Los muertos han aprendido a esperar

Se ha cumplido el primer aniversario de la Ley de la Memoria Hist¨®rica, publicada casi 30 a?os despu¨¦s de la instauraci¨®n de la democracia. Un manto de silencio ha ca¨ªdo sobre la decisi¨®n del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 que abri¨® diligencias penales para judicializar y esclarecer los cr¨ªmenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez Garz¨®n plantea una cuesti¨®n clave: "Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia espa?ola por lo que, hasta el d¨ªa de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podr¨ªan revestir la calificaci¨®n jur¨ªdica de crimen contra la humanidad".

La Audiencia Nacional (AN), al resolver el Recurso del Fiscal, declara extinguida la responsabilidad penal, por fallecimiento, de los l¨ªderes golpistas y admite, dial¨¦cticamente, la existencia de delitos de detenci¨®n ilegal con desa-parici¨®n forzada de personas en el contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad, cometidos por personas fallecidas antes del inicio de la causa.

Miles de cad¨¢veres de la Guerra Civil aguardan en las fosas comunes y cunetas un juez que les ampare

De forma incongruente se declara incompetente para conocer de estos cr¨ªmenes, inhibi¨¦ndose en favor de los juzgados de instrucci¨®n, convirtiendo los hechos en delitos comunes. Para evitar malentendidos a?ade que esta resoluci¨®n no afecta al "leg¨ªtimo derecho de las v¨ªctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos dignificarlos y honrar su memoria". Al mismo tiempo, declara expresamente excluidas de la resoluci¨®n las cuestiones relativas a la prescripci¨®n o a la aplicaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa. Resulta llamativa la afirmaci¨®n tajante de que el delito de rebeli¨®n nunca ha sido competencia de la AN cuando expresamente se la atribuye la Ley Org¨¢nica 4/1988.

Los argumentos del voto particular, manteniendo que nos encontramos ante un delito contra la forma de gobierno, son abrumadores. El propio fiscal acepta esta hip¨®tesis, pero a continuaci¨®n hace una finta, se?alando que, en todo caso, ser¨ªa competencia del Tribunal Supremo (TS), dada la condici¨®n de jefe de Estado y ministros de los imputados. Debe saber el fiscal que la competencia del TS se extiende solamente a los delitos cometidos por los aforados en el ejercicio de sus cargos. No sab¨ªamos que un general golpista es un alto cargo y que adem¨¢s act¨²a en el ejercicio de sus funciones.

Si la AN conoce de los cr¨ªmenes de derecho internacional sujetos a jurisdicci¨®n universal cometidos fuera del territorio nacional, resulta absurdo que esta competencia se diluya entre los juzgados de instrucci¨®n espa?oles cuando delitos de esta naturaleza se cometan en Espa?a. Siempre se ha dicho que el derecho tiene horror al vac¨ªo pero mucho m¨¢s a la irracionalidad. Si la jurisdicci¨®n es universal, el territorio espa?ol no puede quedar fuera del universo. Es una contradicci¨®n en los t¨¦rminos, insalvable y absurda.

La situaci¨®n actual es parad¨®jica, insostenible e incluso puede devenir en delictiva. La AN se ha desprendido de su competencia y algunos juzgados de instrucci¨®n tampoco quieren saber nada de la investigaci¨®n de hechos que tienen una incuestionable apariencia delictiva. Hace tiempo, EL PA?S public¨® la fotograf¨ªa de una fosa com¨²n repleta de cad¨¢veres con las manos atadas a la espalda y orificios de bala. Evidentemente, nos encontramos ante una muerte violenta o sospechosa de criminalidad que obliga al juez de instrucci¨®n a personarse en el lugar de los hechos, describirlo, identificar los cad¨¢veres e incluso preguntar a los testigos que pudieran dar alguna luz sobre el hecho criminal. Esto ha sucedido en M¨¢laga y ning¨²n juzgado ni la fiscal¨ªa han solicitado que se abran unas diligencias penales.

Si alguna autoridad judicial o el ministerio fiscal tratan de justificar su escandalosa pasividad refugi¨¢ndose en el texto de la Ley de la Memoria Hist¨®rica demuestra una preocupante ignorancia, al confundir la apertura de fosas con la persecuci¨®n de delitos. La ley advierte que sus previsiones son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales establecidos en las leyes y en los tratados internacionales sucritos por Espa?a.

Los historiadores futuros comprobar¨¢n asombrados que hubo una Causa General contra los vencidos y ni un solo procedimiento penal contra los que recibieron el apoyo de Hitler y Mussolini.

Tampoco me parece soluci¨®n abrir una oficina para facilitar la apertura de fosas como si se tratase de agilizar una licencia administrativa o de autorizar una excavaci¨®n arqueol¨®gica. El Senado, en reciente decisi¨®n, ha privatizado la tragedia hist¨®rica, negando subvenciones para buscar la verdad.

?sta es la parad¨®jica situaci¨®n actual. Miles de cad¨¢veres a la b¨²squeda de un juez que les ampare. Los muertos est¨¢n en las cunetas y fosas por cr¨ªmenes contra sus personas y toda la humanidad. Los muertos saben esperar y conocen la verdad. Es posible que alg¨²n juzgado se considere incompetente por estimar que los hechos que est¨¢ investigando son verdaderos cr¨ªmenes contra la humanidad y devuelva la causa a la Audiencia Nacional. Habr¨ªamos perdido innecesariamente un tiempo que se dilata demasiado para la mayor¨ªa de las v¨ªctimas.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado, es comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas.