El m¨²sico se apiada del 'mantero'

Un paisano le prest¨® a Seri?e el trozo de tela con cuerdas cruzadas. Otros cuantos, unos 20 DVD. As¨ª comienza la historia de cualquier mantero, casi siempre africano, reci¨¦n llegado, que no conoce el pa¨ªs ni el idioma. Es el cuento de nunca acabar sobre las promesas de ¨¦xito en Europa y la realidad de los sin papeles. Con la manta a cuestas, se abren paso los d¨ªas de incertidumbre y de carreras delante de la polic¨ªa. Cuando les detienen, la condena puede llevarles a la c¨¢rcel.

Actualmente hay en prisi¨®n 62 personas por delitos contra la propiedad intelectual. La mayor¨ªa, manteros, seg¨²n Instituciones Penitenciarias. "En la pr¨¢ctica son el 100%", aseguran varios juristas. Estos vendedores ambulantes tienen condenas de seis meses a dos a?os de c¨¢rcel, m¨¢s multas que llegan a los 3.000 euros.

Hay 62 personas en prisi¨®n por delitos contra la propiedad intelectual

El a?o pasado se bajaron de la Red casi 1.900 millones de canciones

Este delito es m¨¢s punible que matar a alguien en un accidente de tr¨¢fico

Los vendedores son multados, encarcelados o expulsados

Una plataforma quiere sacar la venta ambulante del C¨®digo Penal

"Es un negocio de pobres para pobres", dice un magistrado

Para muchos las penas impuestas a los vendedores son desproporcionadas. Por eso, y con vistas al debate que se abrir¨¢ en el Parlamento para la reforma del C¨®digo Penal en marzo, un grupo de jueces, abogados, artistas y asociaciones de apoyo a los inmigrantes se han unido en una plataforma por la despenalizaci¨®n de los manteros. "Reclamamos un replanteamiento de la pol¨ªtica criminal y penal, porque estamos criminalizando la pobreza", dice Ram¨®n S¨¢ez, magistrado de la Audiencia Nacional.

El perjuicio que para la industria discogr¨¢fica y audiovisual supone la pirater¨ªa es indudable y va en aumento. Seg¨²n la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la p¨¦rdida del mercado musical en 2008 fue del 14% respecto al a?o anterior y la venta de discos han bajado un 75% desde 2000. En 2008 se bajaron de la Red 345 millones de pel¨ªculas y casi 1.900 millones de canciones, seg¨²n la Entidad de Gesti¨®n de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la SGAE. Pese al exponencial aumento de las descargas (116% desde 2006), la pirater¨ªa f¨ªsica disminuye en favor de las descargas por particulares, que no son hoy perseguibles por la v¨ªa penal.

Para la Asociaci¨®n de Cantantes y Autores de M¨²sica (ACAM), la venta de pirater¨ªa va m¨¢s all¨¢ de lo que supone el perjuicio econ¨®mico. Teo Cardalda, cantante del grupo C¨®mplices y presidente de la asociaci¨®n, afirma que "la venta ilegal del top manta no es tanto un da?o econ¨®mico como moral y social. A nadie le gusta ver c¨®mo aquello por lo que pagaba un d¨ªa, al siguiente pasa a no valer nada porque unas personas se dedican a venderlo por la calle y en los bares, ilegalmente".

Si se compara con otros delitos, la sanci¨®n por vender en el top manta es mayor que la que se impone a alguien que mata a otra persona mientras manipula un arma de fuego, alguien que defrauda 4.000 euros a la Hacienda o alguien que robe un coche valorado en menos de 400 euros, seg¨²n la plataforma.

Entre quienes est¨¢n de acuerdo con el C¨®digo Penal est¨¢n principalmente algunos artistas y las asociaciones de gesti¨®n de la propiedad intelectual. La SGAE y Egeda abanderan la lucha. A Octavio Dapena, director adjunto de Egeda, no le parece oportuno reducir las penas. Fuentes de la SGAE prefieren "no entrar en pol¨¦mica sobre las sanciones".

Para cientos de subsaharianos, el top manta es la ¨²nica opci¨®n de subsistir. "No quiero robar. Quiero ganarme la vida honradamente y la gente se aprovecha. Estuve un mes recolectando mandarinas y s¨®lo me pagaron 150 euros, en otra ocasi¨®n trabaj¨¦ para un hombre y no me pag¨®", cuenta Seri?e, que ha dejado en Senegal a su mujer, tres hijos, sus padres y hermanos. Todos dependen casi exclusivamente de ¨¦l. "Soy el hijo mayor, mis padres ya no pueden trabajar y les tengo que ayudar. Esto me carga, est¨¢ todo el d¨ªa en mi cabeza".

