Luz sobre los consejos de guerra de Franco

"Preguntada d¨®nde le sorprendi¨® el Glorioso Movimiento, dice que le sorprendi¨® en esta localidad. Preguntada para que manifieste si es cierto que durante el dominio rojo penetr¨® en el convento de las hermanas carmelitas y se llev¨® una l¨¢mpara que hab¨ªa en el altar y una fotograf¨ªa de las religiosas, dice que la l¨¢mpara la llev¨® al hospital y la fotograf¨ªa la entreg¨® a una vecina".

No todos tuvieron la suerte de esta mujer de Benicarl¨® (Castell¨®n) a la que un consejo de guerra conden¨® a seis a?os de c¨¢rcel, el 30 de enero de 1942. Por ejemplo, el padre de un diputado de UCD en la primera legislatura democr¨¢tica, que era teniente de la Guardia Civil en 1936, fue ejecutado s¨®lo porque se le consider¨® sospechoso de "ideolog¨ªa confusa".

El traslado de los legajos a Madrid reedita la disputa de Salamanca

Sus historias figuran en algunos de los 20.000 legajos, unos 400.000 expedientes, millones de p¨¢ginas, en los que se describe, con lenguaje burocr¨¢tico y leguleyo, una de las etapas m¨¢s negras de la historia de Espa?a: la represi¨®n despiadada que sigui¨® a la Guerra Civil. La mayor¨ªa son procedimientos sumar¨ªsimos, instruidos entre 1938 y 1945, por los Juzgados Togados Militares Territoriales n¨²meros 11, 12 y 13, con sede en Fuencarral (Madrid) y Valencia, con jurisdicci¨®n sobre Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana. Aunque tambi¨¦n hay procedimientos que llegan hasta 1980.

Al socaire de la Ley de la Memoria Hist¨®rica, el Ministerio de Defensa ha trasladado estos documentos al nuevo Archivo General Hist¨®rico de Defensa, que ocupa dos naves del cuartel Infante Don Juan, en el madrile?o paseo de Moret, para poner en marcha un proyecto piloto de restauraci¨®n y digitalizaci¨®n de archivos militares. El traslado de los legajos a Madrid ha generado una marejada pol¨ªtica en Valencia o Castell¨®n, donde su retorno se ha convertido en una reivindicaci¨®n compartida por todas las instituciones y partidos, en lo que parece una reedici¨®n de la disputa por los papeles de Salamanca.

?lvaro Mart¨ªnez-Novillo, funcionario del cuerpo de conservadores de Museos y subdirector de Patrimonio Hist¨®rico-Art¨ªstico de Defensa, afirma que su ¨²nico objetivo es salvar un fondo documental en grave peligro y hacerlo accesible a los investigadores.

El PA?S ha podido comprobar que muchos de los expedientes est¨¢n seriamente da?ados, con p¨¢ginas que se desintegran al tocarlas y otras ilegibles por la descomposici¨®n del papel y la tinta. Muchos de ellos son documentos almacenados en los s¨®tanos de la Capitan¨ªa General de Valencia, que se inundaron por el desbordamiento del Turia de 1957, e incluso conservan a¨²n manchas de barro. Aunque los legajos de Castell¨®n estaban mejor conservados, carec¨ªan de medidas de seguridad (sistema contra incendio o control de la humedad) y de normas modernas de clasificaci¨®n y acceso.

El problema, como explica Mart¨ªnez-Novillo, es que los archivos de los juzgados militares, por su car¨¢cter judicial, quedaron al margen del reglamento de archivos militares de 1998; y, por el castrense, fueron excluidos del decreto de modernizaci¨®n de archivos judiciales de 2003. Debido a esta doble exclusi¨®n, nadie se ha ocupado de ellos.

En teor¨ªa, el permiso para acceder a un expediente judicial lo concede, caso por caso, el tribunal competente, seg¨²n el inter¨¦s del solicitante (si es familiar directo del afectado) o el tiempo transcurrido (en el caso de investigadores). En la pr¨¢ctica, impera la arbitrariedad, ya que los juzgados militares carecen de personal especializado y tienen bastante con ocuparse de los asuntos de tr¨¢mite. Esta situaci¨®n ha servido de caldo de cultivo para picarescas como la de un funcionario del tribunal militar de Sevilla, ya fallecido, que vend¨ªa copias de expedientes.

El ministerio que dirige Carme Chac¨®n se propone aprobar un nuevo reglamento que clasifique los archivos militares en cuatro categor¨ªas: de gesti¨®n (para expedientes abiertos); centrales (con m¨¢s de cinco a?os de antig¨¹edad); intermedios (en torno a 25); e hist¨®ricos (con m¨¢s de 30). Estos ¨²ltimos ser¨ªan de acceso p¨²blico. Los expedientes judiciales seguir¨¢n una trayectoria similar: pasar¨¢n del juzgado militar al tribunal territorial y luego al archivo hist¨®rico.

Se acabar¨¢ as¨ª con el hermetismo de estos fondos, que ser¨¢n tratados como los dem¨¢s archivos del Estado, seg¨²n una ley que prepara el Ministerio de Cultura, y se normalizar¨¢ el trabajo de los investigadores. "Aunque han pasado 70 a?os [del fin de la guerra] y el Ej¨¦rcito de hoy no tiene nada que ver con el del franquismo, nadie sabe lo que hay [en los archivos]. Abrir los expedientes de los consejos de guerra puede hacer que algunas familias vayan a los tribunales a pedir su nulidad, pero ?va a hundirse la democracia por eso?", reflexiona un historiador que ha investigado la Guerra Civil y el franquismo.

La cuesti¨®n no es s¨®lo legal sino, sobre todo, econ¨®mica. Para garantizar la conservaci¨®n de los documentos y su acceso p¨²blico es necesaria su digitalizaci¨®n, ¨²ltima fase del proyecto de Defensa. S¨®lo el plan piloto de los juzgados de Madrid y Valencia costar¨¢ mill¨®n y medio de euros. Para acelerar el proceso, se han firmado acuerdos con varias comunidades aut¨®nomas (Catalu?a, Arag¨®n y Andaluc¨ªa), pero aun as¨ª puede tardar d¨¦cadas.

"Si hay dos instituciones que han demostrado su af¨¢n por documentarlo todo son la Iglesia y el Ej¨¦rcito", explica Mart¨ªnez-Novillo. "Y tengan la seguridad de que el Ej¨¦rcito espa?ol ha gastado mucho m¨¢s papel que munici¨®n".

Lo demuestran los 25 archivos que los tres ej¨¦rcitos tienen distribuidos por toda Espa?a, a los que hay que sumar los fondos documentales de los 26 juzgados y tribunales castrenses y los dispersos por ciudades, como Castell¨®n, donde hubo ¨®rganos judiciales que ya han desaparecido. Para poner orden en este galimat¨ªas va a crearse el Archivo General Hist¨®rico de Defensa, con sus 27 kil¨®metros de estanter¨ªas. "La cuesti¨®n no es si los documentos vuelven a Castell¨®n o van a Salamanca", concluye Mart¨ªnez-Novillo, "sino que un d¨ªa podamos verlos donde deben estar: en Internet".