La piqueta s¨®lo llega a 96 de las 1.500 viviendas de Vigo en riesgo

La demolici¨®n "total o parcial" de la urbanizaci¨®n Colina de Castrelos (96 viviendas), tambi¨¦n conocida como O Piricoto, ser¨¢ probablemente la ¨²nica que llegue a ejecutarse en el conjunto de las ocho urbanizaciones de Vigo (unas 1.500 viviendas) sobre las que pesa orden judicial de derribo desde hace varios a?os. Las dem¨¢s a¨²n cuentan con opciones, complejas pero realizables, de sobrevivir ajust¨¢ndose al actual plan general de urbanismo. En O Piricoto, sin embargo, el uso de la piqueta se ha hecho inexorable y s¨®lo cabe determinar el alcance de la demolici¨®n.

La Colina de Castrelos, un complejo de tres m¨®dulos, fue construida con una licencia otorgada en 1991 y anulada con sentencia firme en 1994 por el impacto visual de su arquitectura sobre el entorno del parque y, singularmente, desde el hist¨®rico pazo. La denuncia fue presentada por un grupo de vecinos de la parroquia. Desde entonces se han tramitado innumerables recursos para evitar su demolici¨®n, pero ninguno ha alterado el criterio judicial del principio.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha requerido al Colexio de Arquitectos de Galicia y a la Escuela de Arquitectura de A Coru?a para que designen sendos t¨¦cnicos a fin de elaborar un informe en el que se indique el alcance de la demolici¨®n ordenada, de modo que el edificio se adapte al entorno como propone la sentencia judicial. Fuentes municipales aseguran que no se persigue una dilaci¨®n m¨¢s y que se ejecutar¨¢, previa aprobaci¨®n judicial, lo que los t¨¦cnicos propongan demoler, "sean unas chimeneas o todo lo construido".

El Ayuntamiento ya ha asumido que tendr¨¢ que indemnizar a los propietarios de las viviendas que desaparezcan. Si fueran todas, el gasto podr¨ªa elevarse a 50 millones de euros, aunque eso, obviamente, no aporta mayor alegr¨ªa al vecindario afectado. Tampoco a los propietarios de 180 viviendas de otro complejo residencial, en Jacinto Benavente, que ser¨ªa el siguiente en demoler de acuerdo con el calendario judicial y sus topes. Tuvo licencia en 1996 y fue anulado en 1999. Ahora la comunidad acelera las gestiones para legalizar el inmueble al amparo del nuevo plan general.

En situaci¨®n an¨¢loga se encuentran 56 viviendas de A Pastora, 194 en las Torres Ifer, 220 en Finca do Conde, 130 en Sensat, 600 en Rosal¨ªa de Castro, cinco bloques de apartamentos en Samil, m¨¢s el hotel de m¨¢s categor¨ªa de Vigo y dos centros comerciales. Para todas estas actuaciones a¨²n caben soluciones, si los tribunales las aceptan.

La m¨¢s compleja, probablemente, sea la urbanizaci¨®n de Rosal¨ªa de Castro, anulada en 1997 por incluir un aparcamiento privado bajo v¨ªa p¨²blica, construir viviendas sobre una gasolinera, a?adir una planta de m¨¢s a los edificios (se aislaron las entreplantas, que deb¨ªan ir unidas a la planta baja) y permutar derechos municipales por viviendas construidas sin informes de valoraci¨®n. Tambi¨¦n existe un importante desbarajuste en Finca do Conde. En los dem¨¢s casos, los fundamentos para la demolici¨®n se cifran en cuestiones formales, como la no publicaci¨®n de las fichas del plan de 1993, e incluso en errores judiciales en la medici¨®n de la edificabilidad, que surtieron efecto por la inhibici¨®n del Ayuntamiento a personarse en las fases iniciales de los procedimientos judiciales.

El grueso de esta desfeita germin¨® en el plan general de 1993, que senso estricto no fue tal, sino una "subsanaci¨®n de deficiencias" del plan de 1988, realizada precipitadamente en dos meses con consenso pol¨ªtico y aprobada por unanimidad del pleno municipal. En el mandato siguiente, del alcalde Manuel P¨¦rez (PP, 1995-99), afloraron sus desafueros, cuya bola se dej¨® crecer en los tribunales por acci¨®n u omisi¨®n para descr¨¦dito de los rivales pol¨ªticos.