Ch¨¢vez se lanza al asedio de la oposici¨®n

M¨¢s vale buscar un buen abogado antes de alistarse como dirigente de la oposici¨®n en Venezuela. Desde 2002, centenares de pol¨ªticos, militares retirados, polic¨ªas, estudiantes, periodistas, empresarios y activistas de organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido declarados enemigos del Gobierno del presidente Hugo Ch¨¢vez e investigados, amenazados, enjuiciados, inhabilitados pol¨ªticamente o encarcelados por incurrir en supuestos delitos comunes, traici¨®n a la patria o rebeli¨®n.

A excepci¨®n de quienes fueron juzgados por tribunales militares, ninguno ha sido condenado por los cargos de los que se les acusa. La prisi¨®n preventiva, los retrasos procesales y las medidas administrativas que esgrimen la Fiscal¨ªa General o los tribunales para mantener todos estos casos en suspenso, han resultado ser una herramienta eficaz para apartar del camino pol¨ªtico a quienes traten de hacer sombra al poder del comandante. El caso de Manuel Rosales (alcalde de Maracaibo, ex gobernador del Estado de Zulia y ex candidato a la presidencia) es el ejemplo m¨¢s reciente.

A excepci¨®n de los militares, ninguno de los acusados ha sido condenado

Seg¨²n los registros m¨¢s conservadores de ONG como el Foro Penal Venezolano, desde 2002, al menos 20 venezolanos -entre ellos un ex gobernador, un alcalde, un banquero y 13 polic¨ªas- han estado presos hasta seis a?os sin que un juez dicte sentencia en su contra; 272 funcionarios han sido inhabilitados para ejercer cargos p¨²blicos y 256 estudiantes han sido detenidos por participar en manifestaciones y sometidos a un r¨¦gimen de presentaci¨®n especial ante los tribunales, con prohibici¨®n de abandonar el pa¨ªs.

Tambi¨¦n se han registrado casos de periodistas y representantes de ONG acusados ante el Parlamento y en tribunales de "traicionar a la patria" por recibir financiaci¨®n extranjera, sin que las investigaciones concluyan en nada.

"Lo que se pretende con todo esto", opina el abogado Gonzalo Himiob, integrante del Foro Penal, "no es buscar la verdad a trav¨¦s de un proceso, sino que el proceso en s¨ª mismo se convierta en la sanci¨®n, m¨¢s all¨¢ de lo que se demuestre. Que la investigaci¨®n penda permanentemente sobre las personas como una espada de Damocles".

Eduardo Lapi, gobernador del Estado de Yaracuy entre 1996 y 2004, fue el primer ex mandatario regional en ser detenido por casos de presunta corrupci¨®n, en mayo de 2006. Estuvo preso durante 11 meses sin ser presentado nunca ante un juez. En abril de 2007, Lapi se evadi¨® de la c¨¢rcel y en 2008 Per¨² le otorg¨® asilo. Desde el exilio, Lapi se present¨® para volver a ser gobernador de Yaracuy en 2008. Las encuestas le otorgaban m¨¢s del 50% de la intenci¨®n de voto. Pero un mes antes de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral anul¨® su candidatura.

En junio de 2008, la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica (Tribunal de Cuentas) anunci¨® que otros 272 funcionarios tampoco podr¨ªan presentarse a las elecciones regionales, pues hab¨ªan sido inhabilitados hasta por 15 a?os. El contralor Clodosvaldo Russi¨¢n explic¨® entonces que se trataba de una "sanci¨®n administrativa muy especial" para "preservar el patrimonio p¨²blico", dictada sin que los funcionarios fuesen condenados en firme. La justicia, seg¨²n Russi¨¢n, vendr¨ªa despu¨¦s. El 89% de los afectados por esta medida militaba en partidos de oposici¨®n.

El caso m¨¢s emblem¨¢tico de las inhabilitaciones fue el del ex alcalde del municipio de Chacao, Leopoldo L¨®pez, acusado en 1999 de tr¨¢fico de influencias e inhabilitado por tres a?os. L¨®pez, en la oposici¨®n, se perfilaba como favorito en las elecciones de noviembre pasado para ocupar la Alcald¨ªa Mayor de Caracas. El pr¨®ximo 24 de marzo, L¨®pez asistir¨¢ a una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su aspiraci¨®n es convertirse en el candidato unitario de la oposici¨®n para las elecciones presidenciales de 2012, en las que se prev¨¦ que Hugo Ch¨¢vez optar¨¢ a un tercer mandato de seis a?os.

Entre los estudiantes, Nixon Moreno -presidente de la Federaci¨®n de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes- se ha llevado la peor parte. En mayo de 2006, Moreno fue acusado de cometer supuestos actos lascivos contra una funcionaria policial, durante una protesta estudiantil. En marzo de 2007, el estudiante se refugi¨® en la Nunciatura Apost¨®lica de Caracas. El Vaticano le otorg¨® el asilo pol¨ªtico y solicit¨® al Gobierno la emisi¨®n de un salvoconducto para trasladar a Moreno a un tercer pa¨ªs. Pero transcurri¨® un a?o, el salvoconducto no lleg¨® y Moreno abandon¨® la Nunciatura. Interior ha solicitado su b¨²squeda a trav¨¦s de Interpol.

En el sector militar, las condenas s¨ª han llegado puntuales. En octubre de 2004, el general Francisco Us¨®n fue condenado a cinco a?os y seis meses de prisi¨®n por "ultraje" a las Fuerzas Armadas. En julio de 2007, el capit¨¢n Otto Gebauer fue sentenciado a 12 a?os de c¨¢rcel por "complicidad" en la detenci¨®n de Ch¨¢vez durante el golpe de Estado de abril de 2002. Y desde que el ex ministro de la Defensa, Ra¨²l Isa¨ªas Baduel, se deslind¨® del Gobierno, ha sido citado varias veces por la Fiscal¨ªa Militar e investigado por presunto enriquecimiento il¨ªcito.

Para evitar conspiraciones futuras en los cuarteles, el Gobierno aprob¨® esta semana un nuevo organigrama del Ministerio de Defensa para que, a partir de este mes, todas las decisiones operativas de la Fuerza Armada Nacional se concentren en el presidente de la Rep¨²blica, su comandante en jefe. En este nuevo sistema, el ministro de la Defensa queda reducido a una figura administrativa, y todos los comandantes deber¨¢n rendir cuentas directas al Ch¨¢vez, que tendr¨¢ todas las armas en un solo pu?o.