Regeneracionismo degenerado

La consigna de que el Partido Popular era incompatible con la corrupci¨®n fue lanzada en el contexto de la cruzada regeneracionista que domin¨® la lucha pol¨ªtica desde 1993 en adelante. Aunque desafiaba a la raz¨®n, result¨® eficaz para sus intereses electorales en dos convocatorias consecutivas. Ahora parece abrirse camino la sospecha de que, adem¨¢s de a la raz¨®n, la consigna desafiaba tambi¨¦n a las evidencias. Aunque nadie quisiera darse entonces por enterado, la financiaci¨®n de las campa?as y el mantenimiento de la formidable maquinaria de poder en que se convirti¨® el PP resultaban inexplicables a partir de los recursos que el Estado asigna a las fuerzas pol¨ªticas, las cuotas de los militantes y la benevolencia m¨¢s o menos interesada de las entidades financieras.

La consigna de que el PP era incompatible con la corrupci¨®n domin¨® la lucha pol¨ªtica desde 1993

Como, se quiera ver o no, tambi¨¦n resultaba inexplicable en el caso de los restantes partidos. Hasta el punto de que la consigna de los populares podr¨ªa haberse inspirado no tanto en la regeneraci¨®n como en el ventajismo: conscientes de que nadie estaba en condiciones de hablar con claridad, sus dirigentes reclamaron el monopolio de la pureza.

Cuanto ha trascendido de las investigaciones judiciales apunta a comportamientos corruptos de personas aisladas, simples conseguidores en unos casos y militantes y altos cargos del PP, en otros. Quiz¨¢ valga la pena preguntarse alguna vez c¨®mo estas personas han podido ascender hasta los aleda?os del poder. Pero esa pregunta no agotar¨ªa el principal problema pol¨ªtico que se presenta en este y otros casos, y que reside en la dificultad de entender la influencia de los simples conseguidores y la vulnerabilidad de los militantes y altos cargos hacia ellos si no es a partir de las carencias del sistema democr¨¢tico en su conjunto. Salvo que se diera la vuelta a la consigna de 1993 y se sostenga, tambi¨¦n contra la raz¨®n y las evidencias, que el Partido Popular es por esencia el partido de la corrupci¨®n. Porque no se trata de discutir acerca de qui¨¦n debe cargar con el estigma de los vicios, aceptando el sectario terreno de juego que propuso el PP bajo la coartada del regeneracionismo; se trata de subrayar que los controles democr¨¢ticos no han funcionado. Ni los tribunales administrativos han podido detectar los presuntos y burdos delitos que ahora investiga la justicia penal, ni el trabajo de la oposici¨®n en municipios y autonom¨ªas ha logrado sacarlos a la luz. Y lo que resulta a¨²n m¨¢s perturbador: da la impresi¨®n de que todo hubiera quedado en nada si no hubiera estallado una lucha cainita en el PP, al igual que sucedi¨® en los ¨²ltimos Gobiernos de Felipe Gonz¨¢lez.

Mientras se mantenga la ficci¨®n de que la Ley de Financiaci¨®n de los Partidos Pol¨ªticos es suficiente para atender a sus necesidades actuales, la influencia de los conseguidores seguir¨¢ aumentando, como tambi¨¦n la vulnerabilidad ante ellos de los militantes y los altos cargos. Con el tiempo han ido cambiando los mecanismos m¨¢s o menos ingeniosos, aparte de m¨¢s o menos legales, para que los partidos se hagan con los recursos que garanticen su funcionamiento. Pocos partidos siguen recurriendo a los informes para las Administraciones que controlan como medio para disimular la financiaci¨®n, aunque se hayan dado ejemplos recientes. Desde que comenz¨® la burbuja inmobiliaria, los partidos encontraron otros procedimientos que llevaban a buscar recursos en aguas cada vez m¨¢s profundas y m¨¢s turbias. Tan profundas y tan turbias que, a diferencia de lo que ocurr¨ªa en la ¨¦poca dorada de los informes, en los que los implicados s¨®lo acostumbraban a ejercer de simples tapaderas por compromiso militante, ya no es posible entender la financiaci¨®n de los partidos sin el concurso de comisionistas y supuestos empresarios que obtienen un sustancioso lucro personal. Y sin responsables pol¨ªticos que tarde o temprano acaban cediendo a la tentaci¨®n.

El fest¨ªn inmobiliario ha terminado, y los principales efectos se est¨¢n dejando notar en el empleo, en la dificultad del cr¨¦dito y, tambi¨¦n, en el colapso financiero de los Ayuntamientos, que sufragaron gastos ordinarios de la gesti¨®n con recursos extraordinarios procedentes de las recalificaciones. Pero existen otros efectos invisibles y de los que, seguramente, no se escuchar¨¢ hablar.

El poder municipal ha dejado de ser una fuente de financiaci¨®n de los partidos, incluido aquel que en 1993 se declaraba incompatible con la corrupci¨®n y que ahora se empe?a en seguir exhibiendo un regeneracionismo degenerado. Depende de las decisiones pol¨ªticas que se adopten, episodios como los que investiga la justicia penal ser¨¢n m¨¢s dif¨ªciles en el futuro o, sencillamente, resurgir¨¢n en ¨¢mbitos distintos del municipal e inmobiliario.