El Gobierno reordena los fondos de la dependencia
Propone financiar seg¨²n las personas ya atendidas
La forma en que el Gobierno reparte el dinero para la dependencia entre las comunidades aut¨®nomas, en funci¨®n del n¨²mero de habitantes, ha dejado de convencer a algunas de ellas. Es el caso de Andaluc¨ªa o Catalu?a, por ejemplo, que en ocasiones han solicitado que parte de esos fondos (a poder ser, la mitad) se distribuyan en virtud de los discapacitados atendidos.
La nueva ministra de Sanidad y Pol¨ªtica Social, Trinidad Jim¨¦nez, llevar¨¢ hoy una propuesta de ese tenor a las comunidades, buscando el consenso. No ser¨¢ un 50%, sino un 80% del dinero a repartir, en relaci¨®n al n¨²mero de habitantes, y un 20% seg¨²n las personas atendidas ya. Catalu?a y Andaluc¨ªa eran m¨¢s ambiciosas, pero en aras del consenso se conforman por ahora con esos porcentajes. "Es un paso adelante, al menos se premia a las comunidades que estamos implantando la ley", dicen desde Catalu?a. Los consejeros socialistas se reunieron ayer para abordar el asunto, que no convence por igual a todas las Administraciones
. Cuando la Ley de Dependencia ech¨® a andar, hace dos a?os, no se sab¨ªa cu¨¢ntas personas adquirir¨ªan su derecho a un servicio o prestaci¨®n econ¨®mica, por lo que el reparto de fondos (en el llamado nivel acordado con las comunidades) se estableci¨® en funci¨®n de la poblaci¨®n; y se incorporaron algunos criterios correctores, como la dispersi¨®n del territorio, la insularidad o el n¨²mero de emigrantes retornados. Pero a medida que cada comunidad ha ido mostrando el n¨²mero de personas atendidas se aprecian estridentes diferencias. Por ejemplo, sorprende que comunidades como Madrid o la Valenciana apenas cuenten un 0,6% de personas, en relaci¨®n a su poblaci¨®n, cuya discapacidad se ha dictaminado, mientras que otras superen la media espa?ola (1,67%). Entre las aventajadas figuran La Rioja, con un 2,8%, o con cifras similares, Navarra o el Pa¨ªs Vasco.
Esto ya hab¨ªa despertado algunas cr¨ªticas en anteriores consejos interterritoriales. Las comunidades que han hecho los deberes, por as¨ª decir, quieren que ese esfuerzo se vea recompensado. Si el criterio es simplemente la poblaci¨®n, las de mayor n¨²mero de habitantes siempre saldr¨¢n bien paradas aunque no tengan buena nota en su examen.
Las m¨¢s perjudicadas con el nuevo sistema ser¨ªan Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias, muy por debajo de la media estatal de personas dictaminadas seg¨²n la poblaci¨®n. Pero a otras, como Castilla y Le¨®n, con una gesti¨®n eficaz, puede que tampoco les agrade del todo este nuevo reparto, porque no s¨®lo reciben fondos por el n¨²mero de habitantes, sino seg¨²n otros criterios como la dispersi¨®n territorial.
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