La cabeza voraz de la solitaria

Hasta que no sea desenredada por los tribunales la enmara?ada madeja de los espionajes dentro del PP y de los negocios ilegales del caso Correa realizados a su sombra (o en su beneficio), los protagonistas de esos s¨®rdidos manejos pol¨ªtico-financieros tendr¨¢n la garant¨ªa constitucional de la presunci¨®n de inocencia que ampara a los imputados en procesos penales. Fortificados tras esa barrera institucional, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy se han apresurado a negar que el PP est¨¦ relacionado ontol¨®gicamente con esas fechor¨ªas. Sin embargo, los predecentes de ese tipo de esc¨¢ndalos en la Espa?a democr¨¢tica han solido vincular de manera inextricable la corrupci¨®n individualizada de los bribones con la corrupci¨®n institucional de los partidos. No es f¨¢cil distinguir entre el cohecho pagado a una formaci¨®n pol¨ªtica y el soborno cobrado por un cargo p¨²blico o funcionario en su propio beneficio, ni tampoco saber si el comisionista del frac que dice hablar en nombre de un partido se embolsa en realidad la coima recibida.

Antes o despu¨¦s, el PP deber¨¢ afrontar sus responsabilidades en este pestilente asunto

La informaci¨®n sobre los gastos y los ingresos de los partidos es discretamente administrada por sus dirigentes. No se trata s¨®lo de la historia secreta de la financiaci¨®n forzosamente irregular de las formaciones pol¨ªticas (de nueva creaci¨®n, como UCD y AP, o emergidos de la clandestinidad, como el PCE, el PSOE o el PNV) durante los turbulentos a?os de la transici¨®n a la democracia, tras cuatro d¨¦cadas de partido ¨²nico. Consagrados por el art¨ªculo 6 de la Constituci¨®n como el instrumento fundamental de la participaci¨®n pol¨ªtica y de la formaci¨®n de la voluntad popular, el Estado pone hoy a su disposici¨®n considerables recursos presupuestarios a fin de que desempe?en ese papel. En 2008, el conjunto de los partidos con representaci¨®n parlamentaria recibi¨® un total de 78 millones de euros para sus gastos de funcionamiento ordinario. Las subvenciones asignadas a los gastos electorales del 9-M ascendieron a 45 millones de euros (20 para el PP y 19,5 para el PSOE). Hay tambi¨¦n una jugosa pedrea de dinero p¨²blico destinado a los grupos parlamentarios (de las Cortes y las comunidades aut¨®nomas) y municipales y a las fundaciones. Los partidos pueden recibir donaciones individuales hasta 100.000 euros.

A juzgar por s¨ªntomas detectables tambi¨¦n ahora en el caso Correa, esas cantidades nada despreciables resultan insuficientes. La necesidad de ingresos parece irse multiplicando a medida que el techo de gastos contin¨²a elev¨¢ndose, al igual que la l¨ªnea del horizonte se aleja del viajero. Los sobresueldos, los gastos de representaci¨®n, los autom¨®viles, la infraestructura administrativa, los viajes y las escoltas de los dirigentes se suman a los locales de las sedes con su correspondiente burocracia, las campa?as electorales de alt¨ªsimo coste y la contrataci¨®n remunerada de empresas de servicios para realizar las tareas propias del trabajo voluntario gratuito de los militantes tales como la organizaci¨®n de los m¨ªtines o la distribuci¨®n de la propaganda.

La voraz cabeza de la solitaria instalada en las tesorer¨ªas partidistas exige todav¨ªa m¨¢s dinero, s¨®lo conseguible ya mediante la financiaci¨®n irregular, un eufemismo utilizado para no emplear el t¨¦rmino delictiva. La ganz¨²a es la utilizaci¨®n de las Administraciones p¨²blicas -central, auton¨®mica o local- bajo control de un partido, a fin de conceder licencias, subvenciones, recalificaciones urban¨ªsticas o adjudicaciones de obras p¨²blicas y de servicios contra el pago de comisiones o de cantidades a tanto alzado por las empresas o las personas beneficiadas. (Dicho sea de paso, el estallido de la burbuja de la construcci¨®n no s¨®lo ha agravado la recesi¨®n econ¨®mica sino que puede mermar los ingresos ilegales de los partidos procedentes de los ayuntamientos).

El PP se ensa?¨® con las acusaciones dirigidas contra el PSOE -de forma justificada (el caso Filesa) o no- por episodios de financiaci¨®n ilegal; adem¨¢s le endilg¨® la exclusiva de esas pr¨¢cticas irregulares, pese a ser comunes a casi todos los partidos (baste recordar el caso Naseiro o el caso Ca?ellas de los populares). Los medios de comunicaci¨®n alineados con Aznar elevaron entonces a los altares a las mismas personas -produce verg¨¹enza ajena releer los viscosos halagos del director del diario El Mundo al juez Garz¨®n- a las que hoy injurian groseramente.

Aunque el PP trate todav¨ªa de rehuir el bulto saboteando la comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento madrile?o, o hinchando como un bu?uelo la coincidencia de Garz¨®n en una monter¨ªa con el ministro Bermejo a fin de apartarle de la instrucci¨®n del caso Correa (una causa de recusaci¨®n tan inexistente como rid¨ªcula), antes o despu¨¦s deber¨¢ afrontar sus responsabilidades como partido en este pestilente asunto.