Salgado rechaz¨® el contrato por prematuro y abusivo

Lo ven¨ªa advirtiendo desde enero y al final se plant¨® en la ¨²ltima reuni¨®n del Consorcio, el pasado 25 de marzo. La reci¨¦n nombrada vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, rechaz¨® la propuesta de contrato de America's Cup Management (ACM) por prematura y abusiva en sus t¨¦rminos. Salgado argument¨® sin ¨¦xito ante el Ayuntamiento y la Generalitat que no era razonable cerrar un contrato de regatas con el litigio de la Copa del Am¨¦rica sin resolver, y tampoco tomar partido precisamente por una de las partes en conflicto. La incertidumbre sobre la sentencia definitiva, adem¨¢s, imped¨ªa concretar un acuerdo con la suficiente seguridad jur¨ªdica, como ha demostrado el fiasco del contrato que finalmente firmaron en solitario la Generalitat y el Ayuntamiento un d¨ªa antes de que el BMW Oracle ganara el pleito contra el Alinghi.

La propuesta tambi¨¦n implicaba comprometer 20 millones de euros por dos regatas que ahora est¨¢n en el aire y que no formar¨¢n parte de la Copa del Am¨¦rica, salvo un acuerdo que los dos equipos enfrentados no han logrado alcanzar en los casi dos a?os de proceso judicial. Pero aparte del coste "exorbitante" de esas regatas, Salgado objet¨® que el borrador de ACM conten¨ªa condiciones "en absoluto asumibles", como la exigencia de que el Oracle fuera expulsado de su base en la d¨¢rsena en un plazo de 60 d¨ªas si perd¨ªa la sentencia que al final ha ganado. ACM redact¨® otras cl¨¢usulas rechazadas por el Gobierno, como la exigencia de veto y control sobre las actividades comerciales y publicitarias de la d¨¢rsena; el ingreso del 15% sobre los beneficios de las concesiones de restaurantes, y la construcci¨®n sin apenas tiempo de siete nuevas bases para los equipos. La empresa de Ernesto Bertarelli exig¨ªa 100 atraques sin coste en la marina exterior de la d¨¢rsena y 30 en el pantal¨¢n de megayates. El Consorcio se deb¨ªa comprometer asimismo a poner al d¨ªa las infraestructuras de la sede y el edificio Veles e Vents; a vallar de nuevo todo el recinto; a construir dos entradas para el p¨²blico, y a que las obras del puerto no entorpecieran las regatas. Todas ellas condiciones que, a juicio de Salgado, no beneficiaban a Valencia ni al Consorcio, al que las instituciones del PP deben 24 millones de euros. Para el Gobierno, la situaci¨®n obligaba a la prudencia. El PP no quiso esperar.