El Gobierno exige por decreto las cuentas de la Ley de Dependencia
Cortar¨¢ fondos a las autonom¨ªas si siguen sin justificar las ayudas
El Gobierno no est¨¢ dispuesto a seguir dando a las comunidades dinero por la Ley de Dependencia si ¨¦stas no demuestran que sus ciudadanos est¨¢n efectivamente recibiendo las ayudas. Se lo ha exigido por activa y por pasiva, lanzando incluso un ultim¨¢tum. Pero no ha logrado que las autonom¨ªas justifiquen las partidas, as¨ª que ha endurecido con un nuevo decreto las condiciones para librar una cantidad por cada dependiente registrado en el sistema inform¨¢tico.
S¨®lo se pagar¨¢ si se especifica qu¨¦ prestaci¨®n va a recibir la persona, si se trata de una plaza de residencia, una asistencia a domicilio, ayuda econ¨®mica al familiar que cuida... Y s¨®lo se librar¨¢ el dinero a partir de la fecha en que se est¨¦ recibiendo de verdad ese servicio. Si ha pasado un a?o entre la fecha que se hizo constar y el momento en que la persona recibe la prestaci¨®n o ayuda, el Gobierno no garantizar¨¢ que los pagos a las comunidades por esas personas se hagan a tiempo.
Un 44% de las prestaciones consta como "sin especificar"
Persisten severas contradicciones entre el Ejecutivo y las comunidades
En la actualidad, con los ¨²ltimos datos hechos p¨²blicos, se desconoce qu¨¦ prestaci¨®n se ha concedido al 42% de las 530.000 personas que se dan por atendidas. Por tanto, cabe preguntarse si lo est¨¢n realmente si s¨®lo se ha reconocido su derecho a recibir una prestaci¨®n. No puede saberse, por ahora.
Al inicio de la ley, algunos dirigentes de comunidades reconoc¨ªan que uno de los primeros pasos que se dieron fue registrar en el sistema a los discapacitados ya atendidos, ancianos en residencias, por ejemplo, para ir recibiendo dinero estatal y seguir implantando la ley. Pero eso ser¨¢ ahora imposible tambi¨¦n porque la modificaci¨®n de la ley obliga a que sea el propio anciano o sus familiares los que inicien el procedimiento.
Pero esos, al menos, estaban ya atendidos. Lo que se desconoce es si lo est¨¢n los nuevos solicitantes, los que no recib¨ªan ayuda alguna y ahora tienen reconocido ese derecho aunque las comunidades no indican qu¨¦ prestaci¨®n les corresponde. Puede que est¨¦n en su casa esperando.
El Gobierno ya dio el a?o pasado un plazo de seis meses a las comunidades para que aportaran esa informaci¨®n "en aras de una mayor claridad", se dijo entonces. Pero tambi¨¦n se habl¨® de cortar el grifo del dinero si esto no se hac¨ªa. Pues no se hizo del todo, y casi la mitad de los beneficiarios siguen en el misterio.
?Por qu¨¦ las comunidades no especifican la prestaci¨®n que ofrecen? Las respuestas son variopintas. En Arag¨®n dicen que no pueden porque les faltan los ¨²ltimos tr¨¢mites burocr¨¢ticos, que de su porcentaje de dependientes sin prestaci¨®n especificada hay unos 3.000 muertos por cuya solicitud se pagar¨¢, pero ya no recibir¨¢n ayuda alguna y, por ¨²ltimo, se?alan que el Gobierno no ha pagado a¨²n por todas esas personas. En Andaluc¨ªa la respuesta es mucho m¨¢s escueta: "Es imposible introducir un expediente si no se especifica la prestaci¨®n". Y lo mismo dicen en Catalu?a.
El Gobierno da una versi¨®n completamente diferente, contradictoria. Dicen que es el propio sistema inform¨¢tico el que se?ala las prestaciones sin especificar haciendo una simple resta entre los beneficiarios que registran las comunidades y las prestaciones que s¨ª especifican: el resto son esos ciudadanos de los que no se sabe si esperan en casa por una plaza de residencia o una ayuda econ¨®mica.
Y, de ¨¦sos, Andaluc¨ªa tiene m¨¢s de 46.000, un 28% del total. Y Andaluc¨ªa est¨¢ bastante por debajo de la media. Espectacular es el caso de Canarias, con un 80%, seguida de Murcia y Baleares, con un 66%.
