El Supremo confirma que los dep¨®sitos de fuel de Vilagarc¨ªa son ilegales

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado que los dep¨®sitos de hidrocarburos levantados en el muelle de Ferrazo, junto a unos bancos marisqueros en Vilagarc¨ªa de Arousa, fueron tramitados sin los preceptivos estudios de impacto ambiental, por lo que declara nulas de pleno derecho las resoluciones de la Conseller¨ªa de Industria que autorizaron en 2000, bajo el Gobierno de Manuel Fraga, las instalaciones de almacenamiento de productos qu¨ªmicos y petrol¨ªferos a las empresas Finsa y Foresa. La sentencia del Supremo confirma en todos sus t¨¦rminos las del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en 2006 dio la raz¨®n a la Plataforma en Defensa da R¨ªa de Arousa, y condena a las empresas a pagar las costas. .

La sentencia advierte del peligro de los tanques para el ecosistema

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Jos¨¦ Manuel Bandr¨¦s, confirma la decisi¨®n del Tribunal Superior gallego sobre la legitimaci¨®n de la Plataforma para impugnar las resoluciones de la Xunta, ya que en 2000 Espa?a hab¨ªa ratificado el Convenio de la ONU sobre participaci¨®n del p¨²blico en el acceso a la justicia en materias de medio ambiente. Seg¨²n el Supremo, los expedientes de autorizaci¨®n de las instalaciones no pudieron ser excluidos del examen de impacto ambiental, al tener "efectos significativos y relevantes" sobre el medio ambiente. El fallo se refiere a la naturaleza de la actividad desarrollada, la clase de productos almacenados y el riesgo de las operaciones de un complejo de 80.000 metros c¨²bicos, pr¨®ximo a n¨²cleos urbanos y en un entorno "de especial relevancia paisaj¨ªstica". La instalaci¨®n de los dep¨®sitos, que propici¨® el tr¨¢fico de buques cargados de fuel por el interior de la r¨ªa, provoc¨® en su d¨ªa una oleada de protestas de ecologistas, mariscadores y bateeiros. Los mejilloneros llegaron a bloquear Vilagarc¨ªa con barricadas incendiarias y protagonizaron una batalla campal con la polic¨ªa.

La sentencia agrega que las repercusiones pueden incidir negativamente en el ecosistema, provocar contaminaci¨®n de las aguas mar¨ªtimas y de la atm¨®sfera y degradar la riqueza marina, "lo que comporta que las resoluciones de la Delegaci¨®n Provincial de Pontevedra de la Conseller¨ªa de Industria y Comercio de 5 de abril de 2000 incurran en el motivo de nulidad de pleno derecho". La sentencia desestima uno de los argumentos de las empresas, que invocaban la falta de legitimaci¨®n de la Plataforma en Defensa da R¨ªa de Arousa. El tribunal alega que ese grupo "asume la defensa de los derechos e intereses leg¨ªtimos colectivos que resultan afectados por las resoluciones administrativas que permitieron en su d¨ªa la instalaci¨®n de los dep¨®sitos". El Tribunal sostiene, adem¨¢s, que la plataforma est¨¢ acreditada para impugnar las resoluciones de la Xunta de Fraga "cuando ¨¦stas afectan a intereses colectivos como el medio ambiente y la protecci¨®n de la salud". La actuaci¨®n de un colectivo ciudadano que, invocando la defensa del medio ambiente, inst¨® a la Administraci¨®n a revisar de oficio actos nulos de pleno derecho, "no constituye un ejercicio abusivo ni contrario al principio de buena fe [como alegaban las empresas], al postular acciones que ampara el ordenamiento jur¨ªdico", afirma el fallo del Supremo.

Con esta sentencia, la Plataforma en Defensa da R¨ªa de Arousa gana otra batalla m¨¢s en los tres frentes judiciales abiertos, uno contra la licencia municipal de los dep¨®sitos, otro por la concesi¨®n administrativa y el ¨²ltimo por las resoluciones de la Xunta, cuya nulidad se confirma y contra las que ya no cabe ning¨²n recurso de amparo. El Tribunal Supremo ya hab¨ªa declarado, en junio de 2007, la ilegalidad de la autorizaci¨®n concedida por el Gobierno de Fraga a las empresas madereras que gestionan los dep¨®sitos. El bipartito de la Xunta intent¨® entonces negociar un cambio en los usos de la instalaci¨®n. Finsa y Foresa recurrieron en casaci¨®n, pero tambi¨¦n han agotado este ¨²ltimo cartucho en la larga batalla legal.