Menores desprotegidos

El Gobierno no ha podido permanecer impasible, a pesar de ser materia que compete a las autonom¨ªas, ante la gravedad de la situaci¨®n de un buen n¨²mero de centros de menores que describe el Defensor del Pueblo en su informe anual remitido al Parlamento. La ministra de Educaci¨®n, Mercedes Cabrera, ha solicitado la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado ante hechos que pueden vulnerar la Ley de Protecci¨®n del Menor y posiblemente hasta el C¨®digo Penal.

No son pocas las veces que el Defensor del Pueblo se ha hecho eco de graves anomal¨ªas en el funcionamiento de los centros de menores. Pero nunca hab¨ªa realizado una investigaci¨®n tan amplia -27 centros de los 58 existentes- como exhaustiva sobre los m¨¦todos "educativos" y "terap¨¦uticos" empleados; el diagn¨®stico no puede ser m¨¢s alarmante: recurso frecuente al castigo corporal, a la medicaci¨®n descontrolada, al aislamiento en sitios cerrados y a la violaci¨®n generalizada de la intimidad epistolar y telef¨®nica. Ni?os y adolescentes desarraigados o con "trastornos de conducta", respecto de los que las Administraciones asumen un deber de tutela y de ayuda terap¨¦utica y educativa, se ven sometidos a un r¨¦gimen de vida incluso m¨¢s duro del que rige en los centros de internamiento de menores delincuentes.

De los 27 centros investigados por el Defensor del Pueblo, 25 tienen encomendada la gesti¨®n a entidades privadas, la mayor¨ªa sin ¨¢nimo de lucro. Te¨®ricamente es irrelevante que la gesti¨®n sea p¨²blica o privada, siempre que se cumplan los objetivos de tratamiento de la ley y exista la adecuada supervisi¨®n de la Administraci¨®n aut¨®noma. El informe del Defensor del Pueblo apunta a lo contrario: no se cumplen o se vulneran los objetivos de la ley, y la supervisi¨®n de la Administraci¨®n aut¨®noma brilla por su ausencia. Quiz¨¢s porque en no pocos casos la cesi¨®n no es transparente y tiende a degradar el servicio con sucesivas contratas a empresas del mismo grupo de la adjudicataria de la gesti¨®n.

El informe del Defensor del Pueblo no debe ser un grito en el desierto. Lo debe o¨ªr el Gobierno, al que ata?e la aplicaci¨®n de una ley estatal como la del menor. Y, sobre todo, los Gobiernos aut¨®nomos que asumen la responsabilidad directa de su gesti¨®n y los fiscales de menores, a los que la ley atribuye la defensa de sus derechos. Ninguno queda en buen lugar.