El Reino Unido y la tortura

La pr¨®xima semana, el ministro de Exteriores del Reino Unido presentar¨¢ el informe anual del Foreign Office (el Ministerio de Exteriores) sobre las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Para cualquiera que se preocupe por el Reino Unido y por los derechos humanos, ser¨¢ dif¨ªcil no preguntar sobre la implicaci¨®n del propio Gobierno brit¨¢nico en un caso de tortura.

Las pruebas, en la medida en que nos han dejado verlas, sugieren cuatro cosas. En primer lugar, Binyam Mohamed, residente brit¨¢nico que viajaba con un pasaporte brit¨¢nico manipulado, estuvo preso sin juicio durante casi siete a?os, a instancias de las autoridades estadounidenses, en prisiones de Pakist¨¢n, Marruecos, Afganist¨¢n y la bah¨ªa de Guant¨¢namo, y durante parte de ese tiempo sufri¨® torturas. En segundo lugar, hubo funcionarios de los servicios de seguridad brit¨¢nicos que participaron de forma directa en los interrogatorios de Mohamed en Pakist¨¢n y despu¨¦s contribuyeron con preguntas que la CIA transmiti¨® a sus torturadores marroqu¨ªes. Tercero, todav¨ªa el a?o pasado, funcionarios brit¨¢nicos y estadounidenses colaboraron para aplazar, e incluso impedir, que se entregaran a tiempo a los abogados defensores de Mohamed unos documentos que probaban los malos tratos, justo cuando el Gobierno de Bush se dispon¨ªa a juzgarle ante una supuesta comisi¨®n militar por unos cargos que, de confirmarse, pod¨ªan suponer la pena de muerte. En cuarto lugar, el Gobierno brit¨¢nico se resiste a¨²n hoy a iniciar la investigaci¨®n criminal, supervisada por el director de la Fiscal¨ªa P¨²blica, que ser¨ªa la ¨²nica respuesta apropiada a una sucesi¨®n de acontecimientos y una serie de acusaciones documentadas tan graves. Es decir, ¨¦stos son los cargos, en resumen: torturas autorizadas por Estados Unidos, complicidad brit¨¢nica, intento de estadounidenses y brit¨¢nicos de ocultar las pruebas, y ahora, la previsible tentaci¨®n de encubrir todo el asunto.

Para pensar que el trato sufrido por Binyam Mohamed es indignante, no hace falta creer que es inocente

Cualquier decisi¨®n que no sea confiar este asunto a la Fiscal¨ªa se interpretar¨¢ como un encubrimiento pol¨ªtico

La mayor parte de esta historia se conoce, no de o¨ªdas ni por un trabajo period¨ªstico, sino por la paciente labor de varios abogados y jueces brit¨¢nicos, escrupulosamente documentada en los prolijos expedientes y la prosa solemne del Tribunal Supremo. No es una lectura agradable, pero la autoridad es innegable y los detalles son fascinantes.

Examinemos los cuatro puntos uno por uno. Reto a cualquiera a que lea el relato que hace Binyam Mohamed de c¨®mo un torturador marroqu¨ª le cort¨® repetidamente el pene con un escalpelo y no sienta una ligera n¨¢usea. "Pero es su palabra contra la de los dem¨¢s", podr¨ªa decir un esc¨¦ptico implacable. Sin embargo, incluso en las actas judiciales que est¨¢n a disposici¨®n del p¨²blico se ven claros indicios de que los agentes de seguridad brit¨¢nicos y estadounidenses se hac¨ªan pocas ilusiones sobre el trato que estaba recibiendo desde el principio desde Pakist¨¢n, y de que el asunto est¨¢ todav¨ªa m¨¢s claro en actas y testimonios que todav¨ªa permanecen secretos. Para pensar que el trato sufrido por Mohamed durante estos siete a?os es absolutamente indignante y vergonzoso, no hace falta creer que ¨¦l es inocente. Da la impresi¨®n de que era un joven bastante confuso, que se dej¨® arrastrar por alguna variante del islamismo. Igual que los autores de los atentados de Londres. Si nos guiamos por la decisi¨®n del Tribunal Supremo, debemos incluir su opini¨®n de que Mohamed era "una posible amenaza grave contra la seguridad nacional del Reino Unido". Pero eso, seg¨²n ha dicho en repetidas ocasiones el Gobierno brit¨¢nico, no justifica la tortura. Siglos de derecho consuetudinario y las obligaciones internacionales que hemos asumido en los ¨²ltimos tiempos coinciden en ello: la tortura no est¨¢ justificada nunca. Nunca.

