Sanidad no puede cobrar a mutuas de funcionarios

El Tribunal Constitucional (TC) admiti¨® a tr¨¢mite el martes el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra dos art¨ªculos de la ley de acompa?amiento de los presupuestos de la Generalitat que exig¨ªan a las mutualidades de funcionarios el pago de la atenci¨®n m¨¦dica a sus afiliados en centros p¨²blicos.

La admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso congela la aplicaci¨®n de las modificaciones de la ley de tasas hasta que el TC ratifique o levante la suspensi¨®n antes de cinco meses.

La modificaci¨®n legal pretende que las mutualidades que gestionan el r¨¦gimen de Seguridad Social de los funcionarios p¨²blicos (Muface, Isfas y Mugeju) abonen a la Agencia Valenciana de la Salud el coste de la atenci¨®n a los funcionarios que optan por ser atendidos en centros p¨²blicos de la Generalitat, en torno a un 10% del total.

La inmensa mayor¨ªa de los afiliados a las mutuas de funcionarios son atendidos por empresas que ofrecen servicios de sanidad privada.

El Gobierno considera que la Generalitat intenta cobrar al Estado dos veces por el mismo concepto. El modelo de financiaci¨®n auton¨®mica pactado en 2001, cuando el PP ocupaba el Gobierno central, introdujo el concepto de "poblaci¨®n protegida" para estimar los fondos que correspond¨ªan a cada comunidad aut¨®noma para prestaciones sanitarias. Y esa poblaci¨®n protegida incluye a los ciudadanos que cotizan a la Seguridad Social y a los funcionarios que optan por la atenci¨®n p¨²blica. Es decir, el Gobierno considera que la Generalitat ya cobra desde hace ocho a?os lo que ahora pretende exigir a las mutuas de funcionarios.

La Generalitat, por su parte, sostiene que "el fondo sanitario del actual sistema de financiaci¨®n no cubre los servicios no concertados entre la Seguridad Social y las mutualidades de funcionarios" y asegura, a trav¨¦s de una nota, que "son precisamente estos servicios los que, en exclusiva, determinar¨¢n la exigencia de la tasa sanitaria valenciana a las mutualidades de funcionarios". Tambi¨¦n hace hincapi¨¦ en que los costes se repercutir¨¢n a las mutuas, nunca a los funcionarios.

Pero el Gobierno denuncia que la modificaci¨®n legal implica considerar a las mutuas de funcionarios como entidades privadas de seguro a las cuales se les puede repercutir el coste de la asistencia sanitaria, obviando que se trata de entidades p¨²blicas que gestionan un r¨¦gimen p¨²blico de Seguridad Social.