"D¨¢divas y sobornos a autoridades"
Correa mont¨® un complejo entramado que se extend¨ªa a para¨ªsos fiscales - El juez indaga a cargos p¨²blicos y funcionarios que recibieron "regalos o dinero"
El juez Baltasar Garz¨®n ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigaci¨®n. En el auto por el que la pasada madrugada envi¨® a prisi¨®n a los tres cabecillas de la trama de corrupci¨®n -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine S¨¢nchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades p¨²blicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma com¨²n y frecuente, las d¨¢divas y sobornos a funcionarios y autoridades p¨²blicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos p¨²blicos, pero Garz¨®n especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas d¨¢divas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.
El juez dej¨® libre a ?lvaro P¨¦rez, que deber¨¢ ir al juzgado cada semana
El grupo ten¨ªa un piso de seguridad donde guardaba papeles sensibles
Seg¨²n el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes ten¨ªan responsabilidades en las ¨¢reas que coincid¨ªan con los intereses econ¨®micos del grupo organizado, y as¨ª obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas pr¨¢cticas".
Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudaci¨®n fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en para¨ªsos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "t¨¦cnicas de ingenier¨ªa financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panam¨¢, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados.
Adem¨¢s, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dud¨® en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.
El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alem¨¢n, G¨¹rtel, da nombre a la operaci¨®n policial-, mont¨® una estructura de empresas en Espa?a a la que superpon¨ªa otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en para¨ªsos fiscales. Precisamente, los fondos proced¨ªan de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades espa?olas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital.
Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por espa?oles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.
Correa, seg¨²n el auto del juez, utiliz¨® testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jur¨ªdicos en su estrategia de ocultaci¨®n, mientras realizaba operaciones en pa¨ªses tan dispares como China, Azerbaiy¨¢n, Colombia, Panam¨¢ o Estados Unidos.
Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar d¨¢divas a funcionarios p¨²blicos con el fin de obtener un provecho econ¨®mico para ¨¦l y el grupo que dirige o para conseguir la paralizaci¨®n de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".
El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panam¨¢ y ten¨ªa previsto abandonar en breve Espa?a, por lo que la polic¨ªa aconsej¨® al juez que precipitase las detenciones.
Tambi¨¦n dio instrucciones a su primo Antoine S¨¢nchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal.
El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gesti¨®n del patrimonio personal de Correa y "codise?a con ¨¦ste la estrategia de ocultaci¨®n de fondos del mismo".
Asimismo, Garz¨®n le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios p¨²blicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades espa?olas para obtener tratos de favor o la concesi¨®n de eventos a los que se dedica el grupo".
Uno de los aspectos que denotan el car¨¢cter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el env¨ªo de transferencias a trav¨¦s de los fondos de que disponen en Suiza desvincul¨¢ndolos de su origen".
La organizaci¨®n, seg¨²n se describe en la resoluci¨®n judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Mart¨ªnez Campos, 32, 7?, puerta sexta, de Madrid] donde, adem¨¢s de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4? izquierda, de Madrid".
El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Adem¨¢s, Crespo dio ¨®rdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los m¨®viles porque los tel¨¦fonos estaban intervenidos.
El juez afirma tambi¨¦n que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendi¨¦ndose a todas las personas que ya est¨¢n imputadas, puede afectar a un mayor n¨²mero". Es decir, la operaci¨®n sigue abierta y va para largo.
Por otro lado, ayer declar¨® ante el juez, en calidad de imputado, ?lvaro P¨¦rez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculaci¨®n con la trama de corrupci¨®n en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisi¨®n ni fianza para ¨¦l, seg¨²n explic¨® su abogada, ?ngela Coquillat. El juez, por tanto, le dej¨® en libertad, aunque con la obligaci¨®n de presentarse semanalmente en el juzgado m¨¢s pr¨®ximo a su domicilio.
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