La firme sensaci¨®n de que el Reino Unido fue c¨®mplice de la tortura de Mohamed procede, sobre todo, del testimonio de un agente del Servicio de Seguridad brit¨¢nico (MI5) identificado solamente como "Testigo B", que entrevist¨® a Mohamed -en lo que el Testigo B califica, de forma surrealista, como "circunstancias muy cordiales"- en Pakist¨¢n unas cinco semanas despu¨¦s de que fuera detenido, en la primavera de 2002. El Tribunal Supremo ha llegado a la conclusi¨®n de que ¨¦l y otros miembros del MI5, "incluidas personas con m¨¢s autoridad que el Testigo B", debieron de leer informes (todav¨ªa secretos) sobre las circunstancias del encarcelamiento ilegal y los malos tratos sufridos por Mohamed en Pakist¨¢n. Fuera o no el Testigo B quien pronunci¨® la amenazadora afirmaci¨®n -digna del gran dramaturgo brit¨¢nico de la amenaza, Harold Pinter- de que Mohamed nunca m¨¢s volver¨ªa a necesitar az¨²car para el t¨¦ "donde iba a estar" (el Testigo B lo niega), el Tribunal Supremo concluye que el MI5 sigui¨® "facilitando" entrevistas por parte y en nombre de Estados Unidos, plenamente consciente de que a Mohamed se le estaba interrogando en un tercer pa¨ªs.

El art¨ªculo 4.1. del Convenio de Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984, establece que todos los Estados firmantes velar¨¢n por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislaci¨®n penal y que "lo mismo se aplicar¨¢... a todo acto de cualquier persona que constituye complicidad o participaci¨®n en la tortura". ?No fue ¨¦ste un caso de complicidad?

Adem¨¢s, el Gobierno brit¨¢nico ocult¨® informaci¨®n que podr¨ªa haber permitido a Mohamed alegar en su defensa, ante la Comisi¨®n Militar estadounidense, que si hab¨ªa confesado hab¨ªa sido bajo coacci¨®n. El Tribunal Supremo se muestra elocuente al respecto y cita un fallo de derecho consuetudinario ingl¨¦s, de 1783, seg¨²n el cual "una confesi¨®n extra¨ªda por la fuerza, mediante el halago de la esperanza o la tortura del miedo, es tan cuestionable cuando se tiene en cuenta como prueba de culpabilidad que no debe d¨¢rsele ning¨²n cr¨¦dito y, por tanto, debe rechazarse". Como hemos visto, el ministro de Exteriores dijo que en el caso de Mohamed no era posible ofrecerle el ¨²nico instrumento disponible para obtener esa antigua forma de reparaci¨®n porque ser¨ªa una amenaza contra la seguridad nacional. Despu¨¦s dijo que hab¨ªa una parte de esta informaci¨®n que no pod¨ªa hacerse p¨²blica porque el Gobierno de Estados Unidos hab¨ªa asegurado que con ello se pondr¨ªa en peligro el traspaso de informaciones entre brit¨¢nicos y estadounidenses, el meollo sagrado de la supuesta relaci¨®n especial del Reino Unido con Washington. Luego se supo que el Foreign Office hab¨ªa pedido al Gobierno estadounidense que dijera eso.

El pasado mes de octubre, el ministro del Interior entreg¨® todos los documentos de las vistas judiciales, abiertas y cerradas, a la fiscal general. Si ella cre¨ªa que pod¨ªa haber razones para procesar al Testigo B, o cualquier otra persona, deb¨ªa comenzar una investigaci¨®n criminal por su cuenta o confiarla al director de la Fiscal¨ªa P¨²blica. Han transcurrido m¨¢s de cuatro meses, y no ha pasado nada. ?Por qu¨¦? A lo mejor ha estado ocupada. Pero no hay duda de que, en el sistema brit¨¢nico, sigue existiendo ese conflicto latente de intereses que el Tribunal Supremo resume as¨ª, en su prosa solemne: "El fiscal general pertenece al Gobierno de la Corona y es, por tanto, miembro del brazo ejecutivo del Estado, a cuyos funcionarios se acusa de haber facilitado un trato cruel, inhumano o degradante e incluso la tortura".

M¨¢s a¨²n, el Testigo B ha declarado bajo juramento que sus acciones fueron autorizadas por "los directivos" y consideradas propias y adecuadas "por lo que respecta al Servicio de Seguridad y, creo, al Gobierno". El Gobierno del que es miembro la fiscal general. Aunque el Testigo B est¨¦ dispuesto a ser el chivo expiatorio (y no parece que lo est¨¦), cualquier investigaci¨®n criminal seria tendr¨ªa que examinar la cadena de mando, que seguramente lleg¨®, a trav¨¦s de los responsables del MI5, hasta el entonces presidente del Comit¨¦ Conjunto de Inteligencia, John Scarlett -hoy jefe del servicio exterior de inteligencia, el MI6-, y quiz¨¢ m¨¢s arriba todav¨ªa, hasta el entonces primer ministro Tony Blair.

En estas circunstancias, y dado todo lo que ya ha dado a conocer el Tribunal Supremo, cualquier decisi¨®n que no sea confiar este asunto al director de la Fiscal¨ªa P¨²blica se interpretar¨¢ inevitablemente como un encubrimiento pol¨ªtico. Hasta que no lleguemos al fondo de este oscuro pozo, con la linterna sin restricciones de la ley, habr¨¢ que tomar cualquier lecci¨®n que el Gobierno brit¨¢nico pretenda dar a otros sobre el respeto de los derechos humanos como un ejemplo de repugnante hipocres¨ªa.

www.timothygartonash.com. Traducci¨®n de Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez Tapia