La taifa de Aguirre

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, con la que Esperanza Aguirre esperaba desplazar de su puesto al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y sustituirlo por alguien m¨¢s af¨ªn a sus intereses. En plena crisis econ¨®mica y financiera, la presidenta madrile?a ha vuelto a dar con la norma ahora recurrida una muestra de sus prioridades pol¨ªticas: la utilizaci¨®n de su posici¨®n al frente del Ejecutivo aut¨®nomo para acaparar cuantos resortes de poder pueda con el triple objetivo de, por este orden, reforzar su posici¨®n dentro del PP, hacer oposici¨®n institucional al Gobierno central y dificultar la alternancia en la Comunidad.

La ley auton¨®mica que habr¨¢ de revisar el Constitucional apenas alcanza a disimular su naturaleza de norma ad hoc, dirigida a forjar una mayor¨ªa de consejeros de Caja Madrid favorables a Aguirre. Para ello, la presidenta ha pretendido alterar los criterios de representaci¨®n territorial que rigen la composici¨®n del consejo de la entidad financiera. La reforma resultante es tan arbitraria como descarada, seg¨²n el estilo de la casa: perjudica al Ayuntamiento de la capital, que pasar¨ªa de aportar 70 representantes a la Asamblea de la caja a tan s¨®lo 24, mientras que ganaban peso los municipios de la comunidad gobernados por regidores del PP afines a la presidenta.

El Gobierno decidi¨® recurrir la norma tras recibir un dictamen del Consejo de Estado en el que consideraba conveniente el pronunciamiento del Constitucional "para despejar dudas" sobre los nuevos criterios de representaci¨®n, dada su divergencia con el modelo participativo establecido en la legislaci¨®n estatal sobre cajas de ahorros.

No es la primera vez que normas auton¨®micas inspiradas por el Ejecutivo de Aguirre entran en colisi¨®n con disposiciones estatales. Y no porque exista una leg¨ªtima disparidad de criterios entre las distintas instancias pol¨ªticas acerca de las competencias que corresponden a la autonom¨ªa de Madrid, sino porque Aguirre act¨²a desde el presupuesto de la legitimidad de utilizar el poder regional para hacer oposici¨®n al central. De la Ley del Tabaco a la de cajas, pasando por Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, la Ley de Dependencia, las listas de espera o los alquileres de emancipaci¨®n, Aguirre ha tenido a gala convertir a Madrid en un foco de resistencia a las iniciativas legislativas del Gobierno central: lo contrario al mandato constitucional de cooperaci¨®n entre instituciones que la presidenta no deja de reclamar en otros terrenos.

Ese empe?o no le hace olvidar su tercera prioridad: dificultar la alternancia por todos los medios a su alcance, incluyendo las adjudicaciones de licencias de radio y televisi¨®n conforme al criterio de favorecer al amigo y perjudicar al adversario. De ah¨ª que la Comunidad de Madrid lleve camino de convertirse en una taifa sometida a la voluntad de Aguirre.