El Poder Judicial quiere desviar a los jueces de paz un mill¨®n de causas leves

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone sacar de los juzgados en torno a un mill¨®n de asuntos penales para aliviar los end¨¦micos atascos. Esta iniciativa, que requiere modificaciones legales, pasa por potenciar la mediaci¨®n y elevar la competencia de los jueces de paz, que asumir¨ªan el enjuiciamiento de las infracciones leves (insultos, peque?as agresiones, da?os...). De esa forma, se descargar¨ªa a los juzgados de instrucci¨®n de un 11% de los asuntos que les llegan. Los juzgados y tribunales espa?oles registraron en 2008 casi nueve millones de asuntos, explic¨® ayer el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, durante la presentaci¨®n de la hoja de ruta con la que el Consejo pretende acometer una profunda reestructuraci¨®n y modernizaci¨®n de la justicia. El objetivo, aliviar los retrasos. "Porque el actual modelo", subray¨® la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, "es ca¨®tico, est¨¢ agotado y es obsoleto".

La medida de descargar a los juzgados de instrucci¨®n de las faltas no es balad¨ª. Cada uno de los 50 que hay en Madrid (que investigan los delitos) celebran cada semana en torno a 15 juicios de faltas, con sus respectivas sentencias. Son asuntos de escasa envergadura, pero que generan una gran tensi¨®n entre los implicados. Los jueces de paz son abogados que eligen las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia a propuesta de los ayuntamientos. "Se trata de que s¨®lo quede en la administraci¨®n de justicia aquello que sea necesario que lo resuelva un juez", a?adi¨® De Rosa.

Pero esta medida no s¨®lo afectar¨ªa a las faltas, tambi¨¦n cabr¨ªa extenderla a asuntos civiles (conflictos no penales entre ciudadanos) de escasa envergadura, que se sacar¨ªan de los juzgados potenciando los mecanismos de arbitraje y mediaci¨®n. El vocal Manuel Almenar expuso ayer varios ejemplos del coste y esfuerzo p¨²blico que supone activar la maquinaria judicial para asuntos nimios. Por ejemplo, judicializar una disputa entre un automovilista y el due?o de un autolavado por la rotura de un espejo retrovisor que cuesta 100 euros, supone al erario p¨²blico, si media recurso, hasta 4.500 euros.

?sta s¨®lo es una de medidas con que el Consejo pretende renovar la justicia espa?ola y asumir el liderazgo de las reivindicaciones que el 18 de febrero derivaron en la primera huelga de jueces de Espa?a. La hoja de ruta se compone de ocho medidas que requieren la reforma de 13 leyes procesales. La intenci¨®n es efectuar una nueva planta judicial; es decir, analizar la carga real de trabajo de los juzgados y aglutinar el mayor n¨²mero de recursos humanos y materiales all¨ª donde sean necesarios.

Otro eje de esa hoja de ruta es la nueva Oficina Judicial, que deja al juez para que juzgue y ejecute sentencias y delega en el secretario, como jefe de la oficina judicial, el impulso procesal. La propuesta tambi¨¦n incluye la aplicaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas (con la mirada puesta en la sustituci¨®n del papel por la inform¨¢tica), la Carta de Derechos de los usuarios, promover la mejora de la actividad de los ¨®rganos judiciales, modernizar el Estatuto de los Jueces y adecuar el marco de participaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas.

?Hay dinero para modernizar la justicia? Los vocales asistentes -adem¨¢s de los citados estuvieron presentes Antonio Dorado, Miguel Collado y Carles Cruz Moratones- coinciden en que el Consejo no tiene capacidad presupuestaria, si bien se mostraron "esperanzados" con las promesas del nuevo ministro de Justicia, Francisco Caama?o, quien ha comprometido una inversi¨®n de 600 millones y la creaci¨®n de 900 plazas nuevas de jueces en cuatro a?os. Tambi¨¦n conf¨ªan en los compromisos presupuestarios de las Comunidades Aut¨®nomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia.