Costas manda parar Fertiberia por contaminar la marisma de Huelva
La planta de fertilizantes, de 370 empleados, llama imprudente al ministerio - En 40 a?os ha vertido al aire libre 70 millones de toneladas de residuos
Fertiberia, empresa propiedad del Grupo Villar Mir, ha colmado la paciencia del Ministerio de Medio Ambiente. Tras acumular unos 70 millones de toneladas de fosfoyesos (un residuo radiactivo de la producci¨®n de fertilizante) en la marisma del r¨ªo Tinto, junto a Huelva capital, la direcci¨®n general de Costas ha enviado un escrito a la empresa para que paralice de inmediato el vertido, que se realiza en dominio p¨²blico y en contra de una sentencia de la Audiencia Nacional y de ecologistas como Greenpeace y WWF Espa?a. En la pr¨¢ctica, lo que significa es el cierre de planta, cuyas balsas est¨¢n a 500 metros de Huelva.
Pero su director, Roberto Ib¨¢?ez, afirm¨® ayer que no cumplir¨¢ esta resoluci¨®n. "Pensamos que quien debe fallar es el Supremo". "Ser¨ªa imprudente cerrar ahora porque esperamos que el Supremo nos d¨¦ la raz¨®n y entonces no podr¨ªamos hacer nada". El Alto Tribunal ya rechaz¨® en enero pasado suspender cautelarmente la paralizaci¨®n.
"Dado que [...] Fertiberia no ha presentado ning¨²n plan de actuaci¨®n que se ajuste a las condiciones" establecidas por el ministerio, Costas le impone "el cese definitivo de las actividades que desarrolla en dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre objeto de la concesi¨®n caducada, al carecer de t¨ªtulo jur¨ªdico suficiente para ello". Ese par¨®n deber¨¢ "materializarse mediante un sistema que permita una f¨¢cil e inmediata comprobaci¨®n de la ausencia de actividad en la zona". Adem¨¢s, le da dos meses para que presente un plan de "regeneraci¨®n ambiental" de los terrenos.
La dictadura franquista concedi¨® en 1967 y 1968 dos permisos a Fertiberia para ocupar 720 hect¨¢reas en la margen derecha del R¨ªo Tinto. All¨ª pod¨ªa acumular los fosfoyesos, subproductos de la fabricaci¨®n del ¨¢cido fosf¨®rico que se usa como fertilizante. En noviembre de 2003, Medio Ambiente declar¨® que la concesi¨®n hab¨ªa caducado por incumplir las condiciones -en vez de apilar los tres metros de residuos que le permit¨ªa la concesi¨®n, la empresa acumulaba m¨¢s de 20-. Fertiberia llev¨® el caso a los tribunales y en junio de 2007, la Audiencia Nacional dio la raz¨®n a Medio Ambiente. La empresa recurri¨® al Supremo y pidi¨® suspender cautelarmente la ejecuci¨®n de la sentencia. El alto tribunal lo desestim¨® en enero pasado.
Desde entonces, el Gobierno reclama a la empresa un plan para reducir progresivamente el vertido y de regeneraci¨®n de la zona. Fertiberia comenz¨® a dar largas al plan de cierre. En los sucesivos escritos remitidos en 2008 a Costas siempre propon¨ªa aumentar la contaminaci¨®n. En el ¨²ltimo, fechado en septiembre, propuso la "supresi¨®n de forma brusca el 31 de diciembre de 2012", seg¨²n le reprocha Costas.
Adem¨¢s, la firma "no ha constituido los avales requeridos para garantizar la ejecuci¨®n de las obras de regeneraci¨®n ambiental, as¨ª como las que sean necesarias para regenerar los terrenos donde se ubican las balsas", seg¨²n el ministerio. La empresa sostuvo que el cese del vertido en 2012 "supone un importante quebranto econ¨®mico" para Fertiberia y para Foret, una planta m¨¢s peque?a que tambi¨¦n vierte all¨ª. Costas replica que "la justificaci¨®n econ¨®mica no puede considerarse suficiente" para no aplicar un plan m¨¢s estricto.
Fertiberia tiene plantas de fertilizantes en Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano, Sagunto y Avil¨¦s. La empresa tiene 1.056 empleados (370 de ellos en Huelva) y en 2007 vendi¨® fertilizantes por 658,6 millones de euros.
La abogada de WWF Espa?a Rita Rodr¨ªguez destaca la relevancia de que Costas d¨¦ por zanjada la negociaci¨®n e imponga la finalizaci¨®n del vertido y la obligaci¨®n de establecer un plan de regeneraci¨®n. Carlos Bravo, de Greenpeace, aplaudi¨® la decisi¨®n del ministerio y critic¨® que la compa?¨ªa pretenda ignorar esa resoluci¨®n, que es completamente ejecutiva.
Obligaciones legales
- La Ley de Responsabilidad Ambiental, de octubre de 2007, obliga a las empresas
a pagar por los perjuicios ambientales que causen
y a tener un seguro para responder por los da?os. M¨¢s de un a?o despu¨¦s esta norma sigue sin desarrollo y no se ha aplicado.
- La empresa minera MSP ha explotado sin licencia durante 10 a?os una gran mina a cielo abierto en un espacio protegido de Le¨®n. El pasado 30 de enero, el Tribunal Superior de Castilla y Le¨®n critic¨® la connivencia de la comunidad aut¨®noma y orden¨® la clausura inmediata de la mina.
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