Ambulatorios privados bajo sospecha
El Defensor del Pueblo investiga la cesi¨®n de dos centros a Capio
Se lo encontraron de repente. Hace a?o y medio los trabajadores del centro de especialidades de Arg¨¹elles (Quintana, 11) se enteraron de que la empresa Capio (gestora del hospital privado Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz) iba a quedarse con el edificio en el que algunos llevaban m¨¢s de 20 a?os trabajando. M¨¦dicos y otro personal de Capio ocupar¨ªan sus consultas. Se concentraron, lo empapelaron con carteles, protestaron. No sirvi¨® de nada. El 1 de enero el centro dej¨® de estar gestionado directamente por el Servicio Madrile?o de Salud.
Muchos trabajadores se fueron. "No me dejaron quedarme", se lamenta un m¨¦dico, que ahora pasa consulta en el Puerta de Hierro. Hace cinco a?os pidi¨® el cambio a Quintana porque quer¨ªa tener el trabajo cerca de casa. Ahora es asiduo del 653 y el 655, los autobuses que llevan -con frecuencia discutible- al pol¨ªgono de Majadahonda donde se ha construido el nuevo hospital. Siempre le toca ir de pie.
Con el centro de Pontones (Ronda de Segovia, 52) pas¨® algo parecido. Los trabajadores pitaron, silbaron y gritaron, pero en abril del a?o pasado los m¨¦dicos de Capio empezaron a pasar consulta. Era la primera vez que se ced¨ªa la gesti¨®n de un centro de especialidades a una empresa privada. ?Puede hacer algo as¨ª la Comunidad con dos edificios que son de la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social?, se preguntaron sindicatos, oposici¨®n y asociaciones. Sus quejas empiezan a dar frutos. El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigaci¨®n, todav¨ªa en tr¨¢mite, sobre la entrega de Quintana y Pontones a Capio
En opini¨®n de la Asociaci¨®n para la Defensa de la Sanidad P¨²blica de Madrid (ADSPM), la Comunidad "se ha extralimitado en sus competencias". Una cosa es que haga uso de los inmuebles que le transfiri¨® el Insalud cuando, en 2002, le traspas¨® las competencias sanitarias. Y otra, que ahora se los ceda a un tercero que, adem¨¢s, es "una empresa privada con ¨¢nimo de lucro", explica su presidente, Marciano S¨¢nchez-Bayle. Por eso la asociaci¨®n se dirigi¨® al Ministerio de Sanidad, al Defensor del Pueblo y a la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social. Su argumento: que si la Comunidad no accede a que Capio deje de usar los edificios, deber¨ªa aplicarse el Real Decreto 1479/2001 por el cual "los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social" revertir¨¢n al Estado "en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben".
No parece que ninguna de estas instancias vaya a decidir algo pronto. En parte, por las trabas que est¨¢ poniendo la Consejer¨ªa de Sanidad. Enviar un documento le est¨¢ costando casi un a?o. La Seguridad Social, que tambi¨¦n est¨¢ investigando la cesi¨®n, ha tenido que "reiterar" su petici¨®n de informaci¨®n sobre el convenio que Sanidad ha suscrito con la Fundaci¨®n Jim¨¦nez D¨ªaz para que ocupe los edificios de Quintana y Pontones. La primera vez que lo pidi¨® fue en mayo del a?o pasado, cuando recibi¨® la primera queja de los sindicatos. Para pronunciarse, dice en la respuesta enviada a la ADSPM, "ser¨¢ necesario conocer el concierto que la Comunidad de Madrid haya podido firmar as¨ª como su alcance" para poder determinar "si la ocupaci¨®n de tales locales y el desarrollo de la actividad se adecua al marco normativo".
La consejer¨ªa asegura que ya contest¨® a la Tesorer¨ªa el a?o pasado y que "no hay convenio porque la cesi¨®n no existe", seg¨²n una portavoz. "No se puede hablar de cesi¨®n, porque lo ¨²nico que ha pasado es que los m¨¦dicos de la Fundaci¨®n se han desplazado all¨ª para atender a pacientes en consultas externas, que son adem¨¢s los mismos que ya atend¨ªa en hospitalizaci¨®n", a?ade. Sanidad, seg¨²n esta portavoz, no est¨¢ haciendo nada incorrecto y adem¨¢s recibe "contrapartidas econ¨®micas" por ceder espacios a Capio, es decir, que reduce el dinero que le paga por tratar a la poblaci¨®n que tiene asignada, "porque ellos no tienen gastos estructurales". La mayor¨ªa de los pacientes no han tenido que cambiar de centro. Siguen yendo a Pontones y Quintana, con la diferencia de que ahora les atienden m¨¦dicos de la Fundaci¨®n y no del 12 de Octubre o Puerta de Hierro, como suced¨ªa antes.
El Defensor del Pueblo tampoco puede avanzar, ya que tambi¨¦n asegura necesitar ese convenio. Aun as¨ª, en su respuesta a la ADSPM deja constancia de su "inquietud en torno a determinadas iniciativas en materia de organizaci¨®n y gesti¨®n de centros y servicios sanitarios". Una "preocupaci¨®n" que, dice, "ha quedado reflejada de manera patente en diversos informes anuales (...) as¨ª como en el curso de actuaciones ante la Consejer¨ªa de Sanidad de la Comunidad de Madrid".
El Defensor recibi¨® una queja conjunta de 73 profesionales del centro de especialidades de Pontones. Tambi¨¦n Izquierda Unida le pidi¨® que promoviera un recurso de inconstitucionalidad sobre "la posible incompatibilidad entre la generalizaci¨®n de la figura de la concesi¨®n a empresas privadas de hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid y la obligaci¨®n de mantener la sanidad como servicio p¨²blico". "No es posible t¨¦cnicamente", responde el Defensor, aunque a?ade que "esta Instituci¨®n seguir¨¢ profundizando en la b¨²squeda de posibles v¨ªas de actuaci¨®n en orden a intentar dar respuesta a la creciente preocupaci¨®n de los ciudadanos (...) acerca del posible deterioro de la sanidad p¨²blica, como consecuencia de la proliferaci¨®n de nuevas formas de gesti¨®n de corte privado o empresarial".
Mientras tiempo, y al mismo tiempo que retrasa el env¨ªo de informaci¨®n, la Consejer¨ªa de Sanidad sigue adelante con las cesiones de uso de patrimonio de la Seguridad Social a empresas privadas. La constructora que consiga hacerse con el futuro hospital de Torrej¨®n, reci¨¦n licitado (costar¨¢ 102 millones, tendr¨¢ 250 camas y la concesi¨®n durar¨¢ 30 a?os) y que ser¨¢ privado tambi¨¦n en la parte sanitaria, se llevar¨¢ un extra. El trato incluye la gesti¨®n del centro de especialidades de la localidad. Ya ser¨¢ el tercero.
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