El sospechoso de espionaje ataca a sus compa?eros de la consejer¨ªa
Malestar en Interior de la Comunidad de Madrid por un escrito de dos agentes
La sede donde supuestamente trabajan los esp¨ªas que siguieron durante dos meses a altos cargos del PP en Madrid contrarios a Esperanza Aguirre se ha cargado de tensi¨®n. En Gobelas, 34, el edificio que alberga la direcci¨®n general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, hay dos trabajadores, uno de ellos sospechoso de participar en el operativo del espionaje y el otro, su compa?ero de equipo durante los ¨²ltimos cinco a?os, que han puesto por escrito sus recelos tras lo ocurrido.
Los agentes Jos¨¦ Palomo Gallego (supervisor de Seguridad) y Jos¨¦ Manuel Pinto Serrano (t¨¦cnico especialista de Seguridad) escribieron y firmaron el 9 de marzo tres folios donde, tras justificar sus tareas y negar que hubieran espiado a pol¨ªticos, cargan contra sus compa?eros. "Nos sentimos despreciados profesionalmente por los representantes de los trabajadores (sean estos trabajadores, afiliados o no), por componentes del propio servicio de seguridad (algunos no tienen muy claro qu¨¦ es un servidor p¨²blico y menos el estamento al cual pertenecen) y por ex responsables pol¨ªticos y de seguridad (personas que no recuerdan que durante su mandato lo ¨²nico que hicimos fue trabajar en pro de la seguridad de nuestro estamento al servicio de los ciudadanos)".
El agente Pinto dice sentirse marginado a pesar de sus privilegios Otros veteranos afirman que ese equipo trabaja "al margen" con Gam¨®n
La reacci¨®n de Pinto y Palomo no se corresponde con lo que ha trascendido del interior de la Direcci¨®n General de Seguridad, donde el silencio desde hace semanas es absoluto. Ninguno de los 40 trabajadores que figuran en la plantilla de ese organismo ha manifestado p¨²blicamente nada en contra de Pinto y Palomo. Ni el Gobierno regional, ni la Fiscal¨ªa de Madrid, ni el juez que investiga otros espionajes ha tomado declaraci¨®n a los trabajadores de la Direcci¨®n General de Seguridad a los que se refieren Pinto y Palomo. Nada que justifique la respuesta de ambos. Por todo ello, resulta su carta especialmente indignante para sus compa?eros. En primer lugar, porque una decena larga son conocedores de sus extra?as actividades laborales y, por el momento, no han dado un paso para plasmar sus evidencias o sospechas en manos del fiscal o de la polic¨ªa. Pero desde una perspectiva meramente laboral, los compa?eros se plantean darles adecuada r¨¦plica.
"Nunca los hemos marginado", declaran veteranos de la Consejer¨ªa. "Son ellos los que han vivido al margen del colectivo al estar vinculados directamente al que fue director general Sergio Gam¨®n. Eso les ha permitido vivir con unas prerrogativas que no han tenido el resto de compa?eros de la consejer¨ªa: no respond¨ªan ante su jefe natural, sino exclusivamente ante el director general. Han tenido absoluta libertad horaria. Han dispuesto de tel¨¦fono y coches oficiales, algo s¨®lo reservado a los jefes".
Los representantes sindicales temen que la consejer¨ªa de Interior intente compensar en breve a Pinto salarialmente a su regreso de su actual baja m¨¦dica por "ansiedad", surgida tras ser vinculado por este diario al espionaje. Pinto, seg¨²n dos informes periciales encargados por EL PA?S, es el autor de algunos de los partes de seguimiento al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.
Otro informe encargado a un perito por el consejero de Interior, Francisco Granados, mantiene lo contrario y descarta que Pinto escribiera esos partes. Pero hay dos hechos que, seg¨²n los expertos, lo invalidan: en primer lugar ha sido hecho con fotocopias, lo que no permite medir la presi¨®n de escritura; y se han usado pruebas caligr¨¢ficas hechas por Pinto cuando ya sab¨ªa que era sospechoso y c¨®mo eran sus letras sospechosas. La tentaci¨®n de variar la graf¨ªa no era poca.
Desde hace a?os, Pinto trabaja en equipo con Palomo. Durante los dos meses de espionaje (abril y mayo de 2008), ambos trabajaban a las ¨®rdenes de Sergio Gam¨®n, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, que le fich¨® para dirigir el departamento y que luego le mantuvo con un sueldo de 90.000 euros tras ser destituido por Granados debido a que entr¨® en un despacho de la consejer¨ªa de Justicia supuestamente a requisar documentos y un ordenador, aunque la Fiscal¨ªa archiv¨® la denuncia presentada por la v¨ªctima de aquellos hechos. Nunca se hall¨® al responsable del robo.
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