨ª incluimos la protecci¨®n de personalidades, ¨¢mbito en el que informativamente puede ser auxiliado por el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa.

Operativamente, es balad¨ª la creaci¨®n de tales servicios en las comunidades aut¨®nomas, ya que la inteligencia de calidad es muy cara y dif¨ªcil de obtener. Sin duda, el CNI estar¨¢ siempre en mejores condiciones de obtenerla, sobre todo si consideramos que las comunidades que con m¨¢s claridad podr¨ªan necesitar inteligencia son, precisamente, aqu¨¦llas donde ya existe un mayor despliegue del CNI.

No niego que la gesti¨®n de algunas comunidades sea compleja, pero los Gobiernos aut¨®nomos est¨¢n sujetos al principio de cooperaci¨®n entre Administraciones que engrasa el funcionamiento multinivel de un Estado como el espa?ol. No hay ni un ¨¢mbito objetivo de competencias que justifique la existencia de estas estructuras ni una l¨®gica operativa que la respalde.

Es cierto que en Alemania, los l?nder pueden crear un servicio de inteligencia para la defensa de la Constituci¨®n de cada land. Sin embargo, no es posible hacer un paralelismo para justificar un hipot¨¦tico servicio de protecci¨®n de un determinado estatuto de autonom¨ªa, puesto que ¨¦ste no es una norma aislada, sino integrada, como ley org¨¢nica que es, en el bloque de constitucionalidad del Estado. La Ley del CNI de 2002 refiere hasta en tres ocasiones los principios de colaboraci¨®n y cooperaci¨®n, para lo que incluso crea una Comisi¨®n Delegada que ha de coordinar a todas las estructuras implicadas. Por tanto, hay un perfecto encaje legal para aprovechar el potencial de otras organizaciones y canalizarlo hacia las CC AA en el seno de la comunidad de inteligencia.

El espionaje pol¨ªtico en Espa?a fue muy intenso durante el franquismo y la Transici¨®n. En 1978, el propio CESID, antecesor del CNI, fue sorprendido en un renuncio siguiendo a varios pol¨ªticos y jueces. La disculpa fue que estaba actualizando su base de datos de personalidades del Estado; pero esta situaci¨®n lleg¨® a ser tan preocupante que, el 11 de noviembre de 1981, el presidente Calvo-Sotelo tuvo que llamar al orden a los Ministerios de Defensa e Interior para que dejasen sus pugnas internas y respetasen al poder pol¨ªtico. A partir de entonces, se han vivido algunos casos de espionaje pol¨ªtico. En 1985 se descubri¨® que una unidad secreta de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa efectuaba un seguimiento a partidos pol¨ªticos. Y en 1995 se revel¨® otro caso que habr¨ªa tenido como objetivo al Rey y otras personalidades del Estado.

Los perniciosos efectos que estos episodios tuvieron sobre nuestra vida pol¨ªtica provocaron que se reforzara el control de la actividad de los esp¨ªas ante la enorme capacidad que ¨¦stos tienen para penetrar en la esfera ¨ªntima del ciudadano. As¨ª, en los ¨²ltimos a?os se ha avanzado en tres instrumentos: fijaci¨®n de objetivos por parte del Gobierno a trav¨¦s de la Directiva de Inteligencia; autorizaci¨®n judicial previa para la interceptaci¨®n de comunicaciones o entrada en domicilios, y supervisi¨®n en la Comisi¨®n de Secretos Oficiales; esto es, los tres poderes del Estado se implican en su control. Estas garant¨ªas quedan claramente fuera de las posibilidades de un Gobierno aut¨®nomo. En caso de que alguno de ellos generara este tipo de servicio se vivir¨ªa una fuerte tendencia a la desviaci¨®n y el comportamiento aut¨®nomo.