Castilla y Le¨®n, tambi¨¦n por debajo de la media (38%), ofrece el siguiente razonamiento: "Puede ocurrir que falten algunos datos sobre el solicitante, que hemos de pedir a Hacienda, por ejemplo, o que algunos beneficiarios no han elegido a¨²n la ayuda que desean; y los menos, son casos en que a¨²n no hemos determinado la prestaci¨®n que se dar¨¢ al solicitante", el llamado Plan Individual de Atenci¨®n (PIA), explica el consejero castellanoleon¨¦s, C¨¦sar Ant¨®n.
De nuevo, se alude a los ¨²ltimos tr¨¢mites, que esta comunidad ha decidido reunificar en un solo paso "para no marear al ciudadano". Siempre ha habido quejas de exceso de burocracia en una ley que ech¨® a andar quiz¨¢ con demasiada premura.
En la Comunidad de Madrid, en la que enarbolan sus buenas cifras de personas atendidas -aunque no bajo la Ley de Dependencia-, dicen que aquellas cuya prestaci¨®n est¨¢ sin especificar en el sistema inform¨¢tico son las que no tienen el plan individual de atenci¨®n (PIA) cumplimentado a¨²n. Y est¨¢n molestos porque el Gobierno "ha cambiado las reglas de juego a mitad de partida". Desde la Comunidad Valenciana reconocen sin ambages que s¨®lo est¨¢n atendidos los que se especifican. Los dem¨¢s, esperan, dicen.
Sin embargo, el Gobierno cada vez que da esas cifras, al menos hasta ahora, hablaba de personas a las que daba por atendidas, que en este caso ser¨ªan 567.068. Pero si todas las comunidades hacen lo mismo que la valenciana, un 44% de esa cifra a¨²n estar¨ªa esperando la ayuda correspondiente.
El nuevo real decreto tambi¨¦n recuerda a las comunidades que s¨®lo podr¨¢n valorar el grado de dependencia de sus ciudadanos siguiendo los baremos que se aprobaron en la ley, que entr¨® en vigor a principios de 2007.
Muchos extremos en la Ley de Dependencia son dif¨ªciles de esclarecer, liados como est¨¢n en la mara?a entre las Administraciones regionales y la central. Hace meses el conflicto estaba en el sistema inform¨¢tico. Algunas comunidades dec¨ªan que no pod¨ªan volcar los datos, el Gobierno lo negaba. Un equipo de expertos en el Ministerio de Administraciones P¨²blicas eval¨²a ahora dicho funcionamiento.
Las estad¨ªsticas de la discordia
Los datos sobre dependencia los vuelcan las comunidades en el sistema inform¨¢tico centralizado. Y van cobrando por cada uno de ellos. Un vistazo por esas gr¨¢ficas deja algunas sorpresas. ?Por qu¨¦ la Comunidad de Madrid, la tercera en poblaci¨®n tras Andaluc¨ªa y Catalu?a, tiene s¨®lo un 0,58% de solicitudes respecto a su poblaci¨®n cuando Catalu?a tiene un 1,54% y Andaluc¨ªa un 3,11%? ?Es que hay mayor porcentaje de discapacitados en unos territorios que en otros? El director general de Dependencia de Madrid, Miguel ?ngel Garc¨ªa, lo atribuye al alto ¨ªndice de atenci¨®n que ya ten¨ªan desde 2003 los madrile?os discapacitados. "Como ya est¨¢n atendidos, a priori no muestran inter¨¦s por solicitar la ayuda de Dependencia, porque hay ya 40.000 plazas de residencia, 64.000 ayudas a domicilio y 115.000 de teleasistencia". "Lo que nos preocupa es el usuario nuevo, que es el que no est¨¢ atendido", pero no aclara cu¨¢ntos de los que han registrado bajo el paraguas de la Ley de Dependencia son nuevos usuarios. En todo caso, si Madrid hubiera registrado todos esos que tienen "atendidos en las residencias" o recibiendo otras ayudas habr¨ªa conseguido un dinero del Estado por cada uno de ellos. "Estamos orientando y aconsejando a los ayuntamientos para ver si los ciudadanos, aunque est¨¦n atendidos, modifican su inter¨¦s y solicitan su ayuda bajo la nueva ley", dice.
Tambi¨¦n Madrid est¨¢ a la cola en cuanto al n¨²mero de ciudadanos con derecho a prestaci¨®n reconocida por ley, respecto a su poblaci¨®n. Misma respuesta. No hay inter¨¦s por la ley porque ya est¨¢n atendidos.
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