Dependientes en espera

Si la atenci¨®n a sus mayores y miembros m¨¢s d¨¦biles constituye uno de los indicadores m¨¢s fiables de la salud moral de una sociedad, la parsimonia y falta de diligencia con que la mayor¨ªa de las autonom¨ªas est¨¢n aplicando la Ley de Dependencia no las sit¨²a en buen lugar. La ley de Dependencia es una norma estatal impulsada desde el Gobierno y aprobada en 2006 por amplia mayor¨ªa. Pero su aplicaci¨®n y gesti¨®n corresponden a las administraciones auton¨®micas, con la colaboraci¨®n de los ayuntamientos. Su financiaci¨®n depende en lo sustancial de la Administraci¨®n central, con aportaciones de las autonom¨ªas y de los propios beneficiarios.

Sin embargo, la ley de m¨¢s aliento social de los ¨²ltimos lustros est¨¢ creando un profundo clima de frustraci¨®n. No es admisible que la burocracia o falta de entendimiento entre administraciones obstaculicen la prestaci¨®n de ayudas previstas por la ley a personas cuya atenci¨®n deber¨ªa constituir una prioridad de los responsables p¨²blicos. Por razones de justicia, pero tambi¨¦n de utilizaci¨®n racional de los recursos. Cuando tanto se discute sobre la selecci¨®n de inversiones con futuro, capaces de generar din¨¢micas rentables social y econ¨®micamente, es una prioridad llenar el hueco detectado en el mercado laboral en relaci¨®n al cuidado de ancianos y otras personas dependientes. Del desarrollo de la ley, el Gobierno esperaba la creaci¨®n de 300.000 empleos.

En los dos a?os largos de vigencia de la norma el Ejecutivo ha presupuestado casi 2.500 millones de euros para los grandes dependientes, los primeros en ser evaluados. Pero al margen de que sea o no suficiente la cantidad, el problema es que las autonom¨ªas no aportan la necesaria informaci¨®n sobre la prestaci¨®n solicitada. Es l¨®gico que el Gobierno comience a preocuparse por la opacidad y falta de transparencia de la gesti¨®n y exija garant¨ªas de que la ayuda se destina a una prestaci¨®n y persona concretas.

Y es l¨®gico tambi¨¦n que comiencen a proliferar las plataformas de afectados y las iniciativas jur¨ªdicas ante el retraso de meses y el silencio administrativo negativo que, como es el caso de la Comunidad Valenciana y de Madrid, dificulta todav¨ªa m¨¢s la v¨ªa de las reclamaciones. En el caso de Madrid, el esc¨¢ndalo orquestado hace cuatro a?os a cuenta de las sedaciones de enfermos terminales ha sido compatible con la insensibilidad y pasividad administrativas ante la suerte de miles de dependientes, en su mayor¨ªa ancianos en el ¨²ltimo tramo de su vida, que esperan ser evaluados o que, tras haberlo sido, siguen sin recibir las prestaciones acordadas mediante resoluci¨®n administrativa.

No basta que la administraci¨®n auton¨®mica eval¨²e al dependiente y le reconozca la prestaci¨®n si luego tarda meses en hacerla efectiva. En muchos casos ese reconocimiento de derechos es meramente te¨®rico: no ha lugar a aplicarlo si el beneficiario ha fallecido. Es una forma de actuar que, cuando menos, deber¨ªa dar lugar a alg¨²n tipo de responsabilidades.