De confirmarse el caso de espionaje que sacude a Madrid, podr¨ªa poner en evidencia la existencia de una estructura similar a las conocidas como agencias de seguridad independientes, como la Organizaci¨®n Contrasubversiva Nacional (OCN) dirigida por San Mart¨ªn y que permaneci¨® opaca entre 1968 y 1972, cuando se convirti¨® en el Servicio Central de Documentaci¨®n (SECED). Estas agencias tienen una caracter¨ªstica muy precisa. Hacia el exterior combaten la disidencia, pero internamente, son creadas y usadas por una parte de la ¨¦lite pol¨ªtica contra otra parte de la misma. Justifican su acci¨®n en la protecci¨®n de unos supuestos intereses superiores -en el caso madrile?o, tramas de corrupci¨®n en ayuntamientos- o, en el m¨¢s delirante de los supuestos, para garantizar la seguridad del propio espiado. Estos intereses superiores que dicen proteger son interpretables por ellos mismos -y por el propio funcionario-, ya que no hay un mandato pol¨ªtico expreso. En Estados Unidos, Hoover, al frente del FBI, ampli¨® su definici¨®n de lo que era la amenaza comunista para incluir en ella a artistas y homosexuales.

Hace algunas d¨¦cadas, estas estructuras recurr¨ªan a asesinatos o detenciones ilegales como ¨²ltimo recurso para destruir a sus opositores. En 2009, en un Estado democr¨¢tico y de derecho, esto ya no se practica, pero s¨ª algo igualmente perverso: la muerte civil y pol¨ªtica del espiado. Porque la informaci¨®n que se recopila no difiere de la de entonces. Un vistazo a los informes de espionaje pol¨ªtico de los a?os setenta en nuestro pa¨ªs muestra una casu¨ªstica muy concreta: homosexualidad, infidelidad conyugal, fumar porros o viajar al extranjero a cargo del erario p¨²blico, temas que m¨¢s que reflejar "vulnerabilidades" del espiado manifiestan el perfil psicol¨®gico de quien ordena el espionaje.

Lo preocupante de estas estructuras es que s¨®lo son posibles cuando previamente ya ha fraguado la existencia de dos tipos de Estado: el formal-legal y el encubierto. En ese Estado encubierto, las agencias paralelas pueden sobrevivir si consiguen quedar fuera del escrutinio del Legislativo, algo que logran por una doble v¨ªa. Por una parte, difumin¨¢ndose en los organigramas p¨²blicos; por otra, contando con suficientes recursos econ¨®micos fuera del presupuesto p¨²blico, para lo que acuden a actividades il¨ªcitas, fondos de reptiles o aportaciones interesadas. Precisamente porque estas redes surgen en un entorno de d¨¦bil cultura democr¨¢tica y escasa supervisi¨®n de la labor pol¨ªtica, de confirmarse el espionaje, la Asamblea de Madrid deber¨ªa hacer una profunda reflexi¨®n sobre c¨®mo est¨¢ realizando la supervisi¨®n y el control de la acci¨®n pol¨ªtica del Gobierno de la Comunidad y del trabajo de su Administraci¨®n.

Entre particulares, la confecci¨®n de dossiers para saber lo que hace el adversario o el competidor, y tomar as¨ª ventaja, es tan vieja como el mundo. La situaci¨®n cambia sustancialmente cuando hablamos de poderes p¨²blicos cuyos responsables juran cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jur¨ªdico. De ser cierta esta trama en Madrid, estaremos ante una regresi¨®n en el Estado democr¨¢tico y de derecho, y en la calidad de nuestra democracia. Sin duda, espiar ilegalmente desde el seno de las propias instituciones democr¨¢ticas es un hecho aberrante que rompe todos los pactos de convivencia entre competidores pol¨ªticos establecidos durante la Transici¨®n.

El mismo Robespierre muri¨® decapitado por la acci¨®n de su polic¨ªa de seguridad, ya que ¨¦sta acaba tomando vida propia si perdura lo suficiente, puesto que tiene la capacidad para ir redefiniendo cu¨¢les son las "amenazas" y qui¨¦nes son los "enemigos", y adem¨¢s cuenta con sus propios medios de financiaci¨®n. En Madrid, figuradamente, tambi¨¦n rodar¨¢n cabezas; cuando sepamos las de qui¨¦nes, sabremos qu¨¦ parte de la ¨¦lite sali¨® vencedora.

Antonio M. D¨ªaz Fern¨¢ndez es profesor de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad de Burgos y autor de Los servicios de inteligencia espa?oles.