Extorsi¨®n en los prost¨ªbulos

Era un secreto a voces en Barcelona que en los prost¨ªbulos Saratoga y Riviera de la vecina y tur¨ªstica poblaci¨®n de Castelldefels se ejerc¨ªa la prostituci¨®n traspasando los l¨ªmites de la legalidad y con el benepl¨¢cito de alg¨²n mando policial. Las redadas de los ¨²ltimos a?os s¨®lo hab¨ªan servido para que mujeres en situaci¨®n irregular acabasen expulsadas de Espa?a. Despu¨¦s, el burdel segu¨ªa abierto y los due?os las sustitu¨ªan por otras.

Hasta que ha cantado el inspector de polic¨ªa Jos¨¦ Javier Mart¨ªn Puyal, Jordi, despu¨¦s de que el due?o de un prost¨ªbulo le denunciara por exigirle 3.000 euros a cambio de mirar para otro lado sobre el supuesto tr¨¢fico de personas que se produc¨ªa en los locales o advertir a los propietarios de que sus agentes del Grupo de Extranjer¨ªa ir¨ªan a registrar el local.

En tres semanas, la juez ha cerrado dos locales y ha citado a 15 acusados

A partir de esa denuncia, el fiscal anticorrupci¨®n David Mart¨ªnez Madero redact¨® una querella, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 33 de Barcelona, Elisabet Castell¨®, la admiti¨® a tr¨¢mite y en tres semanas ha tomado declaraci¨®n a 15 personas para aflorar una trama que implica a empresarios, polic¨ªas y ex polic¨ªas de graduaci¨®n y abogados.

Todo empez¨® el pasado 7 de marzo, con la clausura judicial de los dos prost¨ªbulos durante seis meses y la detenci¨®n de cinco propietarios. Dos de ellos, Carmelo Sanz y Antonio L¨¢zaro, acabaron en prisi¨®n tras declarar ante la juez por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostituci¨®n.

Despu¨¦s les lleg¨® el turno a los polic¨ªas, de los que los empresarios hab¨ªan dicho que aceptaron sus sobornos para ganarse un buen trato. Sin apartarse de la misma actuaci¨®n met¨®dica y siempre en perfecta sinton¨ªa con el fiscal, la juez Castell¨® cit¨® a los agentes y mandos que tienen o hab¨ªan tenido relaci¨®n con la Unidad contra las Redes de Inmigraci¨®n y Falsedad Documental (UCRIF). De los cinco que testificaron, uno acab¨® en la c¨¢rcel, Andr¨¦s Otero, que abandon¨® el cuerpo en 2004 para encargarse de la seguridad de una empresa de relojer¨ªa. Iron¨ªas del destino, porque cuando hab¨ªa vestido el uniforme desarticul¨® un sinf¨ªn de bandas a las que intervino centenares de joyas y relojes.

Otros dos de esos mandos pudieron eludir la c¨¢rcel con peque?as fianzas. Uno es Luis G¨®mez, hasta hace unos d¨ªas n¨²mero tres de la Jefatura de Barcelona, y el otro, Abundio Navas, quien desde hace a?os tiene cuentas pendientes con su colega Mart¨ªn Puyal por interioridades del servicio. Otros dos polic¨ªas acusados quedaron en libertad a los minutos de entrar en el juzgado.

Y esta semana la juez ha abordado la tercera pata de la trama: los abogados. Gentes de orden, algunos de ellos (Fernando Mart¨ªnez) incluso ex dirigente del PP en Catalu?a, pero a los que el fiscal acusa de incitar las redadas en los prost¨ªbulos para despu¨¦s erigirse en defensores de los acusados. Uno de esos letrados, Alex Garber¨ª, puede acabar ma?ana en la c¨¢rcel si la juez atiende la petici¨®n del fiscal, como parece probable despu¨¦s de que prorrogara la detenci¨®n ocurrida el pasado jueves.

En el caso de los abogados, desde hace a?os compaginan su profesi¨®n con cargos en asociaciones del sector. Mart¨ªnez es secretario general de la Federaci¨®n Catalana de Asociaciones de Locales de Ocio Nocturno, y Garber¨ª tiene v¨ªnculos con la Asociaci¨®n Catalana de Empresarios de Clubs de Alterne. La duda que queda por despejar es si esa mancha de aceite de la extorsi¨®n se ha extendido o no a otros prost¨ªbulos.