Veinte a?os sin justicia

Buena parte de los catorce ex militares salvadore?os implicados en la matanza de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos espa?oles, el ama de llaves y su hija, regentan hoy empresas, disfrutan de retiros y cargos, frecuentan cuartos de banderas y se pertrechan contra la persecuci¨®n de la Audiencia Nacional y de la Asociaci¨®n Proderechos Humanos de Espa?a (APDHE). Varios cabildean pol¨ªticamente para impedir que la ley de amnist¨ªa de 1993 sea derogada por el Gobierno que salga de las elecciones del pr¨®ximo 15 de marzo en El Salvador.

"No veo mucho inter¨¦s en algunas instancias de nuestro pa¨ªs por reabrir el caso, pero celebramos que en Espa?a se haga la justicia que en El Salvador no se puede hacer", se?ala Miguel Montenegro, director de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de El Salvador, donde, entre 1980 y 1992, murieron 75.000 personas, desaparecieron otras 7.000 y cientos de miles quedaron lisiadas, hu¨¦rfanas, viudas o sin hogar. La justicia ha sido imposible, porque la separaci¨®n de poderes parece ser todav¨ªa ciencia-ficci¨®n.

"El Salvador debe cumplir los acuerdos con Espa?a", afirma Manuel Oll¨¦, abogado promotor de la querella

La matanza que el magistrado del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6, Eloy Velasco, y la APDHE revisan, aplicando el principio de la ley universal para los cr¨ªmenes de lesa humanidad, ocurri¨® a primeras horas del d¨ªa 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Central Americana (UCA). Los jesuitas al cargo del centro, dirigidos por su rector, el espa?ol Ignacio Ellacur¨ªa, eran considerados por el ej¨¦rcito corrosivos te¨®logos de la liberaci¨®n y c¨®mplices del comunismo.

Ignacio Ellacur¨ªa (Portugalete. 1930) ten¨ªa 59 a?os cuando fue asesinado. Nunca fue un sacerdote pusil¨¢nime frente a las injusticias. Comenz¨® sus denuncias contra la ultraderecha salvadore?a y los paramilitares desde la revista de Estudios Centro Americanos (ECA). El asesinato del padre Rutilio Grande, en 1977 -dos a?os antes de que el vizca¨ªno fuera nombrado rector de la UCA- conmocion¨® a la comunidad jesuita, que redobl¨® su labor en defensa de los m¨¢s d¨¦biles. Los militares, desde sus ¨®rganos se difusi¨®n, les llamaban subversivos. "Haga patria, mate a un cura", animaban algunos pasquines. El golpe de 1979 desat¨® una violencia que alcanz¨® al arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado un a?o despu¨¦s. Ellacur¨ªa no se call¨® y tuvo que marchar a Espa?a, en 1980, bajo protecci¨®n diplom¨¢tica. Cuando regres¨® a El Salvador, en 1989, a Ellacur¨ªa le esperaba la muerte. Con ¨¦l la encontraron los padres Ignacio Mart¨ªn-Bar¨®, Segundo Montes, Amando L¨®pez, Juan Ram¨®n Moreno y Joaqu¨ªn L¨®pez. Fueron asesinados en la casa comunitaria de los religiosos en la Universidad Centroamericana, el 16 de noviembre de 1989, junto con la empleada y su hija de 15 a?os.

Las v¨ªctimas fueron ultimadas por soldados del batall¨®n Atlacatl, que dejaron pintadas atribuyendo los cr¨ªmenes al Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional (FMLN). El juicio de 1990, que conden¨® a dos procesados y absolvi¨® al resto, fue m¨¢s un encubrimiento que otra cosa, seg¨²n los observadores independientes, entre ellos, los enviados por Espa?a.

La mayor¨ªa de los acusados son ahora empresarios, pensionistas o beneficiarios del patrimonio obtenido durante la guerra, seg¨²n afirma un periodista salvadore?o. ?Son peque?os empresarios? "No tan peque?os. El ex coronel Orlando Cepeda es accionista de una de las grandes depuradoras de basura de El Salvador, otros administran negocios de armamento". El ex coronel Sigfrido Ochoa, de oscuro pasado, fue embajador en Honduras. Ni su patrimonio ni su libertad peligran de momento.

