El Poder Judicial pide limitar el nuevo plazo de internamiento de extranjeros

El Gobierno aprob¨® hace cuatro meses su anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjer¨ªa, y en este tiempo ha sometido el texto a distintos ¨®rganos consultivos, antes de darle la forma final y remitirlo a las Cortes. Uno de los ¨²ltimos en pronunciarse ha sido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en un informe de 65 p¨¢ginas -no vinculante-, aunque avala en conjunto el anteproyecto, desliza varias advertencias. ?stas son las principales:

- Internamiento preventivo. El anteproyecto ampl¨ªa de 40 a 60 d¨ªas el plazo m¨¢ximo que se puede tener retenido a un inmigrante irregular antes de expulsarlo. Pero a?ade que ese plazo "quedar¨¢ suspendido" -es decir, prorrogado- en tres casos: enfermedad del inmigrante internado, mientras se resuelve su petici¨®n de asilo o por "causas no imputables a la Administraci¨®n que dificulten su salida de Espa?a".

La queja del Poder Judicial es doble: por un lado, pide que el texto fije "expresamente el plazo m¨¢ximo al que puede extenderse el internamiento"; por otro, considera que los motivos alegados para la posible pr¨®rroga "no tienen un car¨¢cter objetivo" sino de gran "discrecionalidad". "Deber¨ªa ser objeto de reflexi¨®n la redacci¨®n del precepto, con el fin de garantizar [...] el respeto a los derechos fundamentales", subraya el Poder Judicial. Y a?ade que, en su opini¨®n, ni la enfermedad del inmigrante ni el hecho de que su petici¨®n de asilo se alargue pueden ser motivos para mantenerlo internado m¨¢s all¨¢ de 60 d¨ªas.

- Hospitalidad con los inmigrantes. El nuevo texto legal endurece las sanciones, y entre otras cosas tipifica como infracci¨®n grave -castigada con hasta 10.000 euros- "promover la permanencia irregular en Espa?a de un extranjero". El Poder Judicial cree que eso puede llevar a la "criminalizaci¨®n de la actividad puramente solidaria" de quienes, por ejemplo, acogen y atienden a los inmigrantes llegados en pateras; y por ello propone "mitigar" la aplicaci¨®n de las sanciones "en relaci¨®n a estos actos de hospitalidad realizados con car¨¢cter solidario y sin ¨¢nimo de lucro".

- Cautelas en la expulsi¨®n. El Consejo alerta sobre la posible "desproporci¨®n" de aplicar la expulsi¨®n al inmigrante en algunos casos en los que antes se aplicaba multa. Para evitarlo, propone "incluir expresamente en el texto la exigencia de motivaci¨®n de la resoluci¨®n sancionadora, adem¨¢s de la necesaria audiencia del interesado".

- Menores no acompa?ados. En el apartado que se refiere a la repatriaci¨®n de los menores inmigrantes a su pa¨ªs de origen o a aquel en el que se encuentren sus familiares, el informe del Consejo sugiere "la conveniencia" de incluir "una menci¨®n expresa a la necesaria audiencia del menor"; es decir, a que ¨¦ste sea escuchado. Seg¨²n el Poder Judicial, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha venido se?alando reiteradamente esa necesidad de escuchar al menor que va a ser repatriado. Adem¨¢s, recuerda que es el Ministerio Fiscal el que debe "supervisar" todo el procedimiento y determinar la edad del menor.

- Asistencia jur¨ªdica gratuita. El anteproyecto mantiene el derecho de los inmigrantes a la asistencia jur¨ªdica gratuita, pero establece que, en los procesos contencioso-administrativos, para disfrutar de ese derecho los extranjeros deber¨¢n cumplir un tr¨¢mite nuevo: una solicitud espec¨ªfica para dejar constancia expresa de que quieren presentar recurso, est¨¦n o no est¨¦n ya en territorio espa?ol. El informe considera que esa exigencia "introduce para el extranjero una condici¨®n diferente o m¨¢s gravosa que la exigida a los nacionales", y que eso podr¨ªa no ser constitucional.

- Reagrupaci¨®n familiar. En este apartado, el Poder Judicial hace una puntualizaci¨®n sobre la reagrupaci¨®n de familiares "incapacitados", y se?ala que deber¨ªa sustituirse ese t¨¦rmino por otro "que no suponga la exigencia de una declaraci¨®n formal de incapacitaci¨®n del reagrupable", ya que "la normativa comunitaria no exige para la titularidad de este derecho la incapacitaci¨®n formal, sino ¨²nicamente la ausencia de facultades suficientes para atender a las propias necesidades".