Indicios contra Camps

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado que el juez Garz¨®n se inhiba en el caso de la trama de corrupci¨®n que afecta al Partido Popular de Madrid y Valencia, por alcanzar a aforados de ambas comunidades. Entre ellos est¨¢ el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps. En los pr¨®ximos d¨ªas, el sumario pasar¨¢ desde la Audiencia Nacional a los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Con este nuevo paso judicial, la direcci¨®n de los populares no puede seguir alegando la existencia de un proceso general contra su partido, puesto que las imputaciones y los hechos est¨¢n delimitados. Tambi¨¦n dejan de tener sentido las acusaciones de parcialidad contra el juez Garz¨®n y las insinuaciones contra otros partidos. A falta de respuestas pol¨ªticas menos vistosas pero s¨ª m¨¢s consecuentes, la escenificaci¨®n del cierre de filas en la ins¨®lita fotograf¨ªa de la semana pasada ha empezado a volverse contra el Partido Popular.

La reacci¨®n de Camps a su presunta implicaci¨®n en la trama de corrupci¨®n dirigida por Francisco Correa ha oscilado entre la amenaza de emprender acciones judiciales y la exhibici¨®n de sus victorias electorales como exculpaci¨®n. Finge ignorar el presidente valenciano que sus posibles conexiones con la trama no son fruto de una informaci¨®n period¨ªstica, sino que est¨¢n recogidas en un documento de la fiscal¨ªa y forman parte de un proceso por corrupci¨®n en el que tal vez tenga que acabar compareciendo. Tambi¨¦n parece olvidar que las victorias electorales no dicen nada sobre la culpabilidad o la inocencia de personas que pudieran estar implicadas en delitos. Camps gobierna en Valencia porque gan¨® las elecciones, pero es absurdo pretender que eso le exima de responder ante los jueces y, tambi¨¦n, de ofrecer explicaciones a los ciudadanos.

Su caso, con todo, no es el ¨²nico que salpica al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El consejero de Gobernaci¨®n, Seraf¨ªn Castellano, adjudic¨® directamente contratos a una empresa constructora propiedad de una empleada del Grupo Popular de las Cortes Valencianas a la que ¨¦l mismo ofreci¨® el puesto. Aunque el procedimiento seguido por el consejero era legal en cuanto a la cuant¨ªa de los contratos, caben dudas acerca de si no habr¨ªa actuado en fraude de ley fraccionando artificialmente las obras adjudicadas a la empresa. Como tambi¨¦n resulta dif¨ªcil de explicar que el consejero no se inhibiera en el proceso de adjudicaci¨®n, dadas las relaciones que le unen a la propietaria de la empresa beneficiaria.

La direcci¨®n nacional del Partido Popular no puede seguir eludiendo las decisiones para atajar un entramado de corrupci¨®n en el que varios altos cargos est¨¢n ya imputados por la justicia, y otros podr¨ªan acabar est¨¢ndolo. La estrategia de salvar la unidad del partido a costa de negar la trascendencia de las iniciativas judiciales en curso no s¨®lo est¨¢ condenada al fracaso, sino que resulta incompatible con la responsabilidad que corresponde al principal partido de la oposici¨®n.