Un informe de la Xunta concluye que Hern¨¢ndez incurri¨® en incompatibilidad
Presidencia abre un expediente y ve motivos para inhabilitar al diputado del PP
La legalidad a la que se aferran Alberto N¨²?ez Feij¨®o y Agust¨ªn Hern¨¢ndez respecto a la compatibilidad de los cargos p¨²blicos y las actividades privadas del segundo se diluye. La Conseller¨ªa de Presidencia sostiene que, en contra de lo que argumentan el presidente del PP y su diputado, el fichaje de ¨¦ste por las empresas Puentes y Calzadas y Sercoysa, despu¨¦s de adjudicarles desde Pol¨ªtica Territorial contratos por m¨¢s de 30 millones de euros, no es conforme a la ley. El departamento que dirige en funciones Jos¨¦ Luis M¨¦ndez Romeu ha abierto un expediente informativo para determinar la exigencia de responsabilidades a Hern¨¢ndez, serio candidato a dirigir la Conseller¨ªa de Obras P¨²blicas, despu¨¦s de que un informe preliminar concluyera que la ley le imped¨ªa trabajar para ambas empresas.
La ley gallega de 1996 establece un plazo de dos a?os de incompatibilidad
"Hern¨¢ndez est¨¢ flagrantemente incurso" en la Ley de Incompatibilidades de 1996, acus¨® ayer el a¨²n conselleiro de Presidencia, que invit¨® a Feij¨®o a dar "un ejemplo de ¨¦tica" y prescindir de quien hoy es uno de sus m¨¢s estrechos colaboradores. Las presuntas incompatibilidades son anteriores al decreto que aprob¨® el bipartito que endurece las condiciones en que los altos cargos p¨²blicos pueden incorporarse a actividades privadas en el mismo sector, un salto que la ley estatal obliga a retrasar un m¨ªnimo de dos a?os en el Gobierno central. Presidencia sostiene, no obstante, que la ley gallega de 1996 ya prohib¨ªa a Hern¨¢ndez su ingreso en Puentes y en Sercoysa.
El art¨ªculo 3.5 de la ley auton¨®mica, en vigor cuando el diputado del PP fich¨® por Puentes, dice: "Durante los dos a?os siguientes a la fecha de su cese, los cargos comprendidos en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de esta ley no podr¨¢n realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que dictasen resoluci¨®n en el ejercicio del cargo, ni firmar contratos de asistencia t¨¦cnica, de servicios o similares con administraciones p¨²blicas". El informe preliminar de Presidencia sostiene que a Agust¨ªn Hern¨¢ndez se le debe aplicar una responsabilidad grave o muy grave. En el primer caso, estar¨ªa sujeto a una inhabilitaci¨®n de entre tres y cinco a?os, que prescribir¨ªa transcurridos cinco. Si fuera grave, el castigo se reducir¨ªa a tres a?os, aunque ya habr¨ªa prescrito por haber transcurrido un plazo superior.
Puentes contrat¨® a Agust¨ªn Hern¨¢ndez en septiembre de 2006, 15 meses despu¨¦s de que Pol¨ªtica Territorial, en la que ocupaba la Direcci¨®n Xeral de Obras P¨²blicas, adjudicase a esa empresa el 30% de la construcci¨®n y explotaci¨®n por 30 a?os de la Autov¨ªa del Saln¨¦s. S¨®lo dos meses despu¨¦s de dejar la conseller¨ªa, tras la derrota electoral del PP en 2005, Hern¨¢ndez se hab¨ªa incorporado a Sercoysa, a la que desde el Ejecutivo en funciones adjudic¨® una carretera en Cangas por 530.112 euros. Dos meses antes, Hern¨¢ndez encarg¨® a la misma empresa la urbanizaci¨®n de una v¨ªa alternativa en Ponte da Barca por 106.514 euros. Entre 2003 y 2004, Sercoysa recibi¨® encargos por 1,2 millones de euros.
"Esperamos que el futuro presidente sea capaz de conocer la normativa, aplicarla con rigor y dar un ejemplo de ¨¦tica y de transparencia", declar¨® M¨¦ndez Romeu. "En altos cargos, no cabe la excusa de desconocer la norma", a?adi¨®. El portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, mientras, acus¨® al aspirante a conselleiro de Pol¨ªtica Territorial de tener "intereses claros y reconocidos con importantes empresas relacionadas con la construcci¨®n". Aymerich se pregunt¨® "d¨®nde est¨¢n la objetividad y la defensa de los intereses generales".
Hern¨¢ndez evit¨® ayer comentar el informe de Presidencia y las declaraciones de su titular. El diputado se remiti¨® a un comunicado de su partido que asevera que "cumpli¨® y cumple la ley", y se acusa a M¨¦ndez de "mentir o intentar confundir" con acusaciones "falsas". El pasado domingo, el diputado asegur¨® que "nunca" desde las empresas se ocup¨® de obras cuyos expedientes "hubiera tramitado desde la Administraci¨®n".
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