Los 14 reos no han respondido por su pasado. Algunos, como Ren¨¦ Emilio Ponce, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cristiano evang¨¦lico, o el propio Cepeda, defienden a capa y espada la ley de amnist¨ªa desde su plataforma, la Asociaci¨®n de Veteranos Militares (Asvem), o desde otros ¨¢mbitos, seg¨²n las fuentes consultadas en El Salvador y Madrid.

"Yo, personalmente, he pedido perd¨®n infinidad de veces en p¨²blico por lo que comet¨ª en mi odio, (...) pero tambi¨¦n he perdonado a quienes asesinaron de 50 balazos a mi padre de crianza", dijo Ponce. "S¨¦ que si se reabren heridas puede sobrevenir una nueva guerra. Ser¨ªa bueno que de una y de otra parte (ej¨¦rcito y ex guerrilla) ayud¨¢ramos no s¨®lo pidiendo perd¨®n, sino haciendo esfuerzos para localizar a los desaparecidos y que sus familiares tuvieran el consuelo de darles santa sepultura".

Sepultura, pero tambi¨¦n justicia. No ser¨¢ f¨¢cil. Es tal la desconfianza de los salvadore?os progresistas en las instituciones de su pa¨ªs, que el abogado espa?ol Manuel Oll¨¦, director de la APDHE, promotor de la querella contra los militares junto con el Center for Justice and Accountability (Centro por la Justicia y la Rendici¨®n de Cuentas), con sede en San Francisco, observa "un gran clamor social a favor de que un tribunal penal internacional haga la justicia que no se ha hecho all¨ª". "Al actual Gobierno de El Salvador no parece que le haya gustado mucho nuestra querella", agrega Oll¨¦, "pero entiendo que debe cumplir escrupulosamente el tratado bilateral entre Espa?a y El Salvador sobre colaboraci¨®n judicial en materia penal". Si lo hace, deber¨¢ atender las comisiones rogatorias y solicitudes de la Audiencia. El presidente salvadore?o, Antonio Saca, de la derechista Arena (Alianza Republicana Nacionalista), rechaz¨® la intervenci¨®n espa?ola por considerar que "en nada contribuye al desarrollo democr¨¢tico de nuestro pa¨ªs"; el candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, la recibi¨® con escaso entusiasmo y no parece tener prisa por acometer la derogaci¨®n de la ley de amnist¨ªa. Aunque la Corte Suprema no se pronunci¨®, uno de sus miembros objet¨® p¨²blicamente el auto de la Audiencia Nacional al incidir en un caso ya juzgado. La entrada en vigor de una nueva fiscal¨ªa de la Rep¨²blica "tambi¨¦n puede mejorar las cosas", comenta el activista. ?Y qu¨¦ piensa la Universidad Centroamericana (UCA) sobre la iniciativa del juez Velasco? Contrariamente a quienes imputan cierta tibieza al centro jesuita, el director de su Instituto de Derechos Humanos, Benjam¨ªn Cu¨¦llar, que promueve las investigaciones desde hace dos decenios, prometi¨® ayudar a la Audiencia Nacional en todo lo que sea necesario.

"De todas formas, creemos que tenemos que trabajar aqu¨ª para que la justicia les llegue no s¨®lo a aquellos que tienen posibilidades de llegar a un tribunal en Espa?a, sino a la gente ac¨¢", explica Cu¨¦llar, partidario de la derogaci¨®n de la ley de amnist¨ªa o de su adecuaci¨®n a las nuevas circunstancias. Quiere que a todos los pobres de su pa¨ªs, a los cientos de v¨ªctimas an¨®nimas de la pasada barbarie, tambi¨¦n se les garantice una justicia hasta ahora ausente porque la controlan quienes no creen en ella. -