Costas menos protegidas

Tras el anuncio de la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa, la revisi¨®n de algunas pol¨ªticas desarrolladas durante la anterior legislatura ha llegado a Medio Ambiente. El Gobierno ha decidido suavizar la aplicaci¨®n de la Ley de Costas a trav¨¦s de la reforma de la Ley de Navegaci¨®n Mar¨ªtima. La principal modificaci¨®n consiste en autorizar la compraventa de inmuebles construidos en dominio p¨²blico. Se mantiene, sin embargo, la concesi¨®n de 30 a?os establecida en la normativa anterior y avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1991.

El Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona, ahora integrado en el de Agricultura, no endureci¨® la Ley de Costas, aprobada en 1988, sino que intent¨® garantizar su cumplimiento impulsando la delimitaci¨®n del dominio p¨²blico en el litoral. Las limitaciones a la compraventa de las viviendas en situaci¨®n irregular, unas 45.000 en la Pen¨ªnsula y las islas, impulsaban los precios a la baja y, por tanto, favorec¨ªan la recuperaci¨®n del dominio p¨²blico por parte del Estado. Con la nueva normativa, la Administraci¨®n se reserva un derecho de tanteo durante tres meses al expirar la concesi¨®n de 30 a?os, pero se arriesga a afrontar precios m¨¢s altos en el momento de la expropiaci¨®n, haci¨¦ndola inviable por razones presupuestarias.

Este cambio en apariencia menor, y llevado a cabo mediante un atajo legislativo, puede significar, en la pr¨¢ctica, la convalidaci¨®n de los desastres urban¨ªsticos perpetrados desde que comenz¨® el auge tur¨ªstico y acentuados durante la fiebre inmobiliaria de la ¨²ltima d¨¦cada. En el ¨¢nimo del Gobierno parecen haber pesado las presiones de los propietarios, muchos de ellos brit¨¢nicos y alemanes que han contado con el apoyo de sus embajadas.

Si exist¨ªan razones de fondo para llevar a cabo este giro en materia medioambiental, el Gobierno tendr¨ªa que haberlas explicado y haber obrado en consecuencia, reformando la Ley de Costas y no recurriendo a la modificaci¨®n de la Ley de Navegaci¨®n Mar¨ªtima. Son muchos los intereses p¨²blicos y particulares afectados por este cambio, que contradice en parte el compromiso con el medio ambiente expresado por el Gobierno. Puede que en esta legislatura haya querido reordenar sus prioridades, pero esa decisi¨®n exig¨ªa un esfuerzo de explicaci¨®n y de transparencia que en este caso redundar¨ªa, adem¨¢s, en una mayor seguridad jur¨ªdica.