?Y qui¨¦n juzgar¨¢ a los jueces?

Treinta a?os llevamos de Constituci¨®n y todav¨ªa carecemos de una ley que regule el derecho de huelga. El ¨²nico proyecto que lleg¨® a las Cortes qued¨® suspendido en el aire cuando Felipe Gonz¨¢lez se vio forzado a adelantar la convocatoria de elecciones en 1993. Desde entonces, el retraso se ha convertido en abulia y abandono: ni socialistas ni populares se han atrevido a presentar un proyecto de ley de huelga, y as¨ª seguimos, arrastrando un real decreto ley de relaciones laborales, aprobado meses antes no ya de la Constituci¨®n, sino de las elecciones generales de 1977, al que una sentencia del Constitucional dej¨® hecho unos zorros.

Nada de raro, pues, que en los ¨²ltimos a?os haya florecido un tipo de huelga protagonizada por sectores muy restringidos de profesionales cualificados que gozan de una especie de monopolio de oferta en puestos con grave incidencia en el normal desenvolvimiento de la vida diaria de cientos de miles de ciudadanos. Se trata de huelgas, encubiertas unas veces, de celo otras, no declaradas legalmente, que provocan serios trastornos en alg¨²n servicio p¨²blico y que se utilizan como instrumento de intimidaci¨®n antes de iniciar negociaciones con la patronal o, en su caso, con el Estado, con el prop¨®sito de mostrar la fuerza de que dispone un pu?ado de trabajadores con capacidad de paralizar por completo alg¨²n servicio p¨²blico.

A este tipo de huelga incitan, por lo general, organizaciones sindicales de corte corporativo, sin que nadie reciba una sanci¨®n: los profesionales que las convocan y las llevan a la pr¨¢ctica se sienten inmunes, y salen impunes de los estragos producidos, seguros de que el acuerdo finalmente alcanzado incluir¨¢ el cierre de expedientes con la anulaci¨®n de posibles sanciones a los promotores de la huelga. Pilotos y controladores han ocupado la avanzadilla de esta nueva modalidad, que nada tiene que ver con la vieja tradici¨®n de la huelga como ¨²ltima arma de la clase obrera, a la que s¨®lo se acud¨ªa cuando todo lo dem¨¢s hab¨ªa fracasado y a costa de sanciones, despidos y la consiguiente ruina de la caja de resistencia.

Lo ¨²ltimo que cabr¨ªa imaginar es que jueces y magistrados recurrieran tambi¨¦n a este tipo de huelga como instrumento de presi¨®n, y no como ¨²ltimo recurso, sino como amenaza previa a la negociaci¨®n: si alg¨²n oficio dispone de monopolio de oferta es el de juez: nadie que no lo sea puede administrar justicia. Prevali¨¦ndose de esa condici¨®n, les da igual que la huelga sea o no legal, ni entran en la vana cuesti¨®n de si con su huelga conculcan la Constituci¨®n y pisotean derechos fundamentales de los ciudadanos. En el curso de la acci¨®n ellos son, o se descubren, trabajadores. Y como tales gozan -?qui¨¦n se atrever¨¢ a dudarlo?- del derecho de huelga, aunque, a diferencia del resto de trabajadores, la patronal no pueda despedirles y deba tentarse la ropa antes de sancionarles. ?Qu¨¦ m¨¢s da! No tendr¨¢n sindicatos, pero tienen asociaciones, que disfrutan tambi¨¦n de un irrestricto derecho de huelga. Ya se encargar¨¢ la asociaci¨®n de llamar otra vez a la huelga si alguno de los cabecillas de ¨¦sta resultare por azar multado con un pu?ado de euros por abandono del puesto de trabajo.

Saben bien que nadie les va a pedir cuentas: todo el mundo, tambi¨¦n ellos, est¨¢ al cabo de la calle de lo que ocurre cuando un juez comete una falta, por grave que sea: una multa recurrible. ?sa es la ley, de la que ellos son ¨²nicos administradores. Y all¨ª seguir¨¢, en su puesto de juez, que es vitalicio, ejerciendo un poder que emana del pueblo soberano y que le conf¨ªa el Estado de derecho. Entre leguleyos, cualquier cosa es posible: aceptar que la Constituci¨®n impide a los jueces sindicarse, y sostener que no proh¨ªbe a sus asociaciones organizar la acci¨®n sindical por excelencia, la huelga. Contaminados por la pol¨ªtica a la que no paran de contaminar, han conseguido cuadrar el c¨ªrculo y obtener para su oficio lo mejor de ambos mundos: trabajadores para los derechos, poder del Estado para las inmunidades.

Y mientras tanto, el fiscal que ocupa el cargo de ministro de Justicia emite el desalentador principio seg¨²n el cual participar en una partida de caza mayor es, en el peor de los casos, "inoportuno". O sea, que un fiscal, ministro de Justicia de un Gobierno socialista, considera como lo m¨¢s normal del mundo pagar un past¨®n por disfrazarse de cazador, echarse al hombro la escopeta, abatir un venado, cortarle los cuernos, hacerse la foto, cantar la salve, y volverse a casa en el todoterreno, custodiado por sus escoltas. Pues qu¨¦ bien, hombre. -