Superposici¨®n de mayor¨ªas

Hace unos veinte a?os, uno de los columnistas de The Washington Post, que contin¨²a si¨¦ndolo todav¨ªa hoy, E.J. Dione Jr., public¨® un ensayo que tuvo gran ¨¦xito con el sugestivo t¨ªtulo Why Americans hate Politics?, en el que, al abordar la pol¨¦mica sobre la interrupci¨®n del embarazo, dec¨ªa que era un asunto en el que se produc¨ªa la superposici¨®n de dos mayor¨ªas que se contraponen. Y que de esa circunstancia derivaba la dificultad de darle una respuesta que pacificara el tema y que fuera aceptada de manera estable.

Cuando se le pregunta a los ciudadanos si consideran que la interrupci¨®n del embarazo se toma demasiado a la ligera en muchos casos y que se practican m¨¢s abortos de los que ser¨ªa razonable que se practicaran, una mayor¨ªa muy considerable de ciudadanos tiende a dar una respuesta afirmativa. Pero cuando se les pregunta si el Estado debe intervenir de alguna manera en la decisi¨®n sobre la interrupci¨®n del embarazo o si, por el contrario, la decisi¨®n debe poder ser tomada por la mujer embarazada, sin que de tal decisi¨®n se derive responsabilidad penal alguna, una mayor¨ªa de ciudadanos de la misma magnitud se pronuncia en contra de la intervenci¨®n del Estado y por la libertad de decisi¨®n de la mujer.

Dicho de otra manera. Aproximadamente el 70 % de los ciudadanos, ven¨ªa a decir el columnista norteamericano, est¨¢n al mismo tiempo en contra del aborto y a favor de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. El mismo porcentaje de la poblaci¨®n es portador de dos respuestas antit¨¦ticas sobre el mismo asunto. De ah¨ª la manera contradictoria de expresarse sobre el tema y la dificultad de dejarlo zanjado de una vez por todas.

Tengo la convicci¨®n de que esto ocurre en todas partes y no solamente en los Estados Unidos de Am¨¦rica. Puede que haya personas que est¨¦n a favor del aborto, aunque no conozco a ninguna. De la misma manera tampoco conozco a nadie que considere que debe ser internada en un centro penitenciario una mujer que interrumpa el embarazo, aunque puede que haya alguien que considere que deba serlo. El propio portavoz de la conferencia episcopal, al ser interrogado esta pasada semana en la Cadena SER, no se atrevi¨® a pronunciarse por la exigencia de responsabilidad penal para la mujer que interrumpiera el embarazo.

Justamente por esta superposici¨®n de mayor¨ªas contrapuestas, es por lo que la interrupci¨®n del embarazo deber¨ªa abordarse desde la perspectiva del reconocimiento de la libertad de la mujer y del dise?o de pol¨ªticas p¨²blicas que facilitara que su decisi¨®n fuera favorable a la continuidad y no a la interrupci¨®n del embarazo. No es la legislaci¨®n penal el instrumento adecuado para responder al problema de la interrupci¨®n del embarazo, sino una pol¨ªtica de protecci¨®n social, que permitiera a la mujer tomar su decisi¨®n en las mejores condiciones posibles.

Afortunadamente, en el continente europeo se ha ido alcanzando un consenso en torno al tema, consenso al que de facto se hab¨ªa venido incorporando Espa?a desde mediados de los ochenta y al que pretende incorporarse ahora de iure, mediante la reforma del C¨®digo Penal para que la mujer pueda tomar libremente la decisi¨®n de interrumpir el embarazo dentro de las primeras catorce semanas.

Parece m¨¢s que razonable que as¨ª sea. No se pretende hacer nada an¨®malo, sino simplemente equipararnos con los dem¨¢s pa¨ªses con los que nos estamos intentando constituir pol¨ªticamente despu¨¦s de un largo proceso de integraci¨®n econ¨®mica. No se entiende muy bien por qu¨¦ lo que las distintas Iglesias aceptan, aunque no compartan, en pr¨¢cticamente todos los pa¨ªses europeos, se convierta en casus belli en Espa?a. ?O s¨ª?