Seri?e lleva unos meses viviendo con la asociaci¨®n jesuita Pueblos Unidos y ha dejado la venta ambulante. Desde entonces, dice, se siente mucho mejor. "Me mandaron al psic¨®logo porque ya no pod¨ªa ni dormir de los nervios, desde que lo dej¨¦ tambi¨¦n ha cambiado mi aspecto, estoy m¨¢s feliz y tengo esperanza, porque la hab¨ªa perdido toda". Muga, uno de los asesores en la asociaci¨®n Sin Papeles, que ha atendido unas 90 causas junto a un peque?o grupo de letrados, lo corrobora: "Estar vendiendo les genera una gran tensi¨®n, algunos tienen que medicarse".

Quienes probablemente no necesitan medicaci¨®n son los particulares y las mafias que mueven cantidades ingentes de productos piratas. No obstante, Muga asegura que estas mafias tambi¨¦n van a menos: "Ahora cualquiera puede montarse un peque?o laboratorio en casa y sacar pel¨ªculas para unos cuantos vendedores".

La sentencia que la Audiencia Provincial de Madrid impuso a Mor Ndiaye, un senegal¨¦s condenado a 1.250 euros de multa y ocho meses de prisi¨®n sustituibles por 10 a?os de expulsi¨®n del espacio Schengen (de libre circulaci¨®n por la Uni¨®n Europea), dio lugar en octubre pasado a una campa?a en favor de su indulto, que organizaron las asociaciones Ferrocarril Clandestino y Sin Papeles, esta ¨²ltima ¨ªntegramente compuesta por inmigrantes irregulares. Desde ese momento, ¨¦stas y otras asociaciones han dado apoyo social y jur¨ªdico a los cientos de extranjeros acusados por este delito.

Los miembros de la plataforma por la despenalizaci¨®n del top manta, entre los que se encuentran artistas como Guillermo Toledo, La Mari de Chambao o Mar¨ªa Dolores Pradera, han recogido ya m¨¢s de 7.000 firmas y han creado un documento llamado Escenarios jur¨ªdicos para la defensa de las personas excluidas que venden CD, DVD y otros objetos sobre sus mantas para sobrevivir y otras personas en su situaci¨®n de exclusi¨®n social, que ofrece argumentos a favor de los manteros para los abogados que traten estas causas. Con ¨¦l y las propuestas de alternativas (que abogan por reducirlo a falta o sacarlo del C¨®digo Penal y convertirlo en falta administrativa) se han visto con varios grupos parlamentarios (PNV, IU, ERC, CIU) que les han asegurado que presentar¨¢n una enmienda a la reforma del C¨®digo Penal.

"Son muy buenas palabras pero ya se ver¨¢, el Partido Popular ha dicho que depende de los socialistas por el Pacto de Justicia, y con el PSOE a¨²n no hemos hablado, pero yo conf¨ªo en que haya voluntad pol¨ªtica", afirma F¨¦lix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo y perteneciente a la plataforma.

Las sanciones por delitos contra la propiedad intelectual se agravaron en la reforma del C¨®digo Penal realizada en 2003. Hasta entonces se trataba de un delito privado, es decir, los vendedores de top manta no pod¨ªan ser detenidos a menos que fuesen denunciados por el titular del derecho (un artista o sociedad de gesti¨®n). La polic¨ªa s¨®lo pod¨ªa requisarles la mercanc¨ªa. Por la presi¨®n de sociedades de gesti¨®n de derechos musicales y audiovisuales como la SGAE, Egeda o ACAM, apoyados por artistas como Ramonc¨ªn o Mar¨ªa Jim¨¦nez, la vulneraci¨®n de la propiedad intelectual se convirti¨® en un delito p¨²blico recogido en el art¨ªculo 270 del C¨®digo Penal. "Hemos puesto a los fiscales, pagados con los impuestos de todos, a defender intereses privados", critica Muga.

Aparte de los vendedores que son encarcelados, muchos otros son directamente deportados o recluidos en centros de internamiento de extranjeros (CIE), paso normalmente previo a su expulsi¨®n. "Algunas de las veces que me pillaron me iban a meter en un CIE, pero al final no hab¨ªa plazas", recuerda Seri?e con alivio. Las consecuencias para la inmigraci¨®n de las sanciones por la venta de CD y DVD son incalculables.

Alioune Diagne, senegal¨¦s, sali¨® de prisi¨®n en enero tras un a?o en la c¨¢rcel de Aranjuez. Hab¨ªa sido condenado en la primera causa a la que se enfrentaba y, como extranjero sin papeles, no pudo acogerse a las opciones existentes para los espa?oles o residentes legales, como la sustituci¨®n de la pena por multa o la suspensi¨®n de la pena privativa de libertad para condenas menores de dos a?os (recogidas en los art¨ªculos 80, 87 y 88 del C¨®digo Penal). "Los inmigrantes irregulares est¨¢n expuestos a un mayor rigor de la Justicia por la sustituci¨®n de la condena por expulsi¨®n y la dificultad casi absoluta de suspender la pena privativa de libertad aun en condenas muy cortas", afirma Santiago Torres.

"Hay un desfase en el derecho penal y civil entre la protecci¨®n del derecho de propiedad intelectual y el delito. Es necesario cambiar el Derecho pero, ?hacia d¨®nde?", se pregunta Paloma Llanesa, abogada especialista en nuevas tecnolog¨ªas. La letrada piensa que "deber¨ªa haber una mayor capacidad para valorar la condena porque el derecho penal debe ser el ¨²ltimo recurso de la sociedad para defenderse". La cuesti¨®n es cu¨¢l es el bien jur¨ªdico que quiere protegerse y c¨®mo, hasta d¨®nde llega la propiedad intelectual. Para Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 32 de Madrid, "el derecho de propiedad intelectual no es absoluto, no hay unanimidad. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene el l¨ªmite en el fare use, el uso justo de la transmisi¨®n de la cultura a todas las capas sociales. En Espa?a cada vez se est¨¢ extendiendo m¨¢s esta corriente".

El delito existe pero el sistema no funciona. "Detener y condenar a los inmigrantes que se dedican a la venta ambulante de CD y DVD no termina con la pirater¨ªa, igual que acabar con quienes menudean con droga no termina con el narcotr¨¢fico", apunta Llanesa. La SGAE asegura que "nunca han alentado la persecuci¨®n de los manteros" y que "la pirater¨ªa f¨ªsica se est¨¢ convirtiendo en algo residual". La evoluci¨®n en este sentido es esclarecedora. En 2002 en Madrid, ciudad que se sit¨²a a la cabeza de Espa?a en este ¨¢mbito, la cantidad de descargas particulares igualaba a la de ventas piratas. En 2005, ¨²ltimo a?o del que la SGAE ofrece datos, la pirater¨ªa f¨ªsica hab¨ªa pasado a constituir un 10% del total de vulneraciones a la propiedad intelectual. "Es un negocio minoritario, de pobres para pobres, hoy d¨ªa todo el mundo tiene Internet", alega S¨¢ez.

Para Rafael S¨¢nchez, de Egeda, el delito es incuestionable: "Despenalizar a los manteros es como hacerlo con los atracadores de bancos. Es un problema que afecta a las clases m¨¢s bajas, pero es que siempre pagamos los mismos, el cine y la m¨²sica. Yo entonces le pregunto a la plataforma por qu¨¦ no defiende que los inmigrantes puedan robar".

Los argumentos de quienes piden la despenalizaci¨®n giran en torno a la situaci¨®n social actual. "Hay que dar una respuesta adecuada al escaso valor social de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y a la situaci¨®n personal de los vendedores ambulantes", explica R¨ªos, "olvidar estos aspectos y acudir para todo al sistema penal nos empeque?ece como personas, esclerotiza nuestra democracia, se colapsan in¨²tilmente las instituciones y acabamos todos salpicados de indignidad". La plataforma, Ferrocarril Clandestino y la Asociaci¨®n Sin Papeles de Madrid han convocado para esta tarde a las ocho una manifestaci¨®n en Lavapi¨¦s por la despenalizaci¨®n del top manta.

Lo que suele sacar un mantero no va m¨¢s all¨¢ de los 300 euros al mes, "para pagar la comida y el alquiler", defiende Seri?e. Mientras trabajaba en el top manta, tuvo que vivir en la calle y en casas abandonadas cuando no le llegaba para pagar el alquiler. "Sacamos entre 10 y 15 euros al d¨ªa, y si cada dos o tres semanas la polic¨ªa nos requisa todo lo que llevamos, imag¨ªnate", comenta otro trabajador de la manta. Seri?e y sus compa?eros son el ¨²ltimo eslab¨®n de la cadena. "No es justo que se discrimine al escal¨®n m¨¢s bajo de la pirater¨ªa, porque esto afecta a aspectos de mera humanidad, es muy duro hacer caer el peso de la ley sobre alguien que intenta sobrevivir y no sobre los falsificadores", indica Torres.

En Europa, la normativa sobre represi¨®n de la distribuci¨®n minorista de productos amparados por derechos de autor sin la correspondiente licencia del autor, o, lo que es lo mismo, el top manta, es dispar. Torres indica que, seg¨²n los estudios que miembros de la plataforma han realizado, "no hay equivalencias en los c¨®digos penales alem¨¢n, italiano, suizo y franc¨¦s a nuestro art¨ªculo 270 del C¨®digo Penal". No obstante, "la normativa de la Uni¨®n Europea prev¨¦ la posibilidad de que las legislaciones nacionales definan delitos e impongan sanciones penales para proteger los derechos de autor". S¨®lo en Reino Unido, afirma Torres, existe "una persecuci¨®n penal similar a la espa?ola, con condenas que van desde los seis meses de prisi¨®n o multa, o ambas, hasta los 10 a?os de prisi¨®n para las figuras m¨¢s graves".

La ley debe ir colgada de la percha de la justicia. Ser¨¢ el Parlamento quien tendr¨¢ que decidir c¨®mo combatir un conflicto cambiante y con culpables muy dif¨ªciles